Anticorrupción y la Fiscalía de la AN se disputan el caso de los #panamapapers

Dos fiscalías se atribuyen la investigación sobre los 'Papeles de Panamá', la mayor investigación periodística de los últimos años sobre el blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción ha sido la primera en ponerse en contacto esta mañana con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para tratar de recabar los datos sobre fraude fiscal y blanqueo de capitales que revelan losdocumentos del bufete de abogados Mossack Fonseca, especialistas en colocar capitales de sus clientes en territorios off shore. Pero a primera hora de la tarde, la Fiscalía General del Estado ha enviado un comunicado en el que anuncia que será la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que se encargará de ello.

Anticorrupción se ha puesto en contacto esta misma mañana con El Confidencial y La Sexta para solicitar una reunión con el ICIJ el objeto de abrir unas diligencias de investigación. En ese encuentro han participado dos fiscales y personal de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda. Fuentes de esa fiscalía aseguran que ha sido el fiscal jefe Antonio Salinas, el que ha ordenado que se iniciaran las pesquisas. Esas mismas fuentes señalan que los dos representantes del Ministerio Público y los inspectores de Hacienda llevan trabajando codo con codo en el caso desde que se ha producido ese encuentro, durante el cual, el Consorcio se ha negado, por el momento, a facilitar los #panamapapers.

Sin embargo, pasadas las cinco de la tarde, la Fiscalía General del Estado ha hecho llegar a los medios un comunicado en el que explica que los papeles corresponden a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Esa nota informa de que el organismo que dirige Javier Zaragoza será el que abra las diligencias de investigación. Según el comunicado, el Ministerio Público pretende "determinar la existencia de presuntas actividades delictivas de blanqueo de capitales que se hayan podido cometer a través de la firma Mossack-Fonseca".

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"La investigación pretende esclarecer la naturaleza y circunstancias de los hechos, y de cualesquiera otros delitos que puedan resultar de las diligencias, así como la identificación de sus responsables, y determinar la concurrencia de los requisitos necesarios para proceder a su persecución ante los Tribunales españoles", añade la Fiscalía General.

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que el criterio establecido por el organismo que dirige Consuelo Madrigal es que en todos los casos sobre delitos en los que la Audiencia Nacional sea el tribunal competente sea la fiscalía que dirige Zaragoza la que se encargue de la investigación. En caso de que la fiscal general decida que sea Anticorrupción la que tiene que hacerse cargo, deberá ordenarlo mediante un decreto.

Esto es lo que ocurrió en el caso del Banco Madrid, la filial española de la Banca Privada de Andorra investigada por blanqueo. En principio la fiscalía que se encargó del caso fue la de la Audiencia, pero tiempo después, Madrigal ordenó que fuera Anticorrupción la que se quedara con el asunto. Esta última fiscalía mantenía abiertas unas diligencias de investigación sobre esa entidad antes de que estallara el caso.

El delito presuntamente cometido por los ciudadanos españoles que recurrieron a los servicios de Mossak Fonseca es el de blanqueo de capitales. Además, al haberse perpetrado fuera del territorio nacional (en Panamá y otros paraísos fiscales), la competencia corresponde a la Audiencia Nacional y, en principio, pues, a la fiscalía de Javier Zaragoza. Según fuentes de ese tribunal todo parece indicar que será así salvo que Consuelo Madrigal cambie de opinión y se la ceda a Anticorrupción.