Bruselas se plantea que la cartera de deuda pública de la banca penalice su solvencia

Las autoridades europeas se están planteando que la cartera de deuda pública de los bancos penalice no sólo en los test de estrés de este año, sino también en las nuevas normas de solvencia del sector, lo que es mucho más grave. Es decir, la deuda pública "consumirá" capital cuando hasta ahora no lo hacía porque se consideraba que tenía riesgo cero. Este consumo dependerá del rating de cada país y de la duración: penalizará a partir de 2 o 3 años, según fuentes al tanto de la situación. Aunque todavía no hay una decisión definitiva por parte de Bruselas, las fuentes consultadas aseguran que es casi seguro que se va a imponer esta penalización.

Hasta ahora, se consideraba que la inversión en deuda pública no tenía riesgo, por lo que no contaba para el cómputo de los activos ponderados por riesgo (APR), que son el denominador del ratio de capital; lo que se incluye en estos APR se dice que "consume" capital. Sin embargo, la quita de Grecia dejó claro que este riesgo existe incluso en los países de la zona euro. Desde entonces, Alemania ha presionado para que la deuda pública compute como activo de riesgo, aunque no toda: sólo la de los países periféricos (con peor rating), mientras que la de los países centrales (con mejor calificación) debería seguir sin consumir capital.

Es lo que el banco central alemán (Bundesbank) denomina "hacer valer la triple A". "No tiene sentido que se dé el mismo tratamiento a títulos calificados como AAA que a otros que tienen un rating de BBB, como España; estos activos no tienen el mismo riesgo según las agencias y, por tanto, no se les puede considerar a todos de riesgo cero por igual, sino sólo a los que tienen la máxima calificación", es el argumento esgrimido desde Alemania.

El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, ha alertado de forma recurrente de la estratosférica subida de las posiciones de la banca en deuda española: 133.000 millones en dos años, hasta situarse en torno a los 300.000 millones en la actualidad. Esto se explica por el famoso carry trade con el que nuestras entidades están 'apañando' sus cuentas, que consiste en tomar prestado dinero muy barato en la barra libre de liquidez del BCE, al 0,75%, e invertirlo en deuda pública, que no consume capital y que paga unos intereses superiores al 4%. Y el banco central alemán culpa a esta práctica de la caída del crédito al sector privado, ya que las entidades prefieren destinar la liquidez a esta lucrativa actividad que trasladarla a la economía real asumiendo nuevos riesgos, cuando la morosidad está por las nubes.

La penalización que se está estudiando pretende acabar con esta práctica y forzar a las entidades españolas a compensar esa pérdida de un beneficio fácil y seguro con el incremento del crédito y la asunción de riesgos. Según las fuentes consultadas, esta penalización irá en función del rating para dejar fuera a los países centrales y de la duración de las carteras: las posiciones con una duración inferior a 2 ó 3 años (no está decidido aún) no consumirán capital, mientras que sí lo harán las que tengan plazos más largos.

Enésima derrota de España en Europa

La penalización en solvencia tendrá su correlato en los test de estrés, pese a que la semana pasada el propio Mario Draghi aseguró que la cartera de deuda pública no se valorará a precios de mercado. No obstante, no descartó que se le pueda aplicar un haircut (recorte) a las posiciones de los bancos en deuda de los países periféricos. De hecho, ya avisó a las entidades españolas de que lo más probable era aplicar dicho recorte. No obstante, valorar los bonos del Estado a precios de mercado beneficiaría a las entidades españolas, ya que estos títulos han logrado fuertes ganancias en los últimos meses gracias al desplome de la prima de riesgo.

Por tanto, parece que España va a salir derrotada por enésima vez en la configuración del sector bancario europeo, como ocurrió con la nueva normativa de rescates de entidades en dificultades, con el reparto de poder en el nuevo supervisor único europeo y, la semana pasada, con las exigencias para aprobar los test de estrés. Nuestro Gobierno pretendía que estos requisitos fueran más duros, pero manteniendo a salvo las fuertes posiciones en deuda pública española de la banca nacional. Ahora, no sólo será penalizada en los test de estrés, sino también en las normas de solvencia, lo que es mucho más grave.

Ventas masivas de bonos del Estado

El temor a esta penalización ha provocado el inicio de ventas masivas de deuda pública por parte de las entidades españolas. El pistoletazo de salida lo dio el Popular con la venta de 5.000 millones de deuda pública (una quinta parte de su cartera). En la conferencia anual de Banca y Seguros que organiza Merrill Lynch en Londres, los ejecutivos de esta entidad sembraron el temor al explicar que este movimiento obedecía a los posibles cambios tanto en el cómputo de la deuda pública a efectos de consumo de capital –que es lo que se va a aprobar finalmente, salvo sorpresa– como del origen de los mismos, es decir, la amenaza de la Autoridad Bancaria Europea de endurecer el tratamiento de la financiación procedente del BCE en los test de estrés, penalizando a las instituciones que más dependan de ella.

La penalización que plantea Bruselas se inscribe dentro de la adaptación a la UE de las normas internacionales de solvencia de Basilea III y genera un problema añadido: dado que la banca nacional es la principal compradora de las emisiones del Tesoro, este puede encontrarse en dificultades para colocar los 242.370 millones brutos que tiene que emitir este año para refinanciar los vencimientos de deuda y para cubrir el déficit previsto para este ejercicio. La cuestión es si el apetito internacional por los activos españoles podrá compensar esta retirada de la banca.