Es noticia
Moncloa deja en manos del Congreso la solución jurídica si no hay candidato
  1. Elecciones Generales
HAY UN ANTECEDENTE EN MADRID

Moncloa deja en manos del Congreso la solución jurídica si no hay candidato

El precedente consiste en un informe jurídico de la Comunidad de Madrid en el que se admitía la posibilidad de disolución automática de su asamblea en el caso de no sacar adelante una investidura

Foto: El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. (Efe)
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. (Efe)

El Gobierno en funciones considera que escapa a su competencia solicitar a los servicios jurídicos del Estado el análisis de las salidas constitucionales para disolver las Cortes y convocar nuevos comicios en el caso de que no hubiera candidatos a la investidura como ocurre hasta ahora mismo, según insisten en fuentes del propio Ejecutivo. Sin embargo, sí apuntan la posibilidad de que fuera el Congreso la institución que tomara cartas en el asunto y señalan la existencia de un precedente de 2003, cuando la Asamblea de Madrid encargó un estudio sobre posibles salidas al "Tamayazo".

El precedente autonómico, muy cogido por los pelos, consiste en un informe jurídico del Parlamento de la Comunidad de Madrid en el que se admitía la posibilidad de disolución automática de su asamblea en el caso de no sacar adelante una sesión de investidura. El PP había ganado las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en Madrid con 55 escaños, pero se había quedado a sólo uno de la mayoría absoluta. PSOE e IU, que sumaban 56, pactaron para hacerse con el poder y poner al frente de la autonomía a Rafael Simancas. Dos diputados socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, descontentos con el reparto de cargos y la alianza con los comunistas, faltaron al pleno de la votación, con lo que el dirigente del PSOE fue rechazado como presidente.

Los servicios de la Asamblea ofrecieron la citada salida legal automática ante la posibilidad de que no hubiera más candidatos, pero Esperanza Aguirre evitó cualquier complicación jurídica al proponerse con el compromiso de disolver inmediatamente el parlamento, en cuanto fuera nombrada, y convocar nuevas elecciones. Los comicios se repitieron en octubre y Aguirre ya ganó por mayoría absoluta.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoce el "vacío constitucional" que se da en la ley de leyes al fijar un plazo de dos meses entre la primera votación de una investidura de presidente del Gobierno y la disolución de las Cortes por el Rey en caso de que nadie logre una mayoría para desempeñar el cargo. El problema es que si no hay candidato a la investidura, como ocurre de momento, no empieza a correr el plazo de los 60 días porque requiere votación.

Sáenz de Santamaría insiste en que no corresponde al Ejecutivo de funciones explorar vías jurídicas para dar salida a una posible situación de bloqueo institucional que, a su juicio, siempre se puede evitar si Pedro Sánchez accede a negociar un Gobierno constitucionalista de amplia base con el PP y Ciudadanos.

Rajoy sobre el diálogo pendiente con Sánchez: "Que nadie se preocupe porque el momento llegará"

El Gobierno en funciones considera que escapa a su competencia solicitar a los servicios jurídicos del Estado el análisis de las salidas constitucionales para disolver las Cortes y convocar nuevos comicios en el caso de que no hubiera candidatos a la investidura como ocurre hasta ahora mismo, según insisten en fuentes del propio Ejecutivo. Sin embargo, sí apuntan la posibilidad de que fuera el Congreso la institución que tomara cartas en el asunto y señalan la existencia de un precedente de 2003, cuando la Asamblea de Madrid encargó un estudio sobre posibles salidas al "Tamayazo".

Madrid Soraya Sáenz de Santamaría
El redactor recomienda