Florentino Pérez necesita el visto bueno de bonistas para lavarse las manos con Castor

El presidente de ACS, Florentino Pérez, necesitará que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los bonistas que han financiado el proyecto le autoricen a renunciar a la concesión del almacén gasista de Castor y lavarse así las manos de esta infraestructura energética fallida, según han explicado fuentes financieras cercanas al proyecto.

Al renunciar a la concesión, lo que de hecho está haciendo ACS es salirse como avalista del proyecto y dejar al Gobierno español como único garante del mismo por la cláusula de devolución que se firmó en su día y en la que, según la versión que da ACS en su entorno, el Ejecutivo asumía la totalidad del riesgo geológico del proyecto.

Como ya explicó El Confidencial esta semana cuando adelantó el impago de los bonos, en la memoria de la sociedad Watercraft Capital, que cotiza en la bolsa de Luxemburgo y que emitió los 1.400 millones que han financiado el almacén submarino, se detallaban las garantías con las que cuentan los bonistas en caso de impago: créditos derivados de la concesión, la propia concesión de Castor o incluso créditos de ACS o hipotecas o bienes inmuebles de la propia constructora.

Con el anuncio de renunciar a la concesión, lo que hace ACS es retirarse como avalista y preservar la compañía del impacto económico del cierre de Castor. Sin embargo, esta marcha atrás no depende únicamente de la constructora española, sino que por un lado, el BEI, como principal acreedor con 300 millones en bonos, ha de dar como buena esta salida, y que, por otro la decisión tiene que ser ratificada por mayoría en una asamblea de bonistas, con lo que el futuro de ACS quedaría en manos de los socios de Watercraft Capital y los bonistas que adquirieron este producto.

En total el proceso durará algo más de dos meses, según han explicado fuentes financieras. Esta es una de las razones por las que ACS se ha precipitado a hacer el anuncio: si esperaba a 30 de noviembre y Castor seguía sin el permiso de puesta en marcha y, por tanto, sin acceder al sistema gasista, la constructora era garante directa del proyecto y podía ser ejecutada por los bonistas.

Negociar el precio

El Ministerio de Industria ha evitado hacer declaraciones, más allá del apunte del ministro, José Manuel Soria, diciendo que primero tenía que pronunciarse el BEI. Pero hay dudas de que pueda cargar el coste de Castor a la reforma del sistema gasista si el almacén nunca ha formado parte del mismo.

Todo apunta, sin embargo, que tendrá que ser el Gobierno español el que tenga que asumir la factura del cierre de Castor, a causa de una oleada de terremotos en Vinaròs y el sur de Cataluña en otoño del año pasado.

La clave es negociar el precio, según apuntan diversas fuentes. ACS aspira a que le abonen 1.700 millones, lo que incluye los gastos operativos de puesta en marcha. Pero el Gobierno podría limitarlo al valor neto contable, 1.500 millones de la filial Escal UGS, que es la responsable del proyecto, o tan sólo a los 1.400 millones que se cubrieron con la emisión de bonos, con lo que se limitaría a dar satisfacción a los inversores internacionales y la constructora presidida por Florentino Pérez debería asumir el resto de pérdidas, ya que su socio canadiense, Dundee Energy tiene el 33% de Castor, no asume el fracaso financiero.

Pérdidas

ACS perdió en bolsa un 2,55% tras el anuncio. Los bonos también están cayendo desde hace varios días. Deloitte ya anunció a los bonistas que “Escal UGS no está generando suficientes ingresos para cubrir sus obligaciones a corto plazo, más específicamente para cumplir con el próximo pago del principal de los bonos y los intereses correspondientes en 2014”.