Rajoy encuentra en el desafío separatista catalán el discurso político para el 20-D

Mariano Rajoy ha puesto en marcha los servicios jurídicos del Estado para adelantar todo lo posible la respuesta legal a la proclama separatista del Parlamento catalán en forma de resolución, incluso antes de que se vote en pleno la próxima semana. El acelerón de Artur Mas, Oriol Junqueras y compañía a sus planes de secesión obliga al presidente del Gobierno a tomar medidas durante la precampaña electoral y a incluir en ella un discurso puramente político, como es la defensa de la unidad de España, frente al previsto y archiconocido de la recuperación económica.

Al echar el cierre a la legislatura, el presidente del Gobierno había dicho el día anterior que tenía todo previsto para frenar al bloque secesionista en Cataluña, aunque esperaba que no fuera necesario aplicar los mecanismos legales correspondientes. No quería adelantar acontecimientos pero Mas, entre la marea de la corrupción y su permanente huida hacia delante, dio el visto bueno al manifiesto para la independencia ayer mismo. Queda por escrito el guion del golpe que el futuro Ejecutivo autonómico debe ejecutar inmediatamente: tomar las competencias en materia de Hacienda y Seguridad Social que corresponden a la Administración central.

En el Gobierno no contaban con esas prisas de Mas, que chocan con cualquier lógica parlamentaria. Los independentistas tienen previsto aprobar su resolución antes de la sesión de investidura del nuevo presidente de la Generalitat, en principio fijada para el 9 de noviembre. CDC, ERC y la CUP marcan las pautas a seguir a un Ejecutivo sin constituir y cuando Mas sigue sin tener cerrada su reelección.

El hecho de que la resolución secesionista vaya a ser incluida hoy mismo en el orden del día del pleno de la Cámara permite a los grupos de la oposición solicitar su reconsideración y a los servicios jurídicos hacer el preceptivo informe. En ese punto empieza a ganar protagonismo el portavoz del PP catalán, Xavier García Albiol, en defensa del constitucionalismo. Y al Gobierno le permite empezar a estudiar respuestas legales incluso antes de que el texto sea votado. De cualquier forma, una vez la resolución de la Cámara sea aprobada en pleno, en principio la próxima semana, el Ejecutivo central lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

También en contra de los trámites democráticos al uso en los países occidentales, el Ejecutivo saliente de Mas sostiene que podía aportar proyectos de ley para la 'desconexión' de Cataluña según el mandato de la nueva Cámara, como si no estuviera pendiente de investidura, y saltándose las resoluciones en contra del Tribunal Constitucional. El TC anulará antes la resolución del Parlamento autonómico por su contenido, tan abiertamente anticonstitucional que incluye un punto con la indicación de saltarse lo que diga el propio TC.

Si los independentistas cumplen su calendario, ese primer choque con la ley estará servido en la primera quincena de noviembre y se prolongará hasta las elecciones. Habrá un constante protagonismo de Rajoy como defensor de "la soberanía nacional" y la igualdad de todos los españoles, con todos sus candidatos secundándole con ese discurso y en cada provincia. Ayer dio la primera respuesta desde La Moncloa.

La novedad después de la reforma del Constitucional es que, planteado el caso de desobediencia ante sus resoluciones, se abre el proceso para suspender en sus funciones (no es inhabilitación) a los responsables. Y todo en plena campaña y con el Gobierno obligado a hacer cumplir la Constitución por indicación del TC.

No obstante, según fuentes gubernamentales, está por ver cómo los separatistas pueden dar nuevos pasos para cumplir sus amenazas de invasión de competencias sin antes investir a un presidente y formar un Gabinete que acometa la misión.

En el Ejecutivo cuentan con parar los pies a Mas y compañía con recursos al Tribunal Constitucional, pero ya no descartan que llegue el momento de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permitiría intervenir (que no suspender) la autonomía catalana. Aunque las Cortes estén disueltas, la Diputación Permanente del Senado está facultada para aprobar la aplicación de esa norma constitucional por mayoría. Es un órgano 'de guardia' compuesto por 39 senadores que se constituye precisamente hoy y en el que más de dos tercios de sus miembros (23 exactamente) son del Grupo Popular.

Las prisas de los secesionistas catalanes van a modificar los debates y los mensajes de los partidos en el periodo preelectoral, sobre todo en el caso de la formación en el poder y de su presidente, Mariano Rajoy. Al PP le aporta discurso político puro añadido al de la recuperación económica, y lo hace en una materia en la que se consideran referente máximo ante los ciudadanos: la unidad de España y la defensa de la Constitución.

A la espera de que Sánchez se aclare sobre el TC

En el PP confían en que el desafío separatista les sirva para movilizar a sus bases, dejar en evidencia, por extemporánea, la apuesta genérica del PSOE de Pedro Sánchez por una reforma genérica de la ley de leyes y a Albert Rivera de comparsa por su escaso peso político en el conjunto del país excepto en Cataluña.

La llamada de Rajoy ayer a ambos fue obligada dada la magnitud del desafío. Pero fue para informar de lo que iba a decir en su declaración pública. En el Gobierno siguen muy dolidos con la oposición del PSOE a la reforma del Tribunal Constitucional que ahora se tendrá que aplicar. Sánchez se sumó al bloque de nacionalistas e independentistas en contra de facultar al TC para frenar procesos secesionistas. En La Moncloa están ahora a la espera de confirmar el cambio de actitud de Sánchez.