Los huertos solares perderán el dinero de las primas si sustituyen los paneles

La reforma energética en ciernes no es el único temor que atenaza a los propietarios de huertos solares. Y es que, según expone la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en una carta remitida al Ministerio de Industria, miles de plantas podrían sufrir la pérdida de las primas que reciben por generar electricidad si proceden a la sustitución de alguno de sus paneles. No en vano, la normativa obliga a cambiar esos módulos defectuosos por otros de las mismas características, una tarea en muchos casos imposible bien porque el fabricante ha desaparecido –algo cada vez más normal en plena crisis-, bien porque ha quedado obsoleto.

“A la hora de llevar a cabo una sustitución de módulos fotovoltaicos en una instalación solar fotovoltaica, es preciso tener absoluta claridad sobre cuál es el procedimiento legal que debe seguirse para ello. Entre otros aspectos, es preciso conocer no sólo el procedimiento administrativo que debe seguirse para la sustitución, sino cuáles serán las consecuencias legales y económicas de dicha sustitución”, subraya la misiva remitida hace apenas días a José Manuel Soria. Y añade con pesar que “la normativa que regula la materia no resulta a día de hoy especialmente clarificadora”.

En este sentido, el reciente Real Decreto-ley 29/2012 ha encendido todas las alarmas, en tanto que abre la puerta a perder las primas. El texto subraya que “aquellos elementos que no estén expresamente reflejados en el proyecto de ejecución aprobado (…) no podrán considerarse constitutivos de la instalación ni ponerse en funcionamiento, salvo que se tramite la correspondiente modificación del proyecto de ejecución ante el órgano competente. En este caso, las instalaciones verán corregido el régimen económico de la energía imputable a las modificaciones realizadas, percibiendo el precio de mercado de producción”.

Siguiendo el mandato, la última palabra la tendría el órgano competente, véase la comunidad autónoma. Y ahí los problemas no hacen sino comenzar. No en vano, el riesgo de que la autonomía considere que la modificación es sustancial y otorgue una nueva acta de puesta en marcha a la instalación “puede poner en riesgo el régimen económico aplicable a una instalación solar fotovoltaica, al menos con la regulación que ha estado vigente en nuestro país hasta principios del pasado año”, subraya la UNEF. Sin contar con la disparidad normativa que existe en todo el territorio nacional en materia de procedimientos administrativos.

Un escenario demoledor teniendo en cuenta que, según los cálculos de UNEF, el parque fotovoltaico español está formado por unos 25 millones de módulos de diferentes características, de los que en torno a 500.000 tendrán que cambiarse a lo largo de su vida útil teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 2%. Para la patronal, es imprescindible que Industria defina “en qué términos y en qué circunstancias concretas un cambio de módulos puede conllevar una corrección del régimen económico de una instalación solar fotovoltaica, y así poder dotar de seguridad jurídica a esta situación de incertidumbre”, reza la carta.

Plan de refinanciación en marcha

Como publicó El Confidencial, la reforma eléctrica que prepara el Ministerio de Industria puede suponer un rejón definitivo para muchas instalaciones fotovoltaicas. Y es que el plan de refinanciación de las subvenciones que contempla Soria –con una reducción de las rentabilidades ahora y una prórroga de los vencimientos- terminará de ajusticiar a muchos propietarios, que tienen que cumplir con la banca a corto plazo. En ese escenario, muchos ya cuentan con entregar las llaves de sus instalaciones a las entidades financieras y por lo que realmente temen es por sus avales personales.

Industria incluso llegó a trasladar al sector la posibilidad de dar facilidades a los dueños de huertos solares que no sean capaces de afrontar sus créditos para transferirlos a la Sareb, el banco malo creado por el Ejecutivo con el fin de absorber los activos inmobiliarios tóxicos. Un planteamiento que chocaba con el obstáculo jurídico de levantar las garantías personales que muchos de esos inversores pusieron ante la banca para lograr la financiación de las plantas. Como telón de fondo, un déficit de tarifa –desfase entre los ingresos y gastos del sistema- que alcanzó los 5.600 millones de euros en 2012, lejos de los 1.500 de límite máximo contemplado el año pasado. Industria quiere reducir anualmente la brecha en 4.000 millones.