Hacienda acude a la Justicia para no publicar las sociedades regularizadas con la amnistía

Una agencia dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acaba de llevar a los tribunales a otra institución englobada jerárquicamente en el mismo departamento. La Agencia Tributaria ha presentado un recurso contencioso administrativo contra una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en la que se le instaba a proporcionar a El Confidencial la relación de sociedades extranjeras regularizadas gracias a la amnistía fiscal y su jurisdicción, solicitada mediante una petición de acceso a la información pública a través del Portal de la Transparencia. La decisión del organismo dirigido por Santiago Menéndez llega en plena polémica por el uso de sociedades pantalla y la industria ‘offshore’ a raíz de la publicación de 'Los papeles de Panamá' por parte de El Confidencial y laSexta en España.

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Interpuesto por el propio director general de la Agencia Tributaria, el recurso ha sido remitido al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid. No es la primera vez que una institución pública lleva a los tribunales una decisión del Consejo de Transparencia. Al menos diez recursos se han presentado ya contra resoluciones del CTBG, entre los que figuran dos de RTVE para ocultar los gastos de Eurovisión 2015 y el coste de los canales de televisión o uno del Ministerio de la Presidencia para no publicar información relativa al cumplimiento de obligaciones de Gobierno Abierto.

Presentada por El Confidencial el pasado 25 de septiembre, la solicitud de acceso a la información pública buscaba conocer la “relación de empresas situadas en el extranjero y jurisdicción que han sido comunicadas a la Agencia Tributaria mediante los modelos 720 y 750 desde la entrada en vigor de ambos modelos”. La petición aclaraba que no se requería ni “la identidad del declarante tributario ni el modelo utilizado para su comunicación a la Agencia Tributaria”.

Tras la ampliación del plazo de respuesta por un mes más, la Agencia Tributaria se amparó en el silencio administrativo para no contestar a la petición en el plazo legal establecido. Ante esta tesitura, El Confidencial recurrió la falta de respuesta de la entidad dirigida por Santiago Menéndez ante el Consejo de Transparencia el pasado 14 de diciembre.

Un mes más tarde, llegaba por fin la respuesta de la Agencia Tributaria. La entidad denegaba el acceso a la información en virtud del “carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria” recogido en la Ley General Tributaria. Sin embargo, el recurso presentado por El Confidencial ante el CTBG seguía su curso.

El Consejo de Transparencia dio finalmente la razón a El Confidencial e instó a la Agencia Tributaria a proporcionar el listado de las sociedades regularizadas gracias a la amnistía fiscal. “Teniendo dicha información el carácter de pública (…) y no existiendo límites ni causas de inadmisión que impidan facilitarla, dado que la Administración no argumenta que existan dichas causas, debe estimarse la reclamación presentada”, sostuvo la institución presidida por Esther Arizmendi.

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Sin embargo, la Agencia Tributaria se guardaba un as en la manga: llevar a los tribunales esta decisión. Con el recurso contencioso administrativo, la autoridad fiscal española retrasa la publicación de estos datos, ocultando de esta forma el nombre y la jurisdicción de las sociedades extranjeras afloradas tras la amnistía fiscal. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, afirmó ayer que pedirá al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, la identidad de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal y que aparecen en ‘Los papeles de Panamá’.

El carácter reservado de los datos fiscales

La consideración de carácter reservado implica que los datos fiscales obtenidos por la Agencia Tributaria son considerados secreto de Estado. “Los funcionarios no pueden usar esta información fuera de las excepciones previstas. En Hacienda se tiene muy interiorizado este concepto, aunque es cierto que podría ser de otra forma”, expresa José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado y experto en prevención de blanqueo de capitales.

Peláez recuerda que la publicación del listado de deudores de Hacienda el pasado mes de diciembre requirió la redacción de un nuevo artículo, el 95 bis, en el que se regula con muchos detalles y excepciones esta circunstancia. “Esta lista tiene muchas deficiencias para el escarnio público. Habría que ver si queremos dar un salto demasiado grande o no en la publicidad de los datos fiscales, ya que en España tenemos una legislación con muchas deficiencias en comparación con los países más avanzados”, subraya el inspector de Hacienda. Y sentencia: “Nadie se ha planteado avanzar en este sentido porque desnudar y publicar las bases fiscales no está en nuestra cultura”.

Ante la investigación de ‘Los papeles de Panamá’, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, involucrados de otros países han optado por publicar sus declaraciones de la renta. Fue el caso del primer ministro británico, David Cameron, medida que imitaron otros líderes políticos del Reino Unido. Asimismo, la Comisión Europea está presionando a las multinacionales para que revelen los impuestos pagados y beneficios obtenidos en suelo europeo, según publica The Guardian.

Todos salen en tromba diciendo que los paraísos fiscales se han acabado, pero cuando pasa el chaparrón, apenas se toman medidas efectivas

Además de la lista de deudores de Hacienda, la Agencia Tributaria también se ha visto obligada a publicar los importes declarados por los contribuyentes españoles en el extranjero mediante el modelo 720, fruto de las reiteradas solicitudes llegadas a través del Portal de la Transparencia pidiendo esta información. Estos datos permitieron revelar que más de la mitad del patrimonio en el extranjero declarado en 2012 procedía de paraísos fiscales.

“Cualquier escándalo como el de ‘Los papeles de Panamá’ hace subir el grado de indignación ciudadana y el legislador lo percibe”, constata Peláez. Sin embargo, tacha de “enorme hipocresía” las airadas reacciones de los Gobiernos y los organismos internacionales durante los días siguientes a la publicación. “Todo el mundo sale en tromba diciendo que los paraísos fiscales se han acabado, pero cuando pasa el chaparrón, apenas se toman medidas efectivas”, expresa el inspector de Hacienda.

Registros públicos poco transparentes

No solo los datos fiscales tienen restringida su publicidad en España. Acceder a información pública almacenada en registros como el mercantil o los de la propiedad también es misión casi imposible en nuestro país. Sin ir más lejos, El Confidencial solicitó hace varias semanas el “detalle de las empresas o personas jurídicas extranjeras que tienen en propiedad terrenos en España”. El Ministerio de Justicia denegó la petición por no ser “competente” para “dar a conocer los datos que obran en los asientos de los Registradores de la Propiedad”, pese a que estos funcionarios dependan del departamento dirigido por Rafael Catalá.

La Dirección General de los Registros y el Notariado arguyó que “la competencia para dar publicidad al contenidos de los asientos registrales corresponde al Registrador de la Propiedad que tenga a su cargo el distrito hipotecario en que radique la finca sobre la que se solicita la información”. Es decir, la información sobre los dueños de las propiedades se encuentra dispersa entre el millar de registradores españoles al no existir un registro central, por lo que habría que presentar una solicitud de información en cada registro de la propiedad.

Esta respuesta fue ratificada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ya que “parece adecuada la interpretación por parte del Ministerio de Justicia (…) por ser información de la que este organismo no dispone”.

En cambio, otros países europeos sí tienen centralizados estos registros. Por ejemplo, en Reino Unido se puede consultar en formato abierto los terrenos y propiedades cuyos titulares son sociedades extranjeras. The Guardian utilizó esta información para cruzarla con los 11,5 millones de documentos internos de Mossack Fonseca y averiguar las sociedades ‘offshore’ que ostentan propiedades en Reino Unido.

El Registro Mercantil español también ha sido objeto de críticas por parte de los defensores de la transparencia pública. Access Info ha lanzado una campaña en la que exige la gratuidad del acceso a la información de este registro, al considerar que se trata de datos públicos. Solo un país de la Unión Europea, Dinamarca, garantiza el acceso libre al Registro Mercantil.