Pese a los intentos por alcanzar un acuerdo entre Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y las declaraciones voluntariosas del presidente de la República, Ricardo Martinelli, y de la ministra de Fomento, Ana Pastor, lo cierto es que las posturas han sido tan irreconciliables durante el intenso mes de negociaciones que la única salida era la ruptura, tal y como adelantó El Confidencial este miércoles a primera hora de la mañana. La situación es tan grave que las constructoras no tienen dinero ni para abonar las nóminas de los escasos obreros que aún quedaban en el tajo hasta ayer.

Entre las reclamaciones millonarias del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), la última era por una factura de 50 millones de dólares con la que las constructoras tenían que pagar a los proveedores y a los poco más de 1.000 trabajadores que todavía estaban en la obra. Les debían el salario semanal, pero no se les pudo devengar al no tener dinero en la caja. Ante esta situación y tras la ruptura de las negociaciones, Sacyr los mandó a casa, suspendió las líneas de autobuses que los trasladaban al Canal y suspendió las obras. Antes había despedido ya más de 7.000 cuando amenazó con la paralización.

Sacyr garantiza que cumplirá con los trabajadores y que la cantidad que les adeuda se justifica porque la ACP no les ha certificado las obras de diciembre, que habitualmente solían ser abonadas el día 20 del mes siguiente. Según la compañía presidida por Manuel Manrique, Panamá no les pagó los trabajos y, en consecuencia, ella no pudo hacer lo propio con los empleados.

El divorcio provocó un cruce de declaraciones que hacen muy difícil que ambas partes vuelvan a sentarse. El consorcio aseguró que “la ACP no ha realizado ningún pago por las circunstancias imprevistas que han afectado al proyecto”, aseveración que contrasta con los propios documentos oficiales del GUPC, que sí reconocen 180 millones de dólares por el aumento del precio de determinados materiales. Además, les había adelantado 780 millones para continuar con los trabajos por los problemas de liquidez.

El administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano. (EFE)El administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano. (EFE)Por su parte, el administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, elevó el tono al indicar que “no aceptaba chantajes” y que las constructoras habían mantenido una posición "inflexible una y otra vez", pretendiendo que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) negociara, fuera del contrato, “cifras exorbitantes no sustentadas”. “Vamos a hacer frente a cualquier demanda porque estamos en legítima defensa del Canal de Panamá”, sentenció. 

El funcionario añadió que la voluntad del ente portuario era de llegar a un punto de encuentro, motivo por el que extendió el plazo de negociaciones en dos ocasiones.  “La distancia entre las partes se mantuvo demasiado grande”, agregó el máximo responsable de la ACP, principalmente porque “las pretensiones de GUPC atentaban contra los intereses de Panamá y su Canal”. Quijano se quejó de que el único argumento de los contratistas era que habían tenido unos “cuantiosos sobrecostes” y que la Autoridad debía de financiarlos mientras Sacyr y sus socios interponían acciones legales para que se les reconociesen las cantidades reclamadas.

El directivo panameño advirtió que “lo que no permitiremos es que la obra se detenga por mucho tiempo”, dejando entrever que va a poner en marcha el denominado plan B. Quijano no quiso detallar las empresas que estarían interesadas en terminar la ampliación de la vía acuática, pero se sospecha que la estadounidense Bechtel está entre las principales candidatas después que el administrador del Canal se reuniese el pasado viernes con el embajador estadounidense en el país centroamericano.

Pérdidas esperadas

Pese a la munición dialéctica disparada desde ambos bandos, tanto la ACP como Sacyr dejaron la puerta abierta a un posible acercamiento que sólo pasa por que las contratistas reanuden de inmediato las obras. Así se lo exigió Quijano a Manrique al considerar que lo especifica el contrato y que las empresas deben aprovechar la estación seca de Panamá para avanzar en el tajo.

No obstante, los inversores empezaron a llamar a la constructora española para conocer cuánto le costará la paralización de las obras en el caso de que no se reanuden. La compañía se agarra a lo informado a principios de enero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuando el organismo regulador les exigió documentación adicional sobre el conflicto.

Sacyr sostiene que lo máximo que puede perder son las garantías de 573 millones de dólares, cifra que podría reducirse sensiblemente puesto que uno de los avales está relacionado con la calidad técnica de las obras, hecho que ni la Autoridad panameña discute. Sin embargo, lo que no tienen claro los inversores es si el grupo tendrá que reformular sus cuentas, ya que en las de 2012 se apuntaron como ingresos cerca de 700 millones de euros que ahora Panamá no le reconoce. En 2012, el consorciO ya tuvo minusvalías de 324,3 millones, lo que le obligó a recurrir a préstamos bancarios con HSBC y Banesco.