Miércoles, 28 de marzo de 2007

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@Carlos Sánchez

Miércoles, 28 de marzo de 2007

El presidente de Endesa, Manuel Pizarro 

Entre pillos anda el juego. Manuel Pizarro tiene ya listo el contraataque para evitar que Endesa sea arrebatada a la alemana. El presidente de la multinacional española, según fuentes solventes, aplicará a rajatabla el artículo 32 de los Estatutos de Endesa, que limitan al 10% los derechos de voto de un accionista en las juntas generales. Incluso, en el caso de que los titulares de esas acciones tengan una participación muy superior, como sucede con Enel, que controla el 24,9%, y Acciona, que dispone del 21%.

Pizarro, según esas fuentes, les impedirá votar por más del 10% en la junta general, y para eso esgrimirá que Enel y Acciona actúan de forma conjunta, como lo demuestra de forma fehaciente el hecho relevante presentado el lunes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En esa comunicación ambas compañías no solamente desvelan su estrategia para quedarse con Endesa, sino que, además, perfilan el reparto del poder dentro de la nueva compañía, estableciendo, incluso, un régimen de indemnizaciones en caso de que una de las dos partes rompa lo acordado.

Según Pizarro, esta estrategia concertada entra de lleno en los supuestos que determinan los Estatutos sociales de la eléctrica, que dejan bien claro que la limitación del 10% se aplicará al número de votos que, como máximo, podrán emitir, “sea conjuntamente, sea por separado, dos o más sociedades pertenecientes a un mismo grupo de entidades”. La clave está, precisamente, en la definición que se hace del concepto “grupo de entidades”, para lo cual se remite al artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores.

Entidades concertadas

El citado artículo considerará que el término “grupo de entidades” es aplicable cuando el control de una sociedad “corresponda a una o varias personas físicas que actúen sistemáticamente en concierto”. Y parece algo más que claro que tanto Enel como Acciona entran de lleno en este supuesto, toda vez que incluso han anunciado un OPA (todavía virtual) que deberá presentarse seis meses después de concluir la oferta de E.On, allá por el mes de octubre.

La aplicación de esta norma al pie de la letra explica mejor que ninguna otra cosa la decisión de Caja Madrid de vender a E.On sus derechos económicos en Endesa, pero no los políticos. De esta manera, la caja que preside Miguel Blesa podrá presentarse en la junta de accionistas con el 10% de los votos, exactamente el mismo porcentaje que podrán acreditar Enel y Acciona, pese a que entre ambas compañías suman el 46% de los títulos. E.On, por su parte, podrá acreditar otro 10% -aunque en la OPA logre un porcentaje superior-.

¿Qué quiere decir esto? Pues que entre Caja Madrid y E.On, que formalmente no han concertado sus estrategias, sumarán un 20% de los votos, frente al 10% del tándem Enel-Acciona, a lo que habría que sumar el respaldo más cualitativo que cuantitativo de contar con el apoyo del equipo de Pizarro. El resto de las acciones en juego no computará a efectos de toma de decisiones, pero sí a la hora de constitución legal de la junta de accionistas en lo referente a los quórum necesarios.

El Reglamento de la Junta de Accionistas de Endesa establece que la asamblea general debe convocarse de forma obligatoria -en un plazo máximo de 30 días- cuando así lo solicite un mínimo del 5% de los accionistas. Es decir, que la italiana y la constructora, con su paquete de acciones limitado al 10% de la representación, podrán solicitar la convocatoria de la junta con el orden del día que estimen oportuno, pero siendo conscientes de un hecho -a priori- incuestionable-: Acciona y Enel estarán en minoría respecto a E.On y Caja Madrid salvo que los tribunales digan lo contrario.

Tribunales que, igualmente, podrían cuestionar el acuerdo entre la caja de ahorros y la eléctrica alemana, ya que a Caja Madrid -con la decisión de permitirle mantener sus derechos políticos- se le ha dado un tratamiento singular, algo expresamente prohibido en cualquier proceso de opas, en el que a todos los accionistas (sean grandes o pequeños) se les deben aplicar las mismas reglas del juego.

La posibilidad de que Enel y Acciona puedan esgrimir su paquete accionarial para cambiar los Estatutos -y eliminar la limitación del 10%- es una de las estrategias que pueden seguir, pero entonces volverán a encontrarse con el mismo problema. Que la suma de los votos de Caja Madrid y E.On (20% contra el 10%) eche atrás la propuesta. El Reglamento de la Junta de Accionista establece que los acuerdos habrán de adoptarse con el voto favorable de la mayoría del capital con derecho a voto presente o representado en la asamblea. Y entre las competencias de la junta está, precisamente, la de modificar los Estatutos Sociales, en los que se incluye la restricción de los derechos de voto.

La pelea entre los dos bandos puede complicarse todavía más si finalmente -algo que desde luego no debe descartarse- Enel y Acciona logran apoyos por encima del 50% sumando las acciones de la Sepi (cerca del 3%) o de otros pequeños accionistas. En ese caso, se podría dar la paradoja de que la italiana y los Entrecanales controlaran el consejo de administración a la luz del sistema de representación proporcional que determina un real decreto publicado en 1991, pero no la junta, que es en quien descansa la facultad legal para modificar los Estatutos sociales de Endesa. En ese caso, la batalla judicial está servida.

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