Un agujero adicional de 1.400 millones pone en jaque la subasta de CatalunyaCaixa

La privatización de CatalunyaCaixa se complica por momentos. El Gobierno tiene un problema y, por extensión, el Estado –es decir, los ciudadanos–, porque los potenciales compradores del banco rescatado han descubierto que la entidad tiene un agujero mucho mayor del esperado. Según fuentes próximas a la operación, tanto Santander, como BBVA y CaixaBank, los tres principales candidatos, sospechan que la adquisición les generará unas pérdidas de 1.400 millones de euros que no quieren asumir.

Esta conclusión se deriva del análisis exhaustivo (due dilligence) que han realizado los equipos especializados de los tres oferentes una vez han tenido acceso al data room. Con la información detallada, los compradores han estresado las carteras de crédito y las inmobiliarias de CatalunyaCaixa, las cuales, según distintas fuentes, no están lo suficientemente provisionadas de acuerdo con la nueva normativa contable.

De esta forma, si Santander, BBVA o CaixaBank quisieran quedarse con esta entidad, propiedad al 100% del Estado tras rescatarla con una inyección de capital de 12.054 millones, tendrían que asumir estas pérdidas esperadas, una indigestión con la que ninguno está dispuesto a tragar. Al contrario, el próximo 18 de julio, nuevo día fijado para la presentación de las ofertas finales, exigirán al Gobierno un esquema de protección de activos (EPA) para quedarse con esta entidad quebrada.

Fuentes conocedoras de las conversaciones entre los representantes de Emilio Botín, Francisco González e Isidro Fainé con Luis de Guindos reconocen que “el asunto es muy delicado. No se sabe qué va a pasar porque las pérdidas futuras están ahí y alguien se las tiene que apuntar. Y no creo que sea ninguno de los teóricos compradores”. En este sentido, añaden que no es descartable que el Estado anule la subasta porque sería muy difícil defender ante la sociedad la concesión de más ayudas públicas a la banca.

Este diagnóstico contrasta con las últimas declaraciones del presidente del banco nacionalizado, José Carlos Plá, que en la reciente junta general de accionistas alabó "la solvente situación del balance y la sólida posición de la entidad", unas afirmaciones basadas en la vuelta a los beneficios del grupo y en la mejora del ratio del capital principal, que alcanza el 14,36%, con un grado de cobertura del 80%,

Este agujero se ha descubierto en el balance presuntamente sano de CatalunyaCaixa, ya que antes de iniciarse la subasta de la privatización, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) había separado una cartera hipotecaria minorista valorada en 6.500 millones de euros. Es la operación conocida como Proyecto Hércules, cuya erosión obliga al Estado a asumir otras pérdidas de al menos 3.000 millones porque las ofertas no vinculantes oscilan entre los 3.000 y los 3.500 millones. Unas minusvalías que Economía quiere disimular con la creación de un vehículo de titulización.

¿Tercera suspensión?

Guindos quiere ejecutar ambas operaciones en paralelo, pero se ha encontrado con la exigencia de los tres candidatos principales de “contabilizar” en el precio de la venta de la globalidad del banco, no de la cartera. Un contratiempo vital que puede suponer un duro golpe contra el Gobierno, que ya ha suspendido en dos ocasiones la privatización de CatalunyaCaixa por las condiciones impuestas por los compradores.

El primer aplazamiento fue en junio de 2012, cuando el ministro de Economía justificó la decisión porque “no se daban las condiciones”, en referencia a que se optó por esperar a las valoraciones de Oliver Wyman para conocer con exactitud la salud de la entidad. La segunda vez que el FROB echó marcha atrás fue en marzo de 2013, al constatar que ninguno de los oferentes ofrecía apenas un euro por la entidad presidida en su día por el exministro socialista Narcís Serra.

Para evitar una tercera suspensión, Economía deberá decidir en los próximos días si concede las ayudas públicas que solicitan Santander, BBVA y CaixaBank, auxilio financiero que deberá ser comunicado y en su caso autorizado por la Comisión Europea. Si así fuera, además se enfrentará a tener que dar explicaciones en el Congreso por esta nueva asistencia al sector contra el bolsillo de los ciudadanos. Hasta el momento, el Estado ha dado por perdidos cerca de 40.000 de los 52.000 millones destinados al rescate del sistema bancario.