El 90% de los diputados salientes, vayan o no en las listas, pide indemnización

El 90% de los diputados de la legislatura concluida se ha apuntado a cobrar del Congreso la llamada 'indemnización de transición', paga que les sirve para mantener sus ingresos entre la fecha de disolución de las Cortes (26 de octubre) y la de los próximos comicios del 20 de diciembre. Viene a ser una doble mensualidad con todos sus complementos incluidos a la que se acogen parlamentarios de todos los partidos, vayan o no en las listas electorales y estén o no en edad de jubilación. Esa especie de indemnización por 'despido provisional' cotiza a Hacienda al completo y es incompatible con cualquier otra remuneración pública o privada.

De los 350 diputados salientes, los 52 miembros de la diputación permanente más los 51 vocales suplentes mantienen salario hasta que haya nuevas Cortes. De los 247 restantes, solo 25 han renunciado a seguir cobrando de la Cámara por la citada vía de la paga "de transición". El grueso, un total de 222, se aseguran hasta el 19 de este mes los mismos ingresos que han tenido durante toda la legislatura, entre un mínimo de 3.700 euros brutos al mes para un diputado por Madrid sin cargo y los 5.600 que puede percibir un portavoz de comisión. Sobre esas bases salariales reciben la paga única, que abarca los casi dos meses de tránsito entre un mandato de la Cámara y los comicios.

La indemnización de transición fue establecida en 2006 para dar respuesta a las quejas de los diputados que, cuando dejaban de serlo al disolverse las Cortes y quedaban pendientes de si iban a repetir o no, estaban casi dos meses sin cobrar ni poder reintegrarse a sus profesiones, empresas o puestos en la Administración. Al final de esta legislatura, las mesas de ambas Cámaras determinaron que los parlamentarios 'salientes' percibieran la citada paga casi doble "sometida íntegramente a tributación". Además, en aplicación de la ley reguladora del alto cargo de la Administración, aprobada en marzo de este año, su abono será incompatible "con la percepción de cualquier otra retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas" o empresa u órgano dependiente de la misma, pensión de jubilación, "así como de una actividad privada".

El otro requisito introducido en esta ocasión ha sido el de la publicidad: el Congreso hace pública la relación de los diputados que solicitan la indemnización. En la lista aparecen diputados de todas las formaciones que repiten en las candidaturas de su partido en puestos fijos de salida, otros que se quedan lejos, dirigentes políticos que se han quedado fuera de las listas por voluntad propia (o por caer en desgracia), prejubilados a la fuerza, aspirantes a senadores y el más veterano de la Cámara: Juan Manuel Albendea, de 78 años.

Todos han preferido cobrar indemnización aunque la mitad de ellos aproximadamente sabe que no volverá a ser diputado y tiene que volver a la actividad privada, aspirar a otro tipo de cargo o puesto de funcionario en la Administración o conformarse (los mayores) con la pensión.

Del Grupo Popular hay varios diputados que ahora están en las listas al Senado, como es el caso de Carlos Aragonés, Arenales Serrano o Gabino Puche, y parlamentarios que no han querido repetir, como Eugenio Nasarre, Celinda Sánchez o Andrea Fabra. También los críticos con la renuncia del PP a reformar la ley del aborto que se han quedado fuera, como Lourdes Méndez Monasterio o Javier Puente. Pero no Cayetana Álvarez de Toledo, una de las pocas parlamentarias que han decidido irse del todo desde el mismo momento en que se disolvieron las Cortes.

También hay veteranos socialistas de salida (por decisión propia, renovación forzosa o jubilación) que se han apuntado a la indemnización, como Diego López Garrido, el exministro Jesús Caldera, Julio Villarubia o José Segura.