El Gobierno no consigue salvar en la UE todos los créditos fiscales de la banca

El Gobierno no ha conseguido salvar la totalidad de los 51.000 millones que la banca española tiene en activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) en sus negociaciones con la UE, aunque sí en torno a dos tercios del total. Es decir, no tendrá que restar esos 34.000 millones aproximadamente del capital, al contrario de lo que exigen las normas de Basilea III. Así se lo ha comunicado a las entidades el Banco de España, según confirman varias fuentes del sector, aunque matizan que todavía no se ha cerrado definitivamente la negociación con Bruselas. En todo caso, la ampliación de capital anunciada el lunes por Sabadell ha allanado el camino para esta solución, al igual que la limitación a los dividendos de los bancos impuesta por el Banco de España.

Estos activos fiscales son futuros créditos contra la Hacienda Pública (es decir, servirán para reducir los impuestos que deberían pagar los bancos por sus beneficios en el futuro) y pueden ser de dos tipos: los generados por pérdidas del pasado (bases imponibles negativas -BIN- en el Impuesto de Sociedades) o derivados de gastos anticipados que no son deducibles en el impuesto, como las provisiones dotadas en 2012 por los reales decretos 'De Guindos', los saneamientos y gastos de reestructuración realizados desde 2010, o los compromisos por pensiones.

La regulación internacional de solvencia conocida como Basilea III, que entra en vigor a partir de 2014, obliga a descontar ambos tipos del cómputo del capital. Esto supone restar a las entidades una media del 30% de sus fondos propios, pero en el caso de Bankia, el más afectado por esta situación, el porcentaje llega al 70%. Un capital que tendrían que generar con sus beneficios, que pedir en el mercado o que recibir de fondos públicos. De ahí que la banca haya instado al Gobierno a pelear en Bruselas para que estos activos no tengan que deducirse del capital, como informó El Confidencial en agosto.

Esta batalla ante las autoridades comunitarias (en concreto la EBA, Autoridad Bancaria Europea) no ha concluido todavía, pero lo que comunica el Banco de España al sector es que no podrán salvarse todos los créditos fiscales, aunque sí la mayor parte. La respuesta europea ha sido que se pueden salvar -mantener en el capital- los del segundo tipo, los derivados de provisiones y pensiones, y conocidos como DTA temporales o "diferencias temporarias de activo" en la terminología fiscal española. Por el contrario, tendrán que seguir deduciéndose los primeros, es decir, los derivados de pérdidas de años anteriores (las bases imponibles negativas).

La lógica de Basilea es que los bancos no deben apuntarse como capital un activo que no van a poder recuperar en caso de quiebra, con lo que no podrán repartirlo entre sus acreedores. Actualmente, si la entidad quiebra, no recupera ese crédito con Hacienda porque no tiene beneficios para compensarlo. El reconocimiento de los activos fiscales está limitado en España a los beneficios que cada entidad pueda obtener razonablemente en un plazo de 18 años, algo que decide el auditor, mientras que quedan fuera los que no se consideren recuperables. Además, hay otras limitaciones respecto al importe máximo que se pueden deducir cada año.

No llegamos a la altura del resto de Europa

Por tanto, se trata de que el Gobierno garantice que ese crédito se va a recuperar en su totalidad en cualquier caso, sea cual sea el beneficio esperado para los próximos años e incluso si la entidad quiebra. Esto es lo que se conoce como "monetización" de los DTA. El Ejecutivo está dispuesto a conceder esta petición a la banca, puesto que los principales países europeos ya lo tienen en vigor y eso deja en desventaja competitiva a las entidades españolas. Además, a juicio del sector y del Gobierno, no debería haber distinción entre los dos tipos de activos fiscales, puesto que al final los efectos son los mismos y en los demás países no existe esa distinción.

Sin embargo, la EBA ha mantenido la distinción entre los activos temporales y las bases imponibles negativas (las pérdidas de ejercicios anteriores), y ha excluido a los activos fiscales que provienen de estas últimas. Esto es, las BIN seguirán restándose del capital. Se estima que suponen en torno a un tercio del total, aunque la proporción varía mucho de entidad a entidad. Así, según estimaciones del banco de inversión KBW, Santander tiene 7.643 millones procedentes de BIN (de los 19.757 millones de activos fiscales que tiene en total, aunque la nueva norma sólo se aplicará al negocio en España), mientras que BBVA tiene 2.406 millones del total de 9.871. Lógicamente, BFA-Bankia es quien más BIN tiene, dado que sufrió unas pérdidas históricas de 21.238 millones en 2012: 4.428 millones de un total de 8.909 millones en DTA.

El FMI solicitó que el reconocimiento de los DTA en España fuera acompañado de otras medidas de recapitalización del sector, como la venta de activos, la limitación de los dividendos en efectivo y las ampliaciones de capital. En este sentido, han ayudado las importantes ventas de las entidades nacionalizadas (en especial las de Bankia, pero también EVO Banco por parte de NCG), la "recomendación" del Banco de España de que los dividendos en efectivo no superen el 25% del dividendo y la ampliación de capital realizada esta semana por Sabadell para dar entrada a dos inversores latinoamericanos que se han convertido en sus principales accionistas.

La EBA puede hacer un siete a la banca española

El problema es que mantener la deducción de las BIN del capital puede ser peligroso, porque al final todos los activos fiscales tienen que poder aplicarse; es decir, las provisiones y gastos que originan los DTA tienen que convertirse en pérdidas reales deducibles. Y si esas pérdidas superan a los beneficios generados por las entidades, tenemos una BIN. Si la EBA dictamina que esas bases imponibles negativas también tienen que restarse del capital, la banca española tendría un problema gordísimo.

La razón es que ni en 2013 ni en 2014 se espera que ninguna entidad tenga un beneficio suficiente como para superar la ingente cantidad de activos fiscales que tienen todas, con lo que van a tener bases imponibles negativas. Y si se las tienen que restar del ratio de capital, se quedarían como si no hubiera ninguna reforma. Este es el escenario que más temen los bancos y, aunque en principio no es el que ha aceptado la EBA, no se terminarán de fiar hasta que el acuerdo esté rubricado.

Para quien el asunto es neutral es para Hacienda, puesto que esa pérdida de recaudación se va a producir de todas formas: quien compre Catalunya Banc se aprovechará de los 5.500 millones de DTA que tiene en balance con sus beneficios futuros, independientemente de que computen o no como capital. Su único riesgo es que quiebre alguna entidad y tenga que reconocer -con la nueva normativa- los créditos fiscales acumulados. Pero la actuación de las autoridades españolas desde que estalló la crisis financiera en 2008 ha demostrado que no se va a permitir que nadie quiebre.