Los consejeros de Banca Cívica se enfrentan a 21 años de cárcel

La admisión en la Audiencia Nacional de la querella que presentó Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra los 15 consejeros que participaron en el proceso de integración de Banca Cívica y en su posterior salida a bolsa puede saldarse con condenas de hasta 21 años de cárcel por la presunta responsabilidad de los acusados en el colapso de la entidad y en la consiguiente pérdida de valor para sus accionistas.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco considera en su auto de admisión que los hechos denunciados, avalados también por la Fiscalía, pueden ser constitutivos de hasta cinco delitos penados con prisión. En concreto, Velasco subraya que los administradores podrían haber incurrido en “falseamiento de cuentas o de la situación jurídica de la entidad, ocasionando el oportuno perjuicio”, “administración fraudulenta de bienes societarios o contracción de acciones de perjudiciales”, “publicidad falsa en valores negociables en mercados de valores”, “maquinaciones para alterar el precio de las cosas” y “apropiación indebida”. El Código Penal fija para estas tipologías delictivas hasta 21 años de cárcel en total. Además, tanto los consejeros acusados como CaixaBank, actual propietaria de Banca Cívica, se enfrentan a la responsabilidad civil que pueda derivarse de la causa.

El magistrado argumenta su auto de admisión recordando que el proceso de salida a bolsa provocó una depreciación del 43,2% del capital de más de 26.000 pequeños inversores que compraron acciones de Banca Cívica tras su debut en el parqué en julio de 2011. Asimismo, subraya que la mala gestión del banco –resultado de la fusión de Caja de Ahorros de Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol- provocó que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tuviera que aportar 977 millones de euros de fondos públicos para evitar su quiebra. 

“Prevaricación por omisión”

Para Velasco, en los datos aportados por el denunciante hay indicios suficientes de que pudo producirse un fraude a los inversores mediante operaciones contables que tuvieron como “objeto crear la apariencia de una mayor solvencia que la real para poder realizar la fusión de las entidades que finalmente conformaron Banca Cívica”. El juez también apunta a la insuficiente supervisión y el “control imprudente” de las cajas, que podría suponer “una actuación de prevaricación por omisión” por parte de los acusados.

El proceso guarda muchas similitudes con el caso Bankia, también en la Audiencia Nacional y con 33 exconsejeros sentados de forma provisional en el banquillo por las presuntas irregularidades que cometieron en el proceso de integración de la entidad y en su posterior salida a bolsa. No obstante, mientras Bankia sigue operando como una entidad autónoma, los activos de Banca Cívica tuvieron que ser completamente absorbidos en agosto de 2012 por CaixaBank, ante su incapacidad para cumplir con los compromisos de solvencia que le exigió el Ministerio de Economía y Competitividad.

La investigación de Banca Cívica quedará centralizada en la Audiencia Nacional. El Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona había dado los primeros pasos para averiguar si había responsabilidades civiles y penales en la caída del banco, pero Velasco le ha pedido que se inhiba a favor de su juzgado al considerar que los hechos que se investigan se produjeron en varias comunidades autónomas, no sólo en Navarra. No obstante, considera que las irregularidades que pudieron haberse cometido exclusivamente en Caja de Ahorros de Navarra (CAN) antes de la fusión, que son objeto de otro proceso, pueden seguir siendo instruidos en Pamplona, al carecer de conexión con el conjunto de la causa.

Entre los 15 consejeros acusados se encuentran los expresidentes de las cuatro entidades fusionadas, Antonio Pulido (Cajasol), Enrique Goñi (CAN), Álvaro Arvelo (Caja Canarias) y José María Leal (Caja Burgos). También les acompañan el exsecretario de Estado para el Deporte Rafael Cortés Elvira y el exsecretario de Estado de Economía y expresidente del G-14 de las Inmobiliarias Pedro Pérez Fernández. Algunos de los acusados siguen ocupando en la actualidad cargos directivos en CaixaBank.