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Redacción - 11/01/2010

La cara de Duran i Lleida debía ser todo un poema. Las servidumbres de los pactos es que a veces te hacen quedar mal hasta con los tuyos. CiU había pactado apoyar al PSOE para sacar adelante la Ley General Audiovisual, a la que el Congreso dio luz verde el pasado jueves. Y por el camino tuvo que tragarse algunos sapos. Como rechazar el caramelo que le ofreció el PP: que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con sede en Barcelona, integrará un comité audiovisual que supervisara el sector. Una bicoca para los Lara y Roures. Eso enterraba el flamante Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que casi nadie quería. Ni los partidos políticos, ni las cadenas.

 

Pero Duran dijo no. Y es difícil que pueda explicar por qué. La enmienda presentada por los populares prácticamente calcaba la de CiU, que incluso negoció con el Gobierno que el CEMA estuviera en Barcelona. Se lo daban todo. Y el resto de formaciones estaban de acuerdo. Nadie quería una duplicidad de organismos, como la que se propicia ahora, con los gastos que eso supone en tiempos de crisis. Además, la vitola de independencia que se ha ganado la CMT ofrecía garantías para la eficacia de un supervisor de nuevo cuño que tendrá que lidiar con uno de los sectores más politizados.

 

“Pero el Gobierno no hubiera aceptado”, se limitaron a apuntar fuentes de la formación catalana preguntadas por su negativa. El propio portavoz de CiU dejó claro cuál era su deseo en la intervención que tuvo en la Cámara, al admitir que su grupo “optaba por un modelo distinto del que opta el Gobierno en cuanto a la creación de un CEMA convergente y en consecuencia ligado a la CMT”. Sin embargo, a la hora de votar… ¿Qué sacó Duran por su apoyo? Concesiones no menores como que dos comunidades autónomas se puedan poner de acuerdo para que sus canales puedan verse en territorio de la otra sin tutelas estatales, con el acuerdo TV-3/Canal 9 en el punto de mira.

 

La maniobra del PP, que en el peor de los casos conseguía sacar los colores a los nacionalistas catalanes, provocó la ira del portavoz socialista, Óscar López Águeda, hombre muy próximo a José Blanco y que vio venir la jugada. “Es filibusterismo parlamentario”, arremetió, asegurando que los populares estaban utilizando la enmienda como un cebo. De lo que nadie habló es de lo que cuesta mantener un organismo público de esta índole. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Competencia se lleva al año más de 13 millones de euros, el Consejo Económico y Social, 10,4. En época en que las miras deberían centrarse en recortar ministerios, la Ley Audiovisual crea un nuevo organismo. Ya se sabe quién se rascará el bolsillo.

 

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