Mossack Fonseca ayudó a españoles a ocultar su patrimonio en paraísos fiscales

Políticos, deportistas y grandes magnates. También abogadas, pequeños empresarios o cabezas de familia. Incluso criminales o espías. Todos ellos cruzan sus caminos en paraísos fiscales a través de un mismo despacho de abogados panameño. Durante las últimas cuatro décadas, cientos de españoles se sirvieron de los servicios del bufete Mossack Fonseca para ocultar su patrimonio a los ojos de las autoridades fiscales, la opinión pública o incluso de su propia familia. El secretismo se conseguía transfiriendo los bienes a una compañía ‘offshore’, ocultando de esta forma la propiedad real de estos activos. Hasta ahora.

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Una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' revela desde esta semana las principales personas y prácticas más habituales que se esconden detrás de las entidades constituidas en paraísos fiscales por Mossack Fonseca, considerado como uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades ‘offshore’. Las exclusivas españolas de ‘Los Papeles de Panamá’ se publicarán en El Confidencial y La Sexta como resultado de un trabajo periodístico conjunto iniciado en julio de 2015.

Al menos 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal española aparecen en los documentos secretos. La cifra de compañías, accionistas y beneficiarios son considerablemente conservadoras, ya que algunos españoles han referido una dirección extranjera. También hay que tener en cuenta que la dirección postal no siempre figura en la base de datos del despacho, más allá de que sí pueda aparecer en otros documentos internos.

Es el caso de la infanta Pilar de Borbón, quien aparece en un documento interno de agosto de 1974 como presidenta y administradora de la sociedad panameña Delantera Financiera SA. O el de Leo Messi, cuyo autógrafo figura en una carta dirigida a Mossack Fonseca relacionada con otra compañía de Panamá un mes después de que en junio de 2013 se conocieran los líos fiscales del futbolista argentino del Barcelona. El Confidencial y La Sexta publicarán otros nombres relacionados con España durante los próximos días.

Más allá de los personajes españoles, ‘Los Papeles de Panamá’ desvelan la conexión con paraísos fiscales de socios y amigos íntimos del presidente ruso Vladimir Putin, del primer ministro de Islandia y su mujer o del rey Salman de Arabia Saudí. Hasta 12 jefes de Estado o primeros ministros en el cargo, entre los que figura el argentino Mauricio Macri, y 128 políticos aparecen en los 11,5 millones de documentos que conforman la mayor filtración de la historia del periodismo.

Para escrutar y analizar tal magnitud de información, el ICIJ ha coordinado un equipo de más de 370 periodistas que han trabajado en más de 25 idiomas en la mayor colaboración mediática realizada hasta la fecha. A comienzos del mes de mayo, esta organización hará pública la base de datos con todas las sociedades y las personas relacionadas con ellas.

Islas Vírgenes Británicas y Panamá

Pese a ser un despacho panameño, la actividad profesional de Mossack Fonseca no se limita al país caribeño. De hecho, más de la mitad de las 214.488 entidades ‘offshore’ que aparecen en la filtración están registradas en Islas Vírgenes Británicas, un territorio considerado paraíso fiscal tanto por España como por la Comisión Europea. Las sociedades panameñas, por su parte, apenas representan el 23%. Entre ambas jurisdicciones suman tres de cada cuatro compañías de la filtración.

A diferencia de Islas Vírgenes Británicas, el estatus del país de América Central varía para España y la Comisión Europea. Mientras que nuestro país dejó de considerar a Panamá paraíso fiscal en 2011 merced a la firma de un Convenio de Doble Imposición entre ambos gobiernos, la Comisión Europea lo incluyó el pasado verano en su lista, lo que desató las iras del Gobierno panameño. Y esto a pesar de que Panamá eliminó en 2015 una de las figuras que más garantizan el anonimato del dueño de una sociedad, como son las acciones al portador.

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Este servicio, como otros muchos de los ofrecidos por la industria ‘offshore’, es legal. Pero los documentos a los que han tenido acceso El Confidencial y La Sexta muestran que diversos actores del sector -los datos hablan de más de 14.000 clientes de Mossack Fonseca, entre los que figuran bufetes de abogados y bancos- han obviado a menudo los requerimientos legales necesarios para evitar la utilización de estas sociedades por criminales, defraudadores fiscales o políticos corruptos, además de proteger a sus clientes de investigaciones judiciales en curso.

“Ni fomentamos ni promovemos actos ilegales”, alegó Mossack Fonseca en un escrito remitido al ICIJ. Y añadió: “Seguimos la ley al pie de la letra. Por esta razón, nunca hemos sido acusados de conducta criminal en casi 40 años de actividad”. En una entrevista reciente, Ramón Fonseca, socio fundador de la firma y asesor del presidente de Panamá hasta hace apenas tres semanas, alegó que su bufete no tiene ninguna responsabilidad en lo que hagan los clientes con sus sociedades ‘offshore’ y equiparó su labor a la de una fábrica de coches. “Usted hace lo que sea con un coche. Si roba con él, no es culpa de la agencia ni de la fábrica. Nosotros somos agencia y fábrica. Construimos sociedades y las vendemos, y la persona que la compra es la responsable”, expresó en declaraciones al diario panameño ‘La Estrella'.

En el caso específico de España, muchas de estas compañías ‘offshore’ han sido regularizadas en el marco de la amnistía fiscal aprobada en marzo de 2012, una de las primeras medidas llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy. La polémica decisión -por la cual se declararon 91.000 millones de euros en 2012, más de la mitad procedentes de países con grandes ventajas fiscales- supuso para la mayoría de los evasores la luz al final del túnel de sus obligaciones pendientes con la Agencia Tributaria. La medida provocó una inmediata y precipitada reacción en los bufetes de abogados con clientes españoles, como ponen de manifiesto ‘Los Papeles de Panamá’.

Historial conflictivo

Considerado como “un gran blanqueador de dinero” por parte del fiscal brasileño encargado del caso Petrobras, el nombre de Mossack Fonseca ha aparecido en los últimos meses en varios casos de corrupción. En enero, la Policía Federal de Brasil ordenó la detención de cinco empleados de la filial brasileña del bufete en el marco de la operación Lava Jato (lavadero de coches, en español), que investiga por corrupción a la cúpula directiva de la petrolera Petrobras, un caso que ha supuesto también la detención del expresidente Lula da Silva y salpicado a la actual presidenta, Dilma Rousseff. La Policía Federal acusó a Mossack Fonseca en Brasil de destruir documentos de compañías 'offshore' vinculadas a la trama. La firma panameña también estuvo involucrada en el escándalo de corrupción de socios próximos a los presidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner por la creación de sociedades en paraísos fiscales a través de su oficina de Nevada (Estados Unidos).

En febrero de 2015, la policía registró la sede del banco alemán Commerzbank, uno de los mayores del país, ante sospechas de fraude fiscal por parte de su filial luxemburguesa. La investigación también abordó la responsabilidad de Mossack Fonseca en la trama. Esta operación se desencadenó después de que las autoridades fiscales alemanas compraran documentos internos de la firma panameña a un denunciante anónimo. Esta información fue ofrecida posteriormente a las autoridades fiscales de Reino Unido, Estados Unidos y otros países. España rechazó desde un principio comprar datos internos de Mossack Fonseca que durante los dos últimos años alguien ofreció a las autoridades fiscales de diversos países, de acuerdo a fuentes oficiales alemanes contactadas por 'Süddeutsche Zeitung'. El diario alemán obtuvo ‘Los Papeles de Panamá’ después del registro del Commerzbank y sin previo pago de ningún tipo.

No pagar por documentos procedentes de filtraciones es una práctica habitual en España, ya que los denunciantes pueden exigir más dinero en función de los resultados de la posterior investigación tributaria. "Cualquier persona está obligada a informar de todas las infracciones que vea. Cuando se retribuye por denunciar, esta obligación se convierte en una opción”, señala José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). En todo caso, quien debería dar luz verde a un pago de este tipo es el Gobierno. “La Agencia Tributaria no está habilitada para ello. Hay propuestas que pretenden dotarla de fondos reservados, pero no es lo más recomendable. La potestad debe ser del Gobierno”, considera Mollinedo.

Mossack Fonseca también aparece vinculado a casos fiscales controvertidos en España. La firma actuó de agente registrador de la sociedad panameña que está detrás del ático de Estepona del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La Justicia española envió hace escasas semanas un requerimiento a las autoridades panameñas para recabar más información sobre la compañía en cuestión, Waldorf Overseas Investments. Tanto Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, como Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, están imputados por el caso.

El despacho también aparece mencionado en una de las mayores sentencias por delito fiscal en España, por la que el expresidente de Burberry España, Eugenio Mora, tuvo que asumir el pago de más de 31 millones de euros en concepto de multas e indemnizaciones. El bufete Pretus de Barcelona diseñó y constituyó la estructura societaria utilizada por Eugenio Mora, objetivo para el que “se valía de los servicios que les prestaban diversas organizaciones o despachos situados fuera de España para la constitución, administración y suministro de accionistas ‘nominees”, entre ellos Mossack Fonseca, de acuerdo a la sentencia de la Audiencia Nacional de junio de 2015. ‘Los Papeles de Panamá’ revelan la estrecha relación de la familia Pretus con el bufete panameño a lo largo de los años.

El mismo fallo condenaba a Gabriel Ignacio Pretus Labayen, uno de los socios del bufete barcelonés, como autor de los delitos fiscales de Eugenio Mora y su exesposa, Carmen Uriach, como cooperador necesario, figura jurídica que supone un grado mayor de culpabilidad que cómplice. La Justicia española está usando habitualmente esta denominación contra los abogados y expertos fiscales que diseñan y constituyen las complicadas madejas societarias de algunos de sus clientes. Por esta interpretación del juez, Gabriel Pretus tuvo que afrontar una multa de más de 12 millones de euros.

Conexión con 'el robo del siglo'

La documentación interna de Mossack Fonseca abarca desde 1977 hasta diciembre de 2015, proporcionando una panorámica general de la industria ‘offshore’ y su evolución con el paso del tiempo. Más allá de la actividad profesional del despacho panameño, la información que ahora se revela permite profundizar al detalle en un sector caracterizado por el secretismo y la discreción.

‘Los Papeles de Panamá’ sacan a la luz la conexión de Mossack Fonseca con el considerado ‘robo del siglo’, ocurrido el 26 de noviembre de 1983 en el aeropuerto de Heathrow de Londres, donde seis ladrones robaron lingotes de oro, diamantes y dinero en efectivo. Los documentos internos muestran que el socio fundador alemán de la firma, Jürgen Mossack, podría haber ayudado a ocultar el botín al proteger información sobre una sociedad vinculada a Gordon Parry, considerado como uno de los blanqueadores de dinero de los ladrones.

Después de 16 meses del robo, la firma registra la compañía panameña Feberion Inc., en la que Mossack aparece como uno de los tres administradores. Un documento interno fechado en diciembre de 1986 alerta de que “el dueño de esta compañía aparentemente está involucrado en el manejo de dinero proveniente de la venta del famoso robo del depósito de Matt Brink en Londres. La compañía misma no ha sido utilizada ilegalmente, pero podría ser que se hubieran pasado depósitos con dinero obtenido ilegítimamente a través de cuentas bancarias propiedad de esta sociedad”.

Los registros de Mossack Fonseca de 1987 aclaran que Gordon Parry estaba detrás de Feberion. En lugar de ayudar a las autoridades a acceder a los activos de la sociedad, el despacho panameño tomó medidas que impidieron a la policía británica obtener el control de la compañía, de acuerdo a los documentos.

Después de que la policía de Londres se hiciera con dos certificados de acciones al portador de la sociedad, Mossack Fonseca preparó una emisión de 98 nuevas acciones para Feberion, un movimiento que pareció haber tenido eficacia de cara a que los investigadores perdieran el control de la compañía, según la información filtrada. No sería hasta 1995, tres años después de que Parry fuera enviado a prisión por su actuación en el ‘robo del siglo’, cuando Mossack Fonseca concluyó su relación empresarial con Feberion.

Un portavoz del despacho panameño manifestó que cualquier declaración afirmando que la firma ayudó a resguardar el botín del robo de Matt Brink “es completamente falsa”. El portavoz añadió que Jürgen Mossack “nunca tuvo relación alguna” con Parry y que la policía nunca se puso en contacto con él sobre el caso.

Más recientemente, después de la publicación de ‘Offshore Leaks’ en abril de 2013, algunos clientes de Mossack Fonseca se pusieron en contacto con el bufete para asegurarse de que sus estructuras societarias se encontraban a buen resguardo del escrutinio público. La firma panameña tranquilizó los ánimos de los clientes, afirmando que su privacidad “siempre ha sido algo primordial. Por ello, su información confidencial se almacena en nuestro moderno centro de datos, y cualquier comunicación dentro de nuestra red global se gestiona a través de un algoritmo de encriptación que cumple con los estándares mundiales más altos”.