Las investigaciones fiscales se suceden por todo el mundo tras los papeles de Panamá

En el secreto de los despachos y sin ruido mediático. Tras la avalancha de repercusiones políticas inmediatas, desde la dimisión del ministro José Manuel Soria hasta la del primer ministro islandés pasando por las declaraciones de Obama, los papeles de Panamá están empezando a tener consecuencias prácticas en todo el mundo a los seis meses de su publicación. Incluso en España.

Pocos días después de que salieran a la luz el pasado 3 de abril, la Audiencia Nacional ya pedía datos a la Agencia Tributaria para cotejar la información que este periódico hacía pública junto a La Sexta en el marco de una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el 'Süddeutsche Zeitung'y en la que colaboran un centenar de medios y más de 400 periodistas de todo el mundo. Se trataba de aportar nuevos datos y documentos a causas ya judicializadas.

A partir de la publicación de la base de datos el 3 de mayo, la Agencia Tributaria utilizó la información de los papeles de Panamá para abrir o ampliar inspecciones a decenas de contribuyentes, según ha podido confirmar este periódico. Además, Haciendaha enviado requerimientos de información a varios países en los que se habían creados sociedades ‘offshore’ a través de Mossack Fonseca. Por su parte, la Audiencia Nacionalha puesto el foco sobre los abogados, bancos y otros intermediarios que ayudaron a crear esas compañías.

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Los organismos internacionales se habían movido incluso antes. Los miembros de la OCDE tardaron tan solo diez días desde la primera información sobre Mossack Fonseca en comprometerse afacilitar información sobre los beneficiarios últimos de las sociedades pantalla. Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha constituido una comisión de investigación, inaugurada la pasada semana, que se encargará durante los próximos doce meses de estudiar qué normas comunitarias violaronel despacho panameño y los ciudadanos de más de 200 países que usaron sus servicios. Sus indicaciones servirán para dar paso a nuevas directivas contra el blanqueo de dinero y el uso de paraísos fiscales.

Al mismo tiempo, varios países han tomado medidas de fomento de la transparencia con el objetivo de eliminar el secretismo de los registros mercantiles. Un mes después de la publicación de los papeles de Panamá, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, remitió una batería de medidas legislativas al Congreso entre las que destaca la creación de un registro público nacional con la identidad de los propietarios reales de cada compañía. Por su parte, Francia publicó 'online' el detalle de más de 16.000 'trusts'(fideicomisos) relacionados con el país.

Dinamarca paga, Reino Unido multa

Como en el caso español, la inmensa mayoría de los países ha abierto investigaciones fiscales contra las personas y empresas que aparecen citadas en los 11,5 millones de documentos internos del despacho panameño Mossack Fonseca. Estas pesquisas buscan acreditar si los hechos desvelados por la mayor investigación periodística de la historia son constitutivos de delito, de modo que los gobiernos tengan opción de recuperar parte del dinero oculto en los paraísos fiscales.

Canadá, México, Argentina, Australia, Pakistán, Nigeria o Malta son algunos de los países que han reconocido estar revisando los papeles de Panamá y cotejando los datos del bufete de abogados con los declarados a las agencias tributarias. Las autoridades fiscales ya han contactado en muchos casos con los afectados para solicitarles más información al respecto. En Israel incluso se llegó a detener a dos empresarios nombrados en la documentación de Mossack Fonseca.

Pero ha sido Dinamarca el país que más lejos ha ido en las pesquisas relacionadas con los papeles de Panamá. El Gobierno nórdico pagó 1,2 millones de euros a una “fuente anónima” contactada a través de otro país para tener acceso a parte de estos documentos. De esta forma, el país busca tener más información de cara a investigar a los cerca de 600 daneses que aparecen en los archivos del despacho panameño. Las autoridades fiscales de Dinamarca han manifestado su intención de remitir la información relacionada con otros países que aparezca en este paquete de documentos en virtud de los acuerdos internacionales.

Los papeles de Panamá no solo han puesto el foco sobre las personas que ocultan su elevado patrimonio tras el velo de las compañías ‘offshore’ sino también sobre los facilitadores de estas complejas estructuras societarias. Estos no son otros que bufetes de abogados, consultoras y bancos. El Tesoro británico, por ejemplo, ha anunciado su intención de multar con el 100% de los impuestos no declarados a aquellos profesionales que ayuden a constituir complejas redes internacionales de sociedades a sus clientes. Por su parte, Taiwán está investigando al banco Mega Bank después de que las autoridades de Estados Unidos le impusieranuna multa de 180 millones de dólares por sus vínculos con Mossack Fonseca.

Tras los papeles de Panamá, Mossack Fonseca ha decidido cerrar su división financiera (MAMSA) y las oficinas de Jersey, Isla de Man y Gibraltar

Desde la publicación de los documentos secretos, el despacho panameño también ha empezado a ser investigado en varios países. Por ejemplo, seis trabajadores de Mossack Fonseca Brasil han sido acusados de varios delitos, mientras el multimillonario Paul Singer ha llevado a los tribunales a la oficina de Nevada por obstrucción a la justicia. Como consecuencia de los papeles de Panamá, Mossack Fonseca ha decidido cerrar su división financiera (MAMSA) y las oficinas de Jersey, Isla de Man y Gibraltar.

Además del bufete de abogados, el país caribeño, que prevé un descensodel 20% en el número de nuevas sociedades constituidas este año, ha sido el otro epicentro del huracán desatado hace seis meses. El Gobierno presidido por Juan Carlos Varela reaccionó constituyendo una comisión de investigación para analizar los claroscuros de la industria ‘offshore’ panameña. La comisión apenas tuvo recorrido tras la renuncia del premio Nobel Joseph E. Stiglitz y el experto suizo anticorrupción Mark Pieth ante la falta de transparencia en la publicación del informe final.

La segunda reacción de Panamá fue la aprobación de una ley para castigar a países y organizaciones internacionales como la OCDE que acusen al país de ser un paraíso fiscal. El texto plantea tanto medidas fiscales y arancelarias como restricciones migratorias y laborales, además de dificultar el acceso a contrataciones públicas en el país caribeño. Esta ley fue la respuesta de Panamá a la intención de Francia de incluirla en su lista de paraísos fiscales.