Rajoy mantiene en vilo al Congreso y la oposición bajo amenaza de trabajar en agosto

Mariano Rajoy tiene pendiente una decisión que esta vez no afecta sólo a su partido y a sus ministros, sino a todo el Congreso amenazado de quedarse sin vacaciones. La oposición, con los socialistas al frente, no quiere que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Y menos que la Cámara empiece a tramitar el proyecto en julio, siga en agosto y lo cierre en septiembre. A la espera de la orden final de La Moncloa, en el Grupo Popular se empiezan a hacer a la idea de trabajar durante el verano mientras que el PSOE esgrime el compromiso previo del PP de que podían contar con una quincena libre en agosto.

En el Congreso no hay precedentes de haber tramitado los Presupuestos durante las vacaciones parlamentarias oficiales (julio y agosto). La Constitución obliga al Ejecutivo a presentar un proyecto de cuentas del Estado antes de que termine septiembre y todos los gobiernos han dejado para finales de ese mes el envío a las Cortes del texto. PeroJosé Luis Rodríguez Zapatero también fue innovador en esa materiaal anunciar el 29 de julio de 2011 que iba a disolver las Cámaraspero que dejaba la convocatoria de loscomicios generales para casi cuatro meses después, parael 20 de noviembre.

El entonces presidente del Gobierno no firmó el decreto de disolución hasta septiembre, que hubiera sido el mes lógico para celebrar las elecciones,ni presentó proyecto de Presupuestos. No dejó tiempo al nuevo Gobierno para hacer las cuentas nilas dejó hechas. El Partido Popular protestó entonces por la peculiar forma del PSOE de dejar el poder y se enfrentó en diciembre a las consecuencias de una prórroga automática de los Presupuestos que no incluye actualización ni pagos de pensiones y servicios básicos. El nuevo gabinete tuvo que improvisar en fin de año por la vía del decreto ley para subsanar lo más urgenteantes de ponerse en enero a elaborar las cuentas para ese mismo ejercicio.

Casi cuatro años después de la última "zapaterada" en el Gobierno, el Ejecutivo de Rajoy aduce que está obligado a presentar proyecto de Presupuestos para que no se repita lo ocurridoen 2011. Salvo disolución anticipada,Las Cortes estarán abiertas hasta octubre, con lo que el Ejecutivo tendrá la obligación de llevar el proyecto de cuentas del Estado antes del 30 de septiembre. Pero si lo deja para entonces el Gobierno no tendrá tiempo material para aprobarlo,porque necesita entre 6 y 7semanas entre los trámites del Congreso y el Senado. O envía las cuentas a la Cámara Baja en julio o decaerán en otoño.

La oposición socialistaopina lo contrario: que el Gobierno no tiene derecho a aprobar los Presupuestosporque hipotecaría la actuación del gabinete que se puedaformar después de los comicios generales de noviembre. Todavía peor lesviene a los socialistasmeterse entre finales de julio y primeros de agosto en un debate sobre la materia y preparar enmiendascuando Pedro Sánchez sigue sin programa ni discursoeconómico. En el Gobierno insisten en que no hay ningún problema de fondo con dejar hechos los Presupuestos de 2016 porque el Ejecutivo que salga de las urnas siempre puede cambiar lo que estime oportuno a partir de enero con los apoyos que tenga en las nuevas Cortes.

El PSOE aspira a que el Ejecutivo comunique la próxima semanaa la Cámara sus planes y calendario para los Presupuestos, información que también anhelan en el Grupo Popular, más que nada por saber si tendrán algunas semanas de vacaciones (o no) y poder organizarse.La oposición contaba con que se iban a celebrar dos plenos extraordinarios durante julio y que era posiblealguna Diputación Permanente en agosto, pero no en la primera quincena. Si el Consejo de Ministros aprueba el proyecto en julio será para tramitarlo durante casi todo el verano.

Desde el Gobierno insisten en mantener la incertidumbre en cada mensaje, tanto de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el encargado además de meter prisa a todos los departamentos para que tengan listos sus borradores. El próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará el paso previo para remitir a las Cortes el proyecto de Presupuestos: la fijación del llamado techo de gasto.

De nuevo, todo el Gobierno está pendiente de la decisión última de Rajoy, pero también la oposición. En el Grupo Popular hay portavoces que anulan vacaciones y otros que aguantan con sus reservas porque no se acaban de ver discutiendo enmiendas en el Congreso durante el mes de agosto. Reconocen lo positivo que sería para la economía española y su imagen ante los mercados y las instituciones europeas acabar la legislatura con unos Presupuestos sólidos y en fase de expansión. Sería una apuesta por la estabilidad que contrastaría con la demagogia previsible en las propuestas de la oposición, de los partidos parlamentarios, pero sobre todo de los emergentes como Podemos.

La cuestión añadida es queal mismo tiempo y vía enmiendas sus adversarios podrían lucirseante sus respectivos electorados con unas propuestas de más gasto y crecimiento de la administraciónque ya preparanen las Comunidades autónomas y ayuntamientos donde acaban de desembarcar. Rajoy está dispuesto a dilatar todos los plazos, esta vez para desesperación de los ajenos en vez delos propios.