Los papeles de Panamá: cinco problemas por resolver un año después de su publicación

“Dale, dale, dale, ¡publica! ¡Los otros ya han salido!“. El único momento en el que entraron las prisas, tras ocho meses de trabajo, fue la noche del 3 de abril de 2016. Hace hoy un año, El Confidencial, La Sexta y 370 periodistas de un centenar de medios de comunicación de 80 países le daban al botón de ‘publicar’, entraban en directo o encendían los micrófonos para contar al mundo una exclusiva sin precedentes: los papeles de Panamá.

A las 20:00 de ese domingo se comenzaban a conocer las revelaciones surgidas después de haber investigado durante casi un año la información del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en crear sociedades en paraísos fiscales. Los datos llegaron al diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'. Sus reporteros los compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para convertir las filtración en una investigación de alcance mundial que, 12 meses después y tras más de 5.000 piezas informativas publicadas por los medios socios, sigue teniendo consecuencias.

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Numerosos jefes de Estado y de Gobierno se vieron señalados por el trabajo periodístico en países como Reino Unido, Islandia, Argentina o Arabia Saudí.

Hay al menos 150 investigaciones abiertas en más de 80 países. En España, los especialistas contra el blanqueo de capitales del Banco de España han analizado más de 200 sociedades. La Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción han incorporado los datos publicados —y accesibles en la web— en sus pesquisas. En agosto de 2016, además, el Gobierno español aceleró su implicación gracias a los nuevos protocolos bilaterales país-país de intercambio de información tributaria.

Hay medidas, explicaciones y debates que todavía no han arrancado. El aniversario de la mayor filtración de la historia del periodismo puede ser una buena ocasión para empezar a hacerlo.

1. Replantearse qué es un paraíso fiscal

Tras la publicación de la información del despacho Mossack Fonseca, el Gobierno francés decidió eliminar Panamá de su listado de jurisdicciones colaboradoras. Es decir, volvió a considerarlo un paraíso fiscal. El país caribeño firmó con el Gobierno español un acuerdo de intercambio de información y de doble imposición en 2011, en un contexto en que las grandes constructoras españolas se ofrecían para participar en la construcción del Canal de Panamá.

Los datos de los papeles de Panamá indican que la mitad de las sociedades que creó el despacho panameño se crearon en las Islas Vírgenes Británicas. Dos de cada 10, alrededor de 50.000, estaban radicadas en el registro mercantil de Panamá. Para la Comisión Europea, la falta de transparencia y el escaso impuesto de sociedades en este país suponen dos indicadores de riesgo para la evasión fiscal.

Con estos elementos sobre la mesa, se volvió a presentar un patrón ya identificado en la investigación de la lista Falciani que consiste en el uso de sociedades 'offshore' para ocultar al verdadero beneficiario de cuentas bancarias no declaradas en Suiza o en otros países. El comportamiento se explica por la directiva europea del ahorro, en vigor desde 2005 en los países de la UE, y a la que se adhirió Suiza en 2006. A partir de entonces, los bancos del país helvético debían informar de todas las cuentas de sus clientes extranjeros o bien practicarles una retención sobre sus ganancias que podía llegar al 35%. Varias conversaciones de clientes de Mossack Fonseca con trabajadores del despacho exponen el pánico que esto generó entre quienes tenían dinero oculto en Suiza. Pero había una vía de escape: Suiza consiguió que se dejaran fuera de esta obligación las personas jurídicas, es decir, las empresas y sociedades. Por tanto, bastaba con poner una sociedad pantalla intermedia para ocultar al verdadero titular.

Las autoridades fiscales panameñas ya habían puesto trabas a las pesquisas de la Agencia Tributaria española en el pasado. En un caso documentado por este diario, la petición de información del fisco español permaneció ‘dormida’ en los despachos de Panamá antes de ser entregada a Mossack Fonseca. El bufete, a su vez, burló la petición de la AEAT.

2. ¿Para qué crearon una 'offshore'?

Pocos habrían imaginado que uno de los mejores futbolistas del mundo, Lionel Messi, el exministro José Manuel Soria, la hermana del Rey emérito Pilar de Borbón o el presentador Bertín Osborne pudieran aparecer en el marco de una misma investigación periodística. Los papeles de Panamá mostraron al mundo hasta qué punto se extiende la maquinaria de las sociedades 'offshore'. Pero se quedaron en el tintero las razones de muchos de los implicados: si no había nada malo en sus compañías, ¿para qué ocultarlas?

Reconstruyendo el pasado judicial de algunos, los periodistas pudimos llegar a intuir su voluntad. Fue el caso de Leo Messi. La estrella del FC Barcelona y su padre,Jorge Horacio Messi, utilizaron un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña apenas un día después de saberse que había evadido 4,1 millones de euros. Nunca explicaron si habían seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia Tributaria. No hay constancia de que la Fiscalía haya actuado sobre este nuevo caso que afecta a la estrella argentina.

La infanta Pilar de Borbón se limitó a decir que utilizó una sociedad en Panamá “para desarrollar su actividad profesional fuera de España". Más allá de si su uso fue en los márgenes de la legalidad, ¿por qué la familia real tuvo que recurrir a este sistema opaco para gestionar una compañía?

Parecido fue el caso del exministro de Industria José Manuel Soria. Además de sus contradicciones —pasó de no tener nada que ver con una sociedad en Bahamas a confesar que era de su familia en solo 24 horas—, nunca dio explicaciones sobre cómo su firma manuscrita había acabado plasmada en un documento de una sociedad en Jersey en 2002, un año antes de estrenarse como diputado en el Parlamento de Canarias. El diseño de su entramado era muy similar a los que se utilizan para eludir impuestos. Las sociedades de Jersey gozan de una imposición cercana a cero y del secreto bancario.

El citado Bertín Osborne sí dio explicaciones, así como el cineasta Pedro Almodóvar o el expiloto Alex Crivillé.

3. Los derechos de imagen de los futbolistas

Cobrar los derechos de imagen en una sociedad en un paraíso fiscal, y en general en una sociedad en el extranjero, es una práctica al filo de la legalidad. Después de años de pasividad, la Agencia Tributaria ha puesto el foco sobre ella. La condena a Javier Mascherano, jugador del FC Barcelona, y las investigaciones a sus excompañeros Adriano o Xabi Alonso lo corroboran.

Los papeles de Panamá pusieron de manifiesto cómo varios exjugadores de la Real Sociedad y estrellas como Diego Forlán, Iván Zamorano, Gabriel Heinze o Leonardo Ulloa también se expusieron a estas redes societarias para evadir impuestos.

Los deportistas a menudo ceden sus derechos de imagen a una sociedad que los gestiona. Esta sociedad —que suele ser una sociedad intermediaria, no una empresa con verdadera actividad— vende a su vez los derechos de imagen al club o a las marcas que los promocionan. Esta sociedad, propiedad del mismo jugador o de sus familiares, cobra por la explotación de la imagen del deportista unas cantidades que intentan hacer tributar como impuesto de sociedades, por debajo de lo que habría que pagar si fuera IRPF. Y esto al margen del sueldo habitual que el equipo paga al jugador.

Pero a juicio de la Agencia Tributaria, los rendimientos derivados de los derechos de imagen deben ser computados como IRPF, que se aplica a las personas físicas y no a las empresas.

A pesar de las revelaciones de los papeles de Panamá, de las pesquisas judiciales y de los casos que destapó otra investigación periodística, FootballLeaks, todavía queda pendiente que Hacienda actúe con decisión sobre este problema.

4. Sin noticias del beneficiario final

La posibilidad de ocultar el dueño real ('beneficiario final') de una empresa es la razón por la cual las actividades de evasión de impuestos y de blanqueo de dinero de medio mundo pasan por los paraísos fiscales. Son raras las ocasiones en las que un caso de corrupción no incluya alguna compañía 'offshore'. Incluso cuando policías, fiscalías o jueces se ponen a investigar, las jurisdicciones opacas representan una traba difícil de superar para sus especialistas.

Desde 2013, Reino Unido, en primer lugar, y luego otros ocho países (Francia, Nigeria, Afganistán, Nueva Zelanda, Jordania, Indonesia, Irlanda y Georgia) se comprometieron a hacer públicos los datos de los beneficiarios finales de todas sus compañías. Desde junio de 2016, cualquier persona puede verificar ‘online’ la identidad de los dueños de cualquier sociedad británica.

¿Y en España? El registro mercantil permite conocer a los administradores y consejeros de cualquier sociedad. La información que lo acredita es de pago. El registro no es accesible ‘online’. Pero ni siquiera previo pago puede llegarse a conocer el beneficiario final de una sociedad. Así, quienes utilizan testaferros para ocultarse, pueden seguir haciéndolo sin miedo a ser descubiertos.

Precisamente este lunes, con ocasión del aniversario de la publicación de los papeles de Panamá, varias organizaciones no gubernamentales lanzan la primera versión del Registro Global de Beneficiarios Finales. En esta web única y de acceso libre, se pretende incluir a los dueños últimos de todos los registros que —por voluntad propia o tras filtraciones como la que sufrió Mossack Fonseca— se ponen a disposición del público.

5. Regular a los intermediarios

Cualquier persona puede poseer una sociedad opaca en un paraíso fiscal. Pero los papeles de Panamá dejaron claro que es complejo hacerlo sin un buen intermediario, generalmente un experto fiscal. Se trata de una pieza clave en la maquinaria 'offshore' y es un papel que suelen desempeñar los despachos de abogados.

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Por cuenta de su cliente, contactaban con Mossack Fonseca para crear el esquema que mejor se adaptase a los intereses y necesidades del beneficiario. Gestionaban la parte burocrática y administrativa. En la mayoría de los casos, Mossack Fonseca no entraba en contacto con el verdadero beneficiario de la sociedad.

Despachos de abogados como Nummaria fueron señalados en la ola de revelaciones de los documentos panameños. La Audiencia Nacional ha asegurado haber puesto la lupa en otros despachos. Este mismo periódico ha revelado las artimañas de algunos de ellos, más o menos conocidos.

Los bancos también han sido facilitadores durante años de sociedades sin actividad. La Guardia Civil registró la sede del HSBC en junio de 2016, siguiendo los hilos de otra investigación, la de la lista Falciani. A la espera de conocer los resultados de estas pesquisas, que están en manos de la Fiscalía Anticorrupción, el papel de los bancos españoles como intermediarios no ha sido escrutado. A la espera, quizá, de una nueva revelación periodística que no deje más opciones al Estado español.