Belén Romana también provocó la salida de dos independientes del consejo de la Sareb

Las dimisiones de los directores general y financiero del banco malo (Sareb), adelantadas ayer en exclusiva porEl Confidencial, no han sido las primeras provocadas por disputas con su presidenta,Belén Romana. Anteriormente, esta misma situación forzó la salida de dos consejeros independientes: el notarioJavier Trilloy el registradorCelestino Pardo. Ambos se habían significado por cuestionar algunas de las políticas de Romana, lo que provocó un enfrentamiento que se saldó con su dimisión, según fuentes conocedoras de la situación.

"El problema es que no eran consejeros independientes como se entiende en España, de los que dicen amén a todo, sino de los que ejercen como tales y cuestionan la labor de los gestores", según una de estasfuentes. Trillo y Pardo fueron nombrados por ser profesionales de reconocido prestigio y conocedores por su actividad del negocio inmobiliario y de la situación actual de este mercado. El primero, de hecho, era el presidente de la comisión de nombramientos y retribuciones.Tras su dimisión, han sido sustituidos porIsidoro Lora-TamayoyJosé Poveda, también notario y registrador, respectivamente,pero en este caso jubilados.

La oposición de los dimisionarios se centró en algunas de las actuaciones más polémicas de la Sareb: el conflicto de intereses irresoluble de unos bancos que son a la vez accionistas y competidores de la sociedad gestora de activos; la preponderancia del equipo gestor sobre el consejo; las numerosas contrataciones de compañías externas para realizar prácticamente todas las labores de la entidad (actualmente está seleccionando una plataforma tecnológica para la venta de los activos), cuando muchas de ellas se podrían hacer internamente con un coste inferior; la relación laboral de los gestores del banco malo, indefinida cuando la vida de Sareb está limitada a 15 años; o la falta de transparencia que preside todas sus operaciones.

Una incompatibilidad polémica

Desde la Sareb, la explicación oficial es que tanto Trillo como Pardo tenían incompatibilidad para ocupar consejos de sociedades participadas por el sector público por su condición de funcionarios retribuidos por arancel, y que por eso tuvieron que abandonar su cargo. Sin embargo, fueron ellos mismos los que alertaron deesta posible incompatibilidad al ser nombrados, no la Sareb, según las fuentes consultadas. Por ello, pidieron un informe al respecto a la Dirección General del Notariado (del Ministerio de Justicia), queno encontró obstáculo para que ejercieran su cargo puesto que la posible incompatibilidad provenía de una ley de 1984, cuando no existía la figura del consejero independiente.

No obstante, la incomodidad de Romana con Trillo y Pardo la llevó a pedir al FROB, principal accionista de la Sareb, que solicitara un segundo informe, esta vez a la oficina general de Conflictos (Ministerio de Hacienda). Este organismosí encontró motivo de incompatibilidadesta vez, por lo que la Sareb los conminó a pedir la excedencia en sus actividades o a dimitir. La primera opción no resultaba factible, puesto que ambos habían renunciado a cobrar ningún emolumento de la Sareb. Aunque consideraban que no incurrían en incompatibilidad, la presión ejercida sobre ellos finalmente les forzó a presentar su renuncia.

Laxitud con los consejeros bancarios

Esta presión contrasta con la laxitud con la que se ha interpretado la norma de incompatibilidades para los consejeros representantes de los bancos accionistas. El Real Decreto 1559/2012, que diseña el marco jurídico de la Sareb, establece un régimen de incompatibilidades muy duro. Concretamente, su artículo 21 establece que "no podrán ser miembros de dicho Consejo quienes desempeñen un cargo similar, mantuvieran relaciones laborales, mercantiles o profesionales con sociedades dedicadas a una actividad análoga a la de la SAREB o tengan directa o indirectamente intereses significativos en dichas sociedades".

No obstante, dado que los bancos tenían que estar "sí o sí" en el consejo de la Sareb –habían puesto el 51% del capital para evitar que su deuda consolidara como pública–, el FROB pidió un informe a la Abogacía General del Estado que dio luz verde a la compatibilidad de cargos, siempre según las fuentes.