Iberdrola se lleva la inversión de España por culpa de la reforma energética

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado hoy en Londres que el negocio de generación en España "pierde dinero" y ha criticado duramente la política energética emprendida por el Gobierno, que dice, “ha llevado a frenar la inversión del grupo en España y a tener que cerrar centrales”.

"Parece que los reguladores dicen que sobra inversión en redes y generación. Si el regulador dice que no hace falta, no vamos a invertir", ha afirmado Galán en rueda de prensa con motivo de la presentación de resultados de la eléctrica y de su plan de inversiones hasta 2016.

Iberdrola, ha defendido Galán, ha invertido más de 22.000 millones en España desde su llegada en 2001 pero ahora mismo el beneficio es menor que en esa fecha y eso es "difícilmente explicable a los accionistas". El presidente de la eléctrica ha sido muy claro: a pesar de que las relaciones con el Gobierno en España "son cordiales", “la empresa se siente más británica, mexicana o estadounidense”, porque tiene más relación con los otros países donde la compañía está presente.

De hecho, ha asegurado Galán, del plan actual que contempla 9.600 millones de inversión hasta 2016, sólo 1.500 millones irán a España. Una cantidad, ha añadido, que se destinará a mantenimiento "para que los ciudadanos sigan teniendo el mejor servicio".

El presidente de la compañía eléctrica ha subrayado que los problemas del sistema eléctrico español, y de los elevados precios de la energía, están en la parte regulada y no en el coste de la energía o el funcionamiento del mercado mayorista o "pool". "Estará encantado de ir a un modelo que reconozca todos los costes que tienen las centrales, la mayor parte de nuestra flota de generación pierde dinero" ha añadido Galán que ha enfatizado que las nucleares de Iberdrola "perdieron dinero el año pasado".

En este contexto, el ejecutivo ha avanzado que se plantean cerrar centrales, fundamentalmente ciclos combinados, que llevan meses sin funcionar ni una hora.

Cifra el impacto de la reforma en 1.310 millones

Por otro lado, el el consejero-director general de la compañía, José Luis San Pedro, era también muy claro en la presentación llevada a cabo en Madrid: Iberdrola "defenderá ante los tribunales" los intereses de sus accionistas ante los efectos de varias normas incluidas en la reforma energética del Gobierno "de dudosa legalidad", entre ellas los recortes a la retribución de la distribución y las actuaciones de carácter "retroactivo".

San Pedro ha lanzado este mensaje después de cifrar en 1.310 millones el impacto solo en 2014 de las medidas adoptadas por el Gobierno, de los que 868 millones corresponden a decisiones anteriores a julio del año pasado y 442 millones a las directamente relacionadas con la reforma anunciada en esa fecha.

El impacto para la eléctrica, que contrasta con los 9.022 millones para el conjunto de las empresas, incluye 568 millones por los nuevos impuestos a la generación, 70 millones por los pagos por capacidad para las centrales de gas, 376 millones por los ajustes a la retribución del transporte y la distribución, y 296 millones por las reducción de primas al régimen especial.

Para responder a las medidas, la compañía no solo batallará en los tribunales, sino que reducirá sus costes operativos en España, internalizará los impuestos en los precios de mercado y adecuará tanto sus políticas de explotación como su cartera de generación al nuevo escenario, advirtió San Pedro.

"Esquizofrenia" en el recibo de la luz

San Pedro también aludió a la "esquizofrenia" que sufre el recibo de la luz en España, donde se dan unos precios "de los más altos de Europa" cuando, al mismo tiempo, "los costes de producción son los más bajos del continente e incluso del mundo".

"El porqué de esta esquizofrenia se debe a que la factura sigue soportando costes por más de 15.000 millones ajenos al suministro, que proceden en parte de las ayudas a renovables y cogeneración fruto de una pésima gestión del sistema de regulación", afirmó, antes de aludir a otras partidas de costes relacionados con "políticas sociales o territoriales".

"La solución no es solo del Ministerio de Industria y del Gobierno español sino que se debe dar por la Comunidad Europea", afirmó. Para San Pedro, Bruselas debe definir cómo se articulan las políticas de reducción de las emisiones de CO2 y se especifican qué parte debe costear el consumidor eléctrico.