España dejó de ingresar 520M por las 'offshore' creadas en Mossack Fonseca

"He celebrado los Papeles de Panamá, la publicación". Así de claro se expresó Cristóbal Montoro ante los periodistas que le pedían reacciones nada más publicarse los datos de cientos de sociedades del ya famoso despacho Mossack Fonseca. La celebración del ministro de Hacienda español se entiende aún mejor bajo la luz de un nuevo informe que se presenta este jueves en el Parlamento Europeo. El documento estima que las sociedades 'offshore' creadas por el despacho panameño han provocado que el fisco nacional dejara de ingresar, al menos, 520 millones de euros en impuestos.

Encargado por la Comisión que investiga los conocidos papeles de Panamá, el informe pone por primera vez cifras al impacto económico real del negocio 'offshore' del bufete destapado gracias a una investigación coordinada por el ICIJ y publicada en España por El Confidencial y La Sexta.

El grupo de expertos que ha preparado el informe se ha centrado en ocho países: Chipre, Alemania, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido. Ha analizado todas las sociedades de la base de datos de los papeles de Panamá y ha trazado cuántas de ellas tienen vínculos directos con empresas europeas. Basándose en diferentes indicadores, han llegado a la conclusión de que los 28 países de la UE habrían dejado de recaudar hasta 237.000 millones de euros en impuestos desviados a paraísos fiscales de todo el mundo. Cabe recordar que más de la mitad de las compañías creadas por Mossack Fonseca estaban registradas en Islas Vírgenes Británicas.

En España, se calcula que se habrían creados estructuras para esconder al menos 1.870 millones de euros, dejándose así de recaudar al menos 520 millones de euros. Para hacerse una idea del tamaño del agujero, la cifra representa algo más del doble del sobrecoste que los estibadores suponen para el Estado según el informe que promovió la polémica reforma del sector.

Impacto social

El impacto no se limita a las arcas estatales. El dinero que no ingresó habría podido servir, a nivel de los 28 de la UE, para crear 1,5 millones de puestos de trabajo, de acuerdo con las estimaciones más optimistas del informe. "El uso de sociedades 'offshore' para lavado de dinero a través de paraísos fiscales en casos de corrupción reduce la productividad del sector público y pone en peligro los programas de inversión pública", destacan sus autores.

El rastro del dinero público malversado y los esquemas de fraude son lo que ha buscado la policía Europea, Europol, en la base de datos hecha pública por el ICIJ. Su análisis destapó que 1.722 personas estaban directamente relacionadas con casos de lavado de dinero en todo el continente; que 516 personas estaban relacionadas con el crimen organizado y que 116 de ellos tenían lazos con actividades terroristas. En España, como adelantó este diario, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España (SEPBLAC) ha investigado 209 sociedades creadas por Mossack Fonseca.

¿Qué hacer?

El funcionamiento de los esquemas de desvío no sabe de idiomas ni de fronteras. Cuando alguien quiere esconder una propiedad a las autoridades, se pone en contacto con un bufete como Mossack Fonseca. Sus abogados crean una compañía pantalla, que puede servir para que fuera titular de una cuenta en Suiza –como en el caso de las que ostentaban los dirigentes del Canal de Isabel II detenidos- o para ocultarse tras ella y mover bienes o propiedades. Gracias al uso de testaferros, el verdadero beneficiario nunca llegaba a conocerse.

Para evitar esquemas de este tipo, países como Reino Unido o Alemania ya han puesto en marcha la creación de registros públicos donde se puedan consultar los beneficiarios reales de las empresas del país. En España ni siquiera se puede acceder de forma gratuita a los administradores de las mismas y los registros mercantiles no incluyen información sobre dueños reales. Una situación que la convierte en uno de los países ideales para que un testaferro de una gran empresa cree una sociedad pantalla para lavar dinero, tal y como ocurrió en el caso Odebrecht.

Al ser información secreta, la Comisión insta a crear cuanto antes una ley que proteja a quienes filtran información valiosa los medios de comunicación. A la espera de que los estados muevan sus fichas, puede ser la única forma de hacer que hechos de interés público salgan a la luz.