Fortress pasa la guadaña al 45% de la plantilla de Lico tras comprarla a las cajas

Los fondos oportunistas o buitres que están comprando a precios de derribo los activos financieros e inmobiliarios españoles persiguen una alta rentabilidad en sus inversiones. Y si para ello tienen que meter en cintura a las empresas que adquieren, no dudan en aplicar una dieta agresiva a las primeras de cambio. Es lo que ha hecho Fortress, el fondo que hatomado el control de Geslico, la filial de recobro de las cajas, que ha anunciado unexpediente de regulación de empleo (ERE) para el 45% de la plantilla.

Según han confirmado distintas fuentes, el pasado viernes Geslico comunicó a sus trabajadores que 174 de los 470 empleados van a ser despedidos mediante la extinción de los contratos a través de un ERE. Otros 40 se verían afectados por una suspensión temporal de empleo, un ERTE, por lo que hasta 210 de los asalariados perderán su trabajo de una forma definitiva o provisional.

Fortress ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información, pero otras fuentes aseguran que ha dado dos meses de plazo para alcanzar un acuerdo con el comité de empresa y adelgazar la plantilla antes de tomar el control de la antigua filial de las cajas de ahorro. Se trata de una condición esencial para cerrar la compra de todo el holding Lico Corporación, que incluye también los negocios de leasing, renting y financiación al consumo, entre otros.

Por esta sociedad, Fortress ha alcanzado un acuerdo con los accionistas mayoritarios, entre los que se encuentran BBVA, Banco Sabadell, Mapfre, Ibercaja, Unicaja, CECA, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Bankia, a los que les paga 220 millones de euros. Estos socios optaron por poner a la venta este holding al negarse a aportar más capital ante la caída en picado de los resultados y el agujero generado por las deficiencias en la gestión.

No es el primer ajuste laboral que sufren los empleados de Lico Corporación. A finales del año pasado, laConfederaciónEspañolade Cajas de Ahorros (CECA)presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) en Lico Leasing, la filial especializada en financiación para empresas. Con el asesoramiento de Sagardoy, especialista en derecho laboral, mediador de otros EREcomo el de Prisa, las cajas prescindieron de 95 de los 230 trabajadores de esta sociedad.

El acuerdo consistió en el pago de una compensación por la extinción contractual con un mínimo de 6.000 euros y un máximo de 24 mensualidades de salario. Además, Lico se comprometió a un poner en marcha un plan de recolocación externa a través de una empresa especializada por un período de seis meses que incluía medidas de formación, orientación profesional y búsqueda activa de empleo. Por último, los trabajadores afectados por el ERE tendríanderecho preferente durante dos años para reincorporarse a la empresa en el supuesto de que esta necesitase nuevos empleados por el incremento desu actividad productiva, algo que a día de hoy no ha sucedido.

En el limbo laboral

Por el contrario, Fortress, el nuevo dueño de la empresa, exige más sacrificios para adaptar la capacidad productiva al escenario de actividad económica actual. El fondo oportunista tiene una base de operaciones en Barcelona, una compañía denominada Paratus que emplea ya a más de cien trabajadores.

En las negociaciones con los dueños de Lico, el fondo de distress ha demandado este ajuste adicional de la fuerza laboral, una petición que es generalizada en este tipo de compraventas. Sin embargo, se trata de un asunto muy espinoso que tanto en los traspasos de las inmobiliarias de la banca como en las filiales de recobro se ha resuelto en muy pocos casos con un compromiso de mantenimiento de la plantilla de entre dos y tres años. Así se ha hecho en Bankia Habitat con sus cerca de 500 asalariados. Pero en las ventas de Altamira (Santander), Servihabitat (CaixaBank) y Aliseda (Popular) no se ha especificado el futuro de los trabajadores de estos bancos. En total, cerca de 1.700 puestos de trabajo en el aire.