El Gobierno abre la puerta a que Hacienda y Seguridad Social sufran quitas en empresas

El Gobierno ha hecho caso por fin a una de las demandas más insistentes del FMI respecto a las refinanciaciones de empresas: que Hacienda y Seguridad Social puedan sufrir quitas como el resto de acreedores para salvar las compañías. Hasta ahora, los créditos con el sector público estaban blindados y había que pagarlos siempre, lo que en muchas ocasiones impedía continuar la actividad. Ahora reconoce por primera vez que está trabajando en fórmulas para que arrimen el hombro en estos procesos, aunque se trata de "un asunto que no es nada fácil" y que puede provocar el enésimo choque entreLuis de GuindosyCristóbal Montoro.

El director general de Política Económica,Ignacio Mezquita, reconoció ayer en una jornada organizada por la APD que el Gobierno trabaja en buscar fórmulas para atender las demandas del organismo que dirigeChristine Lagarde: "Estamos estudiando una manera, pero se trata deun asunto que no es nada fácil". Es la primera vez que el Ejecutivo da su brazo a torcer en este asunto, puesto que el Real Decreto 4/2014 de Refinanciación y Reestructuración de Deuda –ahora tramitado como proyecto de Ley– manteníala preferencia de Hacienda y Seguridad Social sobre la banca en los procesos de refinanciación y en los concursos de acreedores.

En su reciente visita a España, la delegación del FMI se mostró especialmente crítica conesta nueva norma, ya que pidióque se acabe con el estatus privilegiado de Hacienda y Seguridad Social como acreedores, y que también se sumen a las quitas que asuma el resto. "Dado el amplio interés público en liberar el potencial de crecimiento de estas empresas, el Gobierno también debería participar, por ejemplo, permitiendo que las reclamaciones pendientes de Hacienda y Seguridad Social a estas firmas se reestructuren a niveles sostenibles si otros acreedores hacen lo mismo, sin menoscabar el cumplimiento de sus obligaciones", aseguraba el documento de conclusiones de la misión.

Estas críticas se suman a las lanzadas desde las propias asociaciones empresariales y también desde algunas consultoras. En un informe titulado 'Temas candentes de las reestructuraciones financieras', PwC asegura que "hasido una pena que no se hayaaprovechado para paralizar tambiénposibles acciones de las entidades de derecho público, tradicionalmentequienes más acostumbradas están ainiciar acciones de ejecución a compañíasen situación preconcursal". "Tampoco eneste caso se ha aprovechado para arrastrar a entidades de derecho público ni tampoco para pedir un cierto esfuerzoa los proveedores de las compañías, a losque se respeta íntegramente. Entendemosque es excesivo que las entidadesfinancieras sean los únicos acreedores que soporten el peso de los procesos derefinanciación", añade dicho estudio.

Y pone el dedo en la llaga de lo que ocurre muchas veces en estos procesos: "Sería necesario poderparalizar las ejecuciones de los créditosde derecho público, ya que enocasiones son las ejecuciones de estos créditos las que están forzando laentrada en concurso de las compañías". Es decir, hay empresas que serían solventes gracias a un acuerdode refinanciación con sus acreedores, pero que se ven abocadas al concurso porque no puede hacer frente a su deuda conHacienda o Seguridad Social, y estos organismos no aceptan quitas, esperas, períodos de carencia ni ninguna otra medida para aliviar la carga del empresario, sino que se quedan con sus activos.

A juicio de todas estas críticas, es absurdo que una norma que pretende facilitar que se salven empresas viables pero con exceso de deuda fracase precisamente porque el Estado es el que no pone de su parte para salvarlas. De ahí que el Gobierno haya hecho caso a las mismas y esté buscando una solución. Las dificultades para encontrarla a las que aludía Mezquita se derivan precisamente de la resistencia delministrode Hacienda,Cristóbal Montoro, a aprobar medidas que puedan suponer una merma de recaudación después de incumplir el objetivo de déficit en 2013 y ante una inminente reforma fiscal que ya va a reducir bastante los ingresos del Estado.

Tanto Montoro como la titular de Empleo –y responsable de la Seguridad Social–,Fátima Báñez, se opusieron inicialmente al plan de Guindos para facilitar las refinanciaciones, y sólo lo aceptaron finalmente porque el real decreto mantuvo su preferencia en la prelación de cobro y su excepción a someterse a los acuerdos de refinanciación alcanzados por las nuevas mayorías legales de los acreedores. Estas mayorías sí obligan a sumarse a todos los acreedores financieros –incluyendo los 'fondos buitre'–, pero no a los acreedores públicos ni a los proveedores. Subsanar eso sin soliviantar de nuevo a sus compañeros de gabinete es el desafío que tiene que superar Guindos para satisfacer al FMI.

Código de buenas prácticas para refinanciar pymes

Otra de las demandas del organismo multilateral que va a asumir el Ejecutivo es la de extender las facilidades de refinanciación a pymes y autónomos. Según anunció ayer Mezquita,se va a poner en marcha uncódigo de buenas prácticas bancarias para la refinanciación de pymes y autónomos. Se trata de "estandarizar los procedimientos y dar un marco más general para los acuerdos extrajudiciales de pagos", es decir, ofrecer un catálogo de soluciones de reestructuración estandarizadas.

Ahora bien, no se trata de extender el marco preconcursal del real decreto –y futura ley– a las pymes como pedía el organismo también en su última visita a nuestro país, sino de un sistema diferente.Algo que Mezquita ha justificado porque en España la mayor parte de las insolvencias de pequeñas empresas se resuelve fuera del ámbito concursal mediante negociación privada o ejecución de garantías hipotecarias.