Concierto+cupo tuneado+800 millones=insoportable

El caso del PNV es de libro. No cabe un mayor descaro. El País Vasco -en buena medida por la presión terrorista de ETA durante los ochenta y noventa del pasado siglo- no sólo goza de práctica soberanía fiscal (las normas forales tributarias dictadas por las Juntas generales de cada territorio sólo se pueden impugnar, como las leyes, ante el Tribunal Constitucional), sino que, además, desde 1981 viene tuneando el cupo que abona al Estado. Un cupo que no cubre –como bien saben los burócratas de Madrid y de Vitoria- las competencias que en la comunidad autónoma desempeña la Administración General del Estado. Euskadi no aporta ni un solo euro a la solidaridad nacional, es decir, no se produce ninguna transferencia de renta hacia territorios desfavorecidos. Su balanza fiscal resultaría escandalosa si se conociese a fondo. Y más aún: el Estado cubre con 800 millones adicionales el déficit de las pensiones en la comunidad. 

Urkullu, que parecía un dirigente más sensato que Ibararretxe y Arzalluz, pidió ayer la gestión autonómica de las pensiones de la Seguridad Social. Eso, teniendo en cuenta que el País Vasco es deficitario por el fortísimo desequilibrio entre ciudadanos activos y pasivos, implicaría además romper la caja única y transferir los 800 millones de euros para que los administrasen desde las instituciones vascas. Y muy rumboso, el actual presidente del PNV se comprometió a crear un fondo de 50 millones de euros para revalorizar las pensiones (pasando del Pacto de Toledo, de los Presupuestos Generales del Estado y de lo que haga falta), suceda lo que suceda con ellas en el resto de España porque el nivel de excelencia de Euskadi es parejo “al de Noruega o Austria”. Quizás lo sea, pero a costa del sostenimiento de un privilegio realmente insoportable al que Cataluña ha puesto un foco potentísimo, de modo y manera que, antes de abordar cualquier financiación autonómica -para la propia Cataluña y/o para todas las demás comunidades autónomas- habrá que darle una vuelta jurídica (nacional y europea), política y social al Concierto Económico y, especialmente, al procedimiento de cálculo del cupo que permite larguezas en el País Vasco al mismo tiempo que estrecheces en otras comunidades españolas.

Urkullu debe ser prudente. No: prudentísimo. Porque como escribía ayer en el diario El Mundo mi amigo y paisano Santiago González, citando al historiador Juan Pablo Fusi, “comparado con el actual estado autonómico vasco, el régimen foral anterior a 1839 se reducía a esporádicas asambleas de aldeanos”. En otras palabras: el País Vasco constituye, de hecho, un ente confederado con una muy endeble base jurídica (desde luego la Disposición Adicional Primera de la Constitución no da para tanto), conforma un oasis fiscal anómalo en la Unión Europea y, pese a todo, y para mayor sarcasmo, el PNV pide gestionar su deficitario sistema de pensiones y los nacionalistas se comprometen a que la viuda de Bilbao disfrute de revalorizaciones en su pensión aunque  a la de Cáceres se la congelen. No es extraño -a mí no me lo parece- que Cataluña tan histórica y foral (o más) que mi bendita tierra vasca, reclame un pacto fiscal. Porque frente a mis conciudadanos que no transfieren un adarme de su PIB al resto de España, los catalanes, los madrileños, los valencianos y los baleares lo hacen. Seguramente hasta cifras injustas que no respetan ni de lejos una mínima horquilla en el llamado principio de ordinalidad. Vale -por aquello del apaciguamiento que han practicado socialistas y populares- que se tunee el cupo y se financie el déficit de la Seguridad Social en la comunidad por el sistema de caja única, pero de ahí pasar a mayores resultaría una demasía inaceptable.