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B. Mec/E. Sanz

Viernes, 09 de junio de 2006

Emilio Botín. 

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, deberá acudir al juzgado de instrucción número 11 de Madrid para declarar como imputado en un presunto delito de apropiación indebida. Será el 2 de octubre cuando el máximo mandatario del banco tendrá que comparecer ante el juez. Junto con el financiero santanderino, también han sido imputados en el caso Ignacio Benjumea -secretario general y consejero del banco- y José Manuel Araluce, consejero de SCH Medina -sociedad propiedad al 100% del SCH-.

El objeto de la querella -presentada por Antonio Panea, accionista del banco y miembro de la Asociación para la Defensa de los Inversores y Clientes- se basa en una operación mercantil entre dos sociedades que pertenecerían al Santander –Santusa Holding y SCH Medina-, que habrían generado en 2001 unos beneficios ficticios a la entidad que preside Emilio Botín.

Préstamo sin intereses

Según consta en el auto del juzgado que admitía a trámite la querella, el SCH habría concedido a SCH Medina un préstamo sin intereses para la compra de acciones del Royal Bank of Scotland, a Santusa Holding. Según el querellante, el importe de este préstamo fue de 3.900 millones de euros (650.000 millones de pesetas) y la operación habría generado a Santusa Holding una plusvalía de unos 2.000 millones de euros (aproximadamente 330.000 millones de pesetas), por la venta del 5% del banco escocés.

Mediante esta operación, que en la querella se considera un mero artificio financiero, dado que se trataría de una transacción intergrupo, se habrían computado unos beneficios ficticios en las cuentas del Santander correspondientes al año 2001, ya que, según el querellante, el citado préstamo de 3.900 millones de euros se habría convertido en unos beneficios de 2.000 millones de euros para Santusa Holding.

Esta transacción, explica el querellante, habría permitido al Santander “salvar fraudulentamente un dificilísimo ejercicio en el que se hubieran generado pérdidas de unos 750 millones de euros, troncándolos en beneficios irreales en la matriz por 1.250 millones”.

Además, el Santander no sólo habría conseguido ocultar la existencia real de pérdidas, sino que, con esos beneficios, el banco habría otorgado a los consejeros unas retribuciones que considera indebidas, además de efectuar una serie de pagos de participaciones preferentes, igualmente indebidas.

Admisión a trámite...con reservas

El Juzgado número 11 de Madrid admitió a trámite esta querella con ciertas cautelas. En primer lugar, porque ya se ha celebrado un juicio de impugnación de los acuerdos sociales adoptados por la Junta General de Accionistas del Santander en febrero de 2001, y la querella no indicaba el resultado de dicho juicio.

Y en segundo lugar, porque en lo referente a las retribuciones de los consejeros del banco, la Audiencia Nacional ya absolvió a algunos de los querellados. No obstante, el juzgado ya destacaba en el auto que no se descartaba que pudieran ser igualmente imputados “a la vista de la marcha del procedimiento y del resultado de las diligencias de investigación”.

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