Hacienda echa el freno al AVE y pone bajo la lupa las emisiones de bonos de Adif

Las nuevas líneas de Alta Velocidad que el Gobierno quiere poner en marcha antes de las próximas elecciones tendrán que ir con el freno de mano echado porque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no está dispuesto a conceder ni una sola alegría inversora a los responsables de Adif. La reciente emisión de bonos lanzada por el gestor de la red ferroviaria ha resultado todo un éxito en los mercados de capitales, pero los guardianes de las cuentas públicas han apagado rápidamente la euforia recordando que los 1.000 millones obtenidos deben destinarse, antes que nada, a reducir la multimillonaria deuda que contabiliza la empresa dependiente del Ministerio de Fomento.

Ana Pastor, como titular del principal departamento inversor del Estado, ha vuelto a toparse con su némesis particular, dentro de un toma y daca que empieza a ser habitual en las relaciones entre Hacienda y Fomento. La ministra se las prometía muy felices con la renovada capacidad financiera de Adif, que ya prepara una segunda emisión de bonos por importe equivalente para finales de año. El problema es que el administrador de la infraestructura tiene su balance hipotecado con una carga de más de 13.000 millones de euros, de los que 1.400 vencen a lo largo de 2014.

Adif necesita poner en marcha todavía nuevas inversiones por valor de 2.600 millones con el fin de completar el stock de 14.000 millones que han sido acumulados a lo largo de los últimos tiempos en obras del AVE sin finalizar. No conviene olvidar que durante la era de la abundancia, en el cuatrienio que va desde 2008 a 2011, la empresa tiró materialmente la casa por la ventana con una fiebre inversora del orden de 5.000 millones cada año. Las cañas se tornaron lanzas con la crisis y Hacienda ha decidido ahora intensificar los controles no vaya a ser que la nueva etapa de recuperación sirva de argumento para volver a las andadas.

Por fortuna para Adif, su presidente, Gonzalo Ferre, procede del cuerpo de interventores del Estado y entiende perfectamente cómo se las gastan los compañeros del fisco. De ahí que la compañía integrada en el grupo ministerial de Fomento se haya convertido en una especia de búnker ante las presiones recurrentes de las grandes constructoras que tratan de aprovechar la Alta Velocidad para acelerar sus deteriorados niveles de facturación en España. Las inversiones de Adif representan el último clavo ardiendo para los antiguos reyes del ladrillo hispánico y la irrupción de Montoro con su afilada tijera ha supuesto un jarro de agua fría para los beneficiarios habituales de la contrata pública.

Los escándalos suscitados por los multimillonarios sobrecostes de las antiguas obras del AVE a Barcelona han acentuado el celo de Hacienda a la hora de vigilar con lupa las futuras inversiones. El Tribunal de Cuentas acaba de responder favorablemente al desafío del Parlamento y está decidido a investigar el historial de gasto de Adif con el fin de encontrar pruebas que evidencian el sospechoso despilfarro generado en la red ferroviaria española. El cerco se ha estrechado de manera alarmante para los actuales responsables de la compañía estatal que están obligados a equilibrar sus programas de expansión sin poner en riesgo el más esmerado saneamiento del balance.

Nuevos tramos regionales de AVE

Adif ha recortado significativamente los compromisos de nuevas inversiones que había heredado de la anterior legislatura y que alcanzaban un importe descomunal de 29.000 millones de euros. Dicha cifra se ha rebajado a un mínimo de 5.000 millones dada la nueva prioridad de reducción de deuda. La consecuencia no puede ser otra que la limitación operativa de los nuevos AVE que Ana Pastor quiere inaugurar de aquí a finales de 2015. Las líneas de Madrid a León, Zamora, Murcia y Granada estarán listas en la fecha prevista pero los trenes circularán a una velocidad estimada de 200 kilómetros por hora frente a los 350 que habían sido inicialmente programados.

En materia de Alta Velocidad, lo mejor se ha demostrado enemigo de lo bueno. Todo ello sin entrar a valorar la rentabilidad efectiva de estos nuevos tramos regionales, que satisfacen el instinto electoral de los políticos, pero que no siempre garantizan un margen razonable de negocio para el operador. De ahí las sombras de duda que han empezado a planear sobre la liberalización del transporte ferroviario de viajeros decretada por el Gobierno y que los observadores más suspicaces consideran como ‘un brindis al sol’ dado el escaso atractivo del proyecto.