el servicio jurídico determinará sus funciones

Rajoy pide un informe sobre los límites en el cargo en previsión de largas negociaciones

El PP reconoce que no espera ningún resultado claro en las urnas por la fragmentación del voto y que las conversaciones postelectorales, inevitables y complicadas, pueden durar meses

Foto: Mariano Rajoy, ayer, en Valencia. (Reuters)
Mariano Rajoy, ayer, en Valencia. (Reuters)

El Gobierno se prepara para estar una larga etapa en funciones después de las elecciones del 20-D. Ante la previsible fragmentación del voto y la complejidad de unos pactos postelectorales que se presentan inevitables, el Ejecutivo saliente ha encargado un informe jurídico para acotar qué decisiones puede tomar después de los comicios. El día 1 de enero entrarán en vigor los Presupuestos Generales del Estado, con lo que el capítulo económico está resuelto; pero Mariano Rajoy quiere el detalle de los asuntos de trámite o urgentes que podrá acometer hasta que llegue la hora del nuevo mandato, el propio o el de una coalición alternativa.

El reconocimiento de esa petición de informe, realizado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después del último Consejo de Ministros ‘ordinario’ antes de entrar en funciones, es la mejor muestra de la incertidumbre con que ve el Ejecutivo el arranque de la próxima legislatura.

En el estudio jurídico se establecerán los límites a la gestión que puede realizar el gabinete saliente, siempre al margen de cualquier decisión política o de iniciativa legislativa con destino a las Cortes. También se recogerán los precedentes de otros procesos de relevo en el poder. El que se abre el próximo domingo será completamente distinto si se cumplen los pronósticos de las encuestas, los temores en los dos grandes partidos (PP y PSOE) y las aspiraciones de las fuerzas emergentes como Podemos y Ciudadanos.

Soraya Sáen de Santamaría, durante la rueda de prensa de ayer tras el Consejo de Ministros. (EFE)
Soraya Sáen de Santamaría, durante la rueda de prensa de ayer tras el Consejo de Ministros. (EFE)

En las últimas elecciones generales, celebradas el 20 de noviembre de 2011, el traspaso de poderes se despachó en un mes justo gracias a la mayoría absoluta obtenida por el PP. En las tres primeras semanas de diciembre se constituyeron las Cámaras, se celebró en el Congreso el pleno de investidura de Mariano Rajoy como presidente y se formó a continuación el nuevo Ejecutivo. El principal problema entonces fue que José Luis Rodríguez Zapatero había dejado sin hacer los Presupuestos y el nuevo gabinete tuvo que recurrir al decreto ley urgente desde Navidad hasta para ordenar pagos ordinarios.

En los 37 años de democracia, el partido que ganó las elecciones con un número menor de escaños, 156, fue el PP con José María Aznar al frente en marzo de 1996. Hoy es una cifra que está muy lejos de los cálculos más optimistas de Rajoy, y más aún de los de Pedro Sánchez, aunque sea contando con los diputados de Pablo Iglesias. Aznar tardó dos meses, con la Semana Santa por medio, en cumplir los trámites del relevo después de varias semanas de negociación para obtener un pacto de legislatura para cuatro años con CiU, el PNV y Coalición Canaria. El 4 de mayo pudo formar su primer Gobierno.

Ninguno de los precedentes parece aplicable a la situación actual, por meras cuestiones aritméticas y por la irrupción de dos partidos de nuevo cuño

El periodo de traspaso de poderes entre Aznar y Zapatero después de las elecciones del 14-M de 2004 duró un mes y cuatro días. Después de los atentados del 11-M, el PSOE se impuso en los comicios con 164 diputados y su secretario general fue investido presidente sin necesidad de pactos públicos con otros partidos. Y gobernó después gracias al apoyo en bloque de toda la izquierda y buena parte de los grupos nacionalistas.

Ninguno de los precedentes parece aplicable a la situación actual ante el 20-D, por meras cuestiones aritméticas y por la irrupción de dos partidos de nuevo cuño que tienen como principal objetivo relevar a los tradicionales y hacerlo inmediatamente. Al PP, que parece seguro ganador, ninguna encuesta le da más de 130 escaños en el nuevo Congreso, mientras que las apuestas sobre el PSOE oscilan entre el derrumbe completo hasta perder casi la mitad de sus 110 diputados o que 'sólo' ceda 15. También está el rechazo de Podemos y Ciudadanos, en reñida competencia por el segundo puesto, a servir de complemento a nadie. 

Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera se proponen encabezar "el cambio" en el poder, pero lo que más les une es el objetivo confeso de "expulsar a Rajoy". El jefe de filas de Ciudadanos sólo está dispuesto a votar a favor de su propia investidura. El líder de Podemos tiene ya pactos con los socialistas de apoyo mutuo en toda España en el ámbito municipal y autonómico, pero ahora apuesta por la sustitución del PSOE. Sánchez necesita a los podemitas en cualquier caso para optar a repetir en las generales los acuerdos anti-PP de las municipales y autonómicas; pero también a Ciudadanos o, como alternativa, a la izquierda separatista, e incluso al PNV y CDC.

Pedro Sánchez, en Barcelona. (EFE)
Pedro Sánchez, en Barcelona. (EFE)

Semana Santa, Gobierno o elecciones

Después de las elecciones empezará el baile de los pactos con un largo calendario por delante. La constitución de las nuevas Cortes está fijada para el 13 de enero. Luego empezarán las consultas para formar mayorías de Gobierno y convocar la sesión de investidura del nuevo presidente, con mayoría absoluta exigida en la primera votación y simple en la segunda.

Desde esa primera votación, que no se espera antes de primeros de febrero, la Constitución fija un plazo de dos meses para que el Congreso elija jefe del Ejecutivo. Si no lo hace el Rey tendrá que disolver las Cámaras y se convocarían nuevas elecciones con el refrendo del presidente de la Cámara baja. En teoría y en el peor de los casos, otros comicios para mayo, el actual gabinete de Rajoy podría estar en funciones hasta el verano.

"El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo", dice el artículo 101 de la Constitución para garantizar que en ningún caso haya un vacío de poder. Las previsiones constitucionales y de la complejidad de las negociaciones de los acuerdos postelectorales obligan al gabinete de Rajoy a detallar cuáles pueden ser sus funciones en los próximos meses. En el PP, aunque cuentan con quedar primeros en los comicios, temen que la polivalencia de Albert Rivera estire al máximo la provisionalidad en La Moncloa, hasta un trimestre.

 

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