afectará a casos como el de codere

Guindos deja que un experto independiente decida el control de empresas por los bancos

El punto más polémico del Real Decreto de Refinanciación es que da poder a un "experto independiente" para decidir si los bancos controlan la empresa
Foto: El ministro de Economía, Luis de Guindos. (EFE)
El ministro de Economía, Luis de Guindos. (EFE)

El punto más polémico del nuevo Real Decreto-Ley de Refinanciación y Reestructuración de Deuda aprobado este viernes por el Consejo de Ministros es que otorga un poder absoluto a un "experto independiente" para decidir si los bancos pueden tomar el control de una empresa capitalizando su deuda si el propietario de la misma se opone. Esta situación ha hecho saltar las alarmas en numerosas empresas que deben enfrentarse a grandes refinanciaciones y cuyos accionistas mayoritarios temen que los acreedores tomen el control sin su permiso. Un caso claro de ello es el de Codere.

El Decreto presentado a toda prisa por Luis de Guindos establece una presunción de dolo o culpa grave en aquellos accionistas o administradores que "se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles frustrando la consecución de un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis.1 [acuerdos de refinanciación no homologados judicialmente] o en la disposición adicional cuarta [acuerdos homologados judicialmente]. A estos efectos, se entenderá que la recapitalización obedece a una causa razonable cuando así se declare mediante informe emitido, con anterioridad a la negativa del deudor, por experto independiente nombrado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 bis 4".

¿Y cuándo hay causa razonable? Según el Ministerio de Economía, "es necesario, además, que el acuerdo propuesto reconozca a favor de los socios del deudor un derecho de adquisición preferente sobre las acciones suscritas por los acreedores, a resultas de la capitalización, en caso de enajenación posterior de las mismas". Fuentes del Ministerio añaden que, si hay más de un informe -cosa previsible si los accionistas presentan el suyo-, se tendrá que acudir a un tercer experto, que será decisivo. A quien dé la razón, gana.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (Efe)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (Efe)
Esto significa, en la práctica, que será el experto independiente el que decida si los acreedores pueden hacerse con el control de una compañía convirtiendo la deuda en capital o no. Y eso es lo que indigna a muchas empresas en esta situación: "Todos sabesmos cómo funcionan los expertos independientes, que ponen en el informe lo que les diga el que les paga", según fuentes de una de ellas. "Nos deja totalmente indefensos, no podremos oponernos al asalto de los acreedores y, si lo hacemos, incluso incurriremos en responsabilidad penal".

De ahí la enorme importancia de quién (y cómo) escoge a este experto. En la norma, sólo se dice que "cuando la normativa exija o faculte el nombramiento de un experto independiente para pronunciarse sobre la viabilidad de los acuerdos de refinanciación, su nombramiento corresponderá al registrador mercantil del domicilio del deudor. El nombramiento del experto se hará entre profesionales que resulten idóneos para la función quienes y quedará sometidos a las causas de incompatibilidad establecidas para los auditores en la legislación de auditoría de cuentas".

"Favor" a los fondos buitre

Una de las empresas más claramente afectadas por esta norma es Codere, donde los acreedores pretenden canjear deuda por el 82% del capital y hacerse así con el control, mientras que sus actuales gestores, la familia Martínez Sampedro, se defiende y prefiere ir a concurso, ya que considera que "la alternativa concursal puede ser una vía más constructiva y con mayor seguridad jurídica para la reestructuración de la compañía".

El presidente de Codere, José Antonio Martínez Sampedro.
El presidente de Codere, José Antonio Martínez Sampedro.
El problema en muchos casos, como el de la empresa de juego, es que entre los acreedores no sólo hay entidades financieras, sino también fondos de los conocidos como "buitres"; en el caso de Codere, las gestoras Blackstone y Calyon. A juicio de muchas empresas, la norma de Guindos es un "favor" a estos fondos porque les permitirá hacerse con el control de muchas empresas de forma muy barata al capitalizar su deuda, que en muchos casos supone una pequeña proporción del pasivo pero que consigue aglutinar a su alrededor al resto de acreedores.

El experto, también para la exención de OPA

La participación del experto independiente es también crucial en otro de los puntos más polémicos del Decreto: la exención de la obligación de lanzar OPA cuando, a resultado de esta capitalización de deudas, los acreedores se hagan con más del 30% del accionariado. Hasta ahora, la CNMV debía aprobar esa "dispensa de OPA", pero con la nueva norma no será mnecesario si el citado experto se pronuncia a favor y si el juez ha homologado el acuerdo de refinanciación, como adelantó El Confidencial. A pesar de la oposición de la CNMV a este precepto que recorta notablemente sus poderes, éste ha salido adelante en el texto definitivo del Decreto.

Con quien no ha podido Guindos es con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La norma deja a la deuda que subsista tras una refinanciación por detrás en el orden de cobro de los créditos con Hacienda y la Seguridad Social, aunque no tendrá el estatus de subordinada (es decir, no será la última en cobrar), como también informó este medio el viernes. Además, se ha caído a última hora una de las principales peticiones de la banca y las empresas en apuros: que las quitas no se consideren ingresos a efectos fiscales y no haya que tributar por ellas. En vez de esa exención, la norma simplemente "determina un sistema de imputación diferida del ingreso generado en la base imponible". Lo que sí queda exento de tributación es la conversión de deuda en capital.

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