Los partidos chocan con el voto por correo para acortar la campaña e ir a las urnas el 18D

No es tan fácil como cambiar un artículo de la ley precisando que la campaña electoral durará solo siete días en lugar de 15. Hacer que unas terceras elecciones se celebren el 18 de diciembre, y no el 25, día de Navidad, es una operación de cirugía fina, que exige tocar varias fibras de la normativa sagrada que regula los comicios en España. Sobre todo para superar un escollo fundamental: garantizar el voto por correo en las mismas condiciones que actualmente. El obstáculo se puede salvar, pero para ello hará falta acortar los plazos por delante, en especial los de la confección y proclamación de las candidaturas.

Los procesos electorales de ámbito nacional están reglados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y duran 54 días desde el mismo día en que se publica en el respectivo boletín oficial el decreto de convocatoria. De mutilar una semana de campaña, el proceso se quedaría en 47 días. El PSOE fue quien primero confesó que estaba dispuesto a presentar una reforma legal en el Congreso para evitar que la repetición de las legislativas cayera el 25 de diciembre, el día al que conduce indefectiblemente la fecha que Mariano Rajoy eligió para el debate de investidura: la primera votación se produjo el pasado miércoles 31 de agosto. Si pasados dos meses no hay un nuevo presidente nominado por la Cámara –el plazo acaba el 31 de octubre–, el Rey firmará el decreto de convocatoria de generales con el refrendo de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Decreto que se publicará en el BOE el martes 1 de noviembre y que situaría los comicios, si nada cambiara, 54 días después, en plena Navidad.

El Gobierno ya ha anticipado que no obstaculizará la tramitación de la reforma legal aunque insiste en que unos terceros comicios son un "perjuicio importante"

Hace una semana, el Gobierno admitió que no se opondría a la tramitación de ninguna iniciativa que llevara los eventuales terceros comicios al 18 de diciembre, el domingo anterior. "No obstaculizaremos ninguna cuestión de la que puedan devenirse beneficios para los españoles, pero consideramos que unas terceras elecciones son un perjuicio muy importante para los españoles y para el conjunto de la democracia", apuntó Soraya Sáenz de Santamaría el pasado 2 de septiembre, el mismo día en que se consumó el naufragio de la investidura de su jefe, Mariano Rajoy. Si los populares cumplen su palabra, la reforma será posible, ya que además Podemos y Ciudadanos están de acuerdo.

Defectos en la propuesta de UPN

Todavía no se ha enfilado la tramitación de ninguna iniciativa legislativa encaminada a evitar el trastorno de llamar a los ciudadanos a las urnas el 25 de diciembre. El pasado martes la Mesa del Congreso calificó una proposición de ley de Unión del Pueblo Navarro para modificar el artículo 51 de la LOREG y reducir la campaña "a la mitad" en los supuestos de disolución anticipada de las Cortes por la falta de Gobierno. Pero, como recordaba ese mismo día el portavoz socialista, Antonio Hernando, esa formulación, así planteada, no es posible. No se puede aplicar: primero porque la mitad de 15 días de campaña serían siete días y medio y, sobre todo, porque mantiene el proceso electoral en 54 jornadas, cuando de lo que se trata es de que se acorte a 47.

La documentación no se puede enviar a los electores hasta que están aprobadas las listas definitivamente, un proceso que consume 28 de los 54 días totales

Los socialistas no presentarán aún su propuesta porque están a la espera de conocer el criterio del Gobierno. Pero sí manejan borradores, igual que el PP. Y ambos se han dado cuenta, según confirman las cúpulas de las dos formaciones a El Confidencial, de que la modificación de la LOREG, aunque es posible, no es tan sencilla como la concibe UPN. Ni se puede hacer revisando únicamente el artículo 51. Dado que el Ejecutivo en funciones tiene vedada la presentación de proyectos de ley, han de ser los grupos los que registren la iniciativa –será una proposición de ley–, que se tramitaría por el procedimiento de urgencia, para que así entrase en vigor antes de la disolución de las Cortes, el 1 de noviembre (en caso, claro, de que no haya un nuevo Gabinete).

Una parte medular del proceso electoral es la confección y proclamación de las candidaturas. Solo una vez que están listas, los electores que optan por el voto por correo o los que residen en el exterior pueden emitir su sufragio. Por eso el envío de la documentación por parte de la Oficina del Censo Electoral –que depende del Instituto Nacional de Estadística (INE)– y la remisión del voto se solapa siempre con la campaña.

Basta mirar cualquier calendario electoral, porque cualquiera sirve de plantilla para echar cuentas. Las coaliciones electorales –por ejemplo, la de IU, Podemos y Equo, que se bautizó como Unidos Podemos para el 26-J– han de llevarse a las juntas electorales en los diez días siguientes a la publicación del decreto de convocatoria. Las listas se presentan entre 15 y 20 días después del decreto. Las candidaturas definitivas se proclaman a los 27 días, y se publican en la jornada siguiente. Dicho de forma más resumida: hasta que las listas se publican en el BOE pasan 28 días, la mitad de todo el proceso electoral.

No hay 'efecto sorpresa'

Una salida posible, por tanto, para hacer que la campaña dure una semana y las elecciones se celebren el 18 de diciembre, y no en Navidad, es comprimir ese periodo de 28 días. Conseguir que consuma 21 días, por ejemplo.

Los socialistas creen que es posible recortar los plazos de proclamación de candidaturas puesto que antes de la disolución se sabrá si hay o no elecciones

Los socialistas creen que esa reducción es posible siempre que estemos hablando de una llamada a las urnas excepcional. Es decir, siempre que se active el artículo 99.5 de la Constitución, que prevé la convocatoria de elecciones generales si a los dos meses de la primera votación de investidura no hay presidente. "El procedimiento reglado que viene en la LOREG es lógico, porque pretende resguardar a los partidos políticos en caso de que el jefe del Ejecutivo convoque anticipadamente los comicios y les pille por sorpresa: por eso prevé ese plazo de hasta 20 días para formalizar las candidaturas. Pero si vamos a elecciones por falta de presidente, se sabe con seguridad una o dos semanas antes de la disolución formal, así que no hay sorpresa", explican fuentes del grupo.

Eso pasó ya el 8 de abril. Cuando Podemos cortó la baraja y se negó a más reuniones a tres con el PSOE y Ciudadanos, ya se podía prever que España iría a las urnas el 26 de junio. Además, el mecanismo constitucional que exige que el Rey despache con los líderes políticos y eleve el nombre del candidato a la Presidencia del Congreso obliga a liberar una semana antes de la disolución de las Cámaras. Dicho de otra forma: en España no se puede desencallar el bloqueo la víspera del fin de la legislatura, como ocurrió en Cataluña con el pacto de Junts pel Sí y la CUP para investir a Carles Puigdemont. Se necesitan más días para dar cabida a las consultas del monarca, que es el que tiene la facultad de nominar al aspirante a la investidura. Los partidos, en consecuencia, pueden prepararse para las elecciones y programar la aprobación de sus listas días antes de que se firme y expida el decreto de convocatoria.

Quejas de los emigrantes

Si las candidaturas se proclaman antes, las papeletas se pueden imprimir y mandar a los electores que no puedan votar en su colegio o a los españoles que residan de forma temporal o permanente en el extranjero. La LOREG prevé que el voto se pueda emitir por correo postal hasta el miércoles anterior a la jornada electoral, un día antes en el caso de los emigrantes, que no obstante pueden depositar su sufragio en los consultados hasta el viernes de cierre de campaña. Los socialistas apuntan que también se podrían apurar algo más los plazos, aunque supusiera retrasar un poco el escrutinio del voto exterior para permitir la llegada a tiempo de todas las papeletas. Ahora, este recuento se hace en las juntas electorales el miércoles posterior a la jornada electoral.

La Marea Granate ya ha advertido de que se evite que la reforma perjudique aún más a los dos millones de votantes que se encuentran fuera de España

Garantizar el voto por correspondencia (de los españoles residentes en el país y de los que viven fuera) es fundamental en cualquier proceso. Especialmente problemático es el sufragio de los emigrantes: son numerosísimas las quejas de electores desde 2011, cuando se cambió la ley para hacer que estos rueguen el voto. La Marea Granate ha venido denunciando las enormes dificultades y restricciones que tienen los residentes en el exterior para ejercer su derecho, porque la documentación llega tarde, la papeleta no llega... Por eso se puso en guardia enseguida en cuanto el PSOE planteó la posibilidad de acortar la campaña. El colectivo pidió a los partidos que tengan en cuenta que el adelanto de la fecha puede dificultar el voto exterior. "En el caso de que se produjera esta reforma exprés [de la LOREG], exigimos que también se amplíen todos los plazos precedentes, que se adelante la proclamación de candidaturas y el envío de documentación electoral y que se incrementen los plazos de voto y escrutinio", avisó en una nota del pasado jueves, en la que recordaba que lo que está en juego es el derecho de más de dos millones de españoles a elegir a sus representantes. La Marea Granate reclama que ya que se va a tocar la ley, se aproveche para eliminar el voto rogado, que incluían en sus programas PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.

Una reforma que puede aprobarse en 15 días

Toda reforma legal que evite que las terceras elecciones se celebren el 25 de diciembre tiene que estar aprobada definitivamente antes del 31 de octubre, fecha en que se disolverán las Cámaras en caso de que no haya investidura. 

La última modificación de la Carta Magna, en 2011, demostró que si hay voluntad política, los tiempos se acortan al máximo. La iniciativa, firmada por PSOE y PP, entró en registro el 26 de agosto. El 30 se aprobó la toma en consideración y el 2 de septiembre fue aprobada la reforma por el pleno del Congreso. El 7 quedaba ratificada por el Senado y el 27 de septiembre se firmaba y entraba en vigor, el mismo día en que se publicaba el decreto de convocatoria de las generales del 20 de noviembre de 2011. La tramitación parlamentaria se llevó solo 12 días. Y eso que era un cambio constitucional. 

La LOREG es una ley orgánica, que requiere de mayoría absoluta para su aprobación (y no una mayoría cualificada de tres quintos como exige modificar la Carta Magna). Como cualquier proposición de ley, necesita que el Gobierno informe favorablemente. Este tiene un mes de plazo, pero podría hacerlo en mucho menos tiempo. Lo lógico es que la reforma electoral se tramitara en lectura única (o sea, en pleno, sin pasar por comisión) y por el procedimiento de urgencia, para acortar los plazos a la mitad. Lo primero lo aprueba el pleno y lo segundo lo valida la Mesa "a petición del Gobierno, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los diputados [70]", según el artículo 27 del reglamento de la Cámara. 

El Senado, si no introduce enmiendas en el texto, podría aprobar la reforma definitivamente, que de ahí caminaría al BOE. De lo contrario, volvería al Congreso. 

Lo fundamental es que haya consenso de los grupos para poder agilizar su tramitación. Y, en principio, parece haberlo, puesto que los cuatro principales partidos están de acuerdo en no llevar a los españoles a las urnas un 25 de diciembre.