Rajoy presionará a Sánchez con urgencias económicas y compromisos con la UE

Después del fracaso de Pedro Sánchez en su intento de investidura como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy se prepara para machacar con su oferta de Ejecutivo constitucionalista, pero también para seguir en funciones hasta el próximo verano. Los ministros exploran en sus respectivos departamentos cómo ampliar su margen de actuación para atender las decisiones más urgentes e ineludibles, otro factor con el que cuentan para presionar al PSOE hacia un acuerdo de última hora.

En abril, el Reino de España debe remitir a Bruselas el programa de estabilidad, todo el cuadro macroeconómico, y en la Comisión Europea no entienden de Gobiernos 'en funciones'. También hay que administrar las nuevas remesas del Fondo de Liquidez Autonómico (con la reforma de la financiación pendiente), transponer las directivas de la UE pendientes, cubrir con nombramientos las inevitables bajas de altos cargos en los próximos meses y fijar posición en todas las decisiones de la política exterior, despliegues de fuerzas en el extranjero en misiones de la OTAN o la UE, o poner en marcha la próxima campaña de recaudación del IRPF.

Aunque teóricamente está claro cuáles son las competencias de un Gobierno en funciones, sólo trámites administrativos y 'asuntos urgentes', en fuentes del Ejecutivo reconocen que la perspectiva de los dos meses de interinidad fija hasta el 2 de mayo para ver si hay una investidura de verdad, más los 54 días añadidos después si se tienen que repetir los comicios el 26 de junio, más otros dos meses hasta que se pueda formar otro gabinete rompen cualquier previsión. "Entre las decisiones atrasadas, las urgentes previsibles y las que pueden surgir que no conocemos, resulta evidente que habrá que buscar vías nuevas para cumplir con todos los compromisos. El Estado no puede parar". Es el análisis que hacen en medios gubernamentales ante la evidencia de que el actual bloqueo institucional empieza a ser un problema grave porque hay "asuntos que no se pueden aplazar más".

Los primeros síntomas de ralentización del crecimiento económico y decisiones de grandes inversiones retrasadas apremian a los ministerios de Economía y de Hacienda a continuar con unas reformas que ya no pueden acometer al escapar a sus funciones de trámite. El departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene que ponerse ya a preparar el programa de estabilidad para entregarlo en Bruselas en abril. Debe fijar objetivos de crecimiento, reducción de paro y déficit para el ejercicio. A la Comisión Europea no se le puede decir que se espere a las próximas elecciones y posteriores negociaciones entre los partidos para que se pongan de acuerdo allá por agosto o septiembre

El margen de acuerdo entre el Ejecutivo en funciones y los socialistas en la materia es muy limitado. El fallido acuerdo de gobierno de Pedro Sánchez y Albert Rivera incluye un severo capítulo de derogaciones que contradicen los planes de estabilidad y reformas enviados y comprometidos con la UE en los últimos años. Volver a la legislación laboral de la crisis o recuperar el aparato político y burocrático recortado con la reforma local iría en contra de la competitividad privada y los ayuntamientos (el único sector de la Administración en equilibrio presupuestario) volverían al déficit.

El pacto escrito entre socialistas y riveristas incluye además aumento inmediato de lo que llaman "gasto social" en un momento en el que Bruselas espera lo contrario: más medidas de ajuste para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit. Es un paso, el de nuevos recortes, que el Ejecutivo descartaba dar porque confía en el crecimiento económico como solución.

La reforma fiscal esbozada en el documento de Sánchez y Rivera, de corte socialdemócrata al menos a juicio del PSOE, admitía una subida efectiva en la recaudación por el impuesto de sociedades y sucesiones como margen para poder aumentar el gasto. Además, daba por descontado que en la UE les daría otra prórroga para cumplir con el objetivo de déficit.

El Gobierno de Rajoy se prepara para elaborar ese cuadro macroeconómico para Bruselas que podría chocar con sus funciones además de escaso margen de comprensión teórico con los socialistas. Además, Hacienda tendrá que seguir con su pelea con las Comunidades autónomas que piden asistencia financiera (el FLA) a cambio de someterse a las exigencias de control del déficit que les dicta un Ejecutivo saliente cuando algunas de ellas, las controladas por el PSOE y los nacionalistas, lo que esperan es un Ejecutivo central del signo contrario para recuperar aparato político y "gasto social".

Visto el panorama de las urgencias en política económica, las previsibles en política exterior y los continuos pasos del desafío independentista en Cataluña, en medios gubernamentales insisten en que de todas formas el presidente del Gobierno en funciones y Sánchez tendrán que recuperar el diálogo. Según los sectores más optimistas del PP, sería cumplir con una obligación por sentido de Estado que abonaría en las próximas semanas la oferta de Ejecutivo constitucionalista para salir del bloqueo institucional, apuntalar la recuperación económica y desanimar al independentismo en Cataluña.