12 consejos de un nobel de Economía para acabar con los paraísos fiscales

"Como el terrorismo, los paraísos fiscales son un problema global. Y debemos luchar contra ellos como hacemos con el terrorismo. Si hasta ahora no se ha hecho, ha sido porque hay demasiados intereses que quieren mantener su secretismo". Así de contundentes se muestran Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, y Mark Pieth, expresidente el grupo de trabajo sobre sobornos en transacciones internacionales de la OCDE, en un informe presentado este martes en Bruselas. Ha sido la víspera de la intervención del nobel ante la comisión de Investigación de los papeles de Panamá organizada en el Parlamento Europeo.

El documento cobra especial importancia no solo por el nivel de sus autores, sino también por sus circunstancias. Tras la publicación de los 11 millones de documentos del despacho Mossack Fonseca, coordinada por el ICIJ y en la que participó El Confidencial, Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, invitó a Stiglitz y Pieth a formar parte del comité de expertos que evaluaría las reformas necesarias para mejorar la transparencia fiscal de su país. Tras pocos meses, ambos decidieron abandonar el comité como protesta ante la decisión de la presidencia de no hacer públicos sus resultados finales. Ambos siguieron el trabajo por su cuenta, hasta dar vida a un informe propio, disponible íntegro aquí.

El análisis de estos dos expertos se centra en subrayar que los paraísos fiscales representan "el lado oscuro de la globalización". Sin embargo, ha lamentado Stiglitz en la mañana de este miércoles ante el Parlamento Europeo, nunca se enfocan desde una perspectiva global, como sí se hace, por ejemplo, con el cambio climático o el terrorismo. En esta línea, ha elaborado 12 recomendaciones a seguir si —de verdad— se quiere acabar con los agujeros legales que permiten operar en las jurisdicciones no cooperativas fiscalmente, conocidas como paraísos fiscales.

1. Crear registros públicos de beneficiarios. Todos los países deberían permitir el acceso público a los dueños reales de sus empresas. Esto haría más difícil de lo que es hoy esconderse detrás de complejos entramados societarios con testaferros y 'prestanombres'. En esta línea, Reino Unido ha hecho pública esta información a comienzos de este año, convirtiéndose en una 'rara avis' a nivel mundial. En España, no se puede acceder al beneficiario real de una empresa a partir de fuentes públicas de información.
   
2. Intercambiar información de forma automática. Cada Estado debería poder contrastar la base de datos de su Agencia Tributaria con la de otro país de forma automática. Y lo mismo debería ocurrir con los citados beneficiarios finales. Los convenios actuales están moviéndose en esta dirección, pero muchas jurisdicciones, como recientemente demostró la filtración de datos del registro mercantil de Bahamas, todavía no los quieren adoptar.
3. Recopilar, verificar y publicar información societaria. La transparencia no acaba en el intercambio. Si todas las compañías tuvieran que presentar un documento anual donde listaran la actividad realizada, los impuestos pagados y los beneficiarios finales, se eliminarían las sociedades zombis, que sirven solo para crear entramados societarios. Las compañías de Islas Vírgenes, por dar un ejemplo de la jurisdicción en la que más trabajaba Mossack Fonseca, no tienen que cumplir con ninguno de estos requisitos.
   
4. Sancionar a quien trabaje con paraísos fiscales. Para "dejar fuera del sistema" a los paraísos fiscales es importante dejar claro que utilizarlos no sale gratis. Para hacerlo, proponen los autores, se debería:

• Multar o ilegalizar la apertura de cuentas bancarias en países no cooperativos por parte de ciudadanos que viven en jurisdicciones cooperativas.
• Ilegalizar o multar a las personas y las corporaciones que sean accionistas o directores de una sociedad en un paraíso fiscal.
• Multar o ilegalizar cualquier banco que opere o interactúe con instituciones financieras en países no cooperativos.

1. Hacer públicos los acuerdos de las multinacionales con los gobiernos. Los casos de IKEA, Amazon o Burberry con Luxemburgo o, más recientemente, el de Apple con Irlanda, han dejado patente cómo las grandes multinacionales llegan a acuerdos ‘ad hoc’ para pagar menos del 1% de impuestos en los estados donde operan. Este tipo de acuerdos, al ser firmados con cada Hacienda nacional, deberían hacerse públicos.
   
2. Supervisar los intermediarios: bancos y abogados. Los estados deberían supervisar los proveedores de servicios legales 'offshore'. Como demostraron los papeles de Panamá, se trata sobre todo de bancos y abogados. "Asegurar que haya una genuina razón económica para abrir una determinada sociedad" debería ser un requerimiento básico.
   
3. Publicar los nombres de los implicados en transacciones internacionales de compraventa de inmuebles. Varias investigaciones periodísticas en Reino Unido y en Estados Unidos han destapado que la mayoría de apartamentos de lujo en Nueva York o Londres están a nombre de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales. Desde Washington, se ordenó publicar los dueños reales de los inmuebles cuando la sociedad en cuestión está afincada en determinadas jurisdicciones. Por su parte, el Parlamento de Reino Unido aprobó la obligación de que los dueños de este tipo de bienes detallaran con qué fondos han podido adquirirlos.
   
4. Limitar la actividad de los agentes. A día de hoy, un empleado de una firma legal puede ejercer de secretario o director de cientos o incluso miles de compañías. Una situación que permite mantener en vida decenas de sociedades instrumentales. Los directores y agentes que llevan una sociedad, indican Stiglitz y Pieth, deberían tener limitado el número de compañías en cuya estructura legal pueden aparecer.
   
5. Exigir responsabilidad institucional. Las instituciones de todos los países que se dedican a intercambiar o recibir información tributaria deberían contar con personal absolutamente independiente. No era así en el caso de Panamá, donde Ramón Fonseca, fundador de Mossack Fonseca, era ministro en el Gobierno del país hasta un mes antes de la publicación de los famosos papeles.
   
6. Proteger a los filtradores. Todos los países deberían contar con leyes en defensa de quienes filtran información valiosa, como la de los papeles de Panamá, la Lista Falciani o LuxLeaks. Antoine Deltoure, el empleado de PwC que filtró los acuerdos secretos de las multinacionales con el Gobierno de Luxemburgo, ha sido condenado este mismo verano.
   
7. Mejorar las leyes de transparencia. Una ley de transparencia que tenga pocas limitaciones a su uso es clave para derribar la opacidad. Recientemente, la Agencia Tributaria española no quiso desvelar ningún tipo de información sobre los beneficiarios de la amnistía fiscal.
   
8. Vigilar las medidas adoptadas. La economía global en el siglo XXI es tremendamente rápida en encontrar ‘agujeros legales’ por donde pueden colarse millones de euros en impuestos. Por ello, los países, además de implementar las medidas, deberían contar con un comité que mantuviera un seguimiento especial sobre ellos.