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Ex altos cargos de Hacienda, investigados por no sancionar a los defraudadores
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ORDENAN ABRIR UNA INVESTIGACIÓN

Ex altos cargos de Hacienda, investigados por no sancionar a los defraudadores

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de ordenar abrir una investigación a dos exaltos cargos de la Agencia Tributaria por no sancionar a los defraudadores

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La Audiencia Provincial de Madrid acaba de ordenar abrir una investigación a dos ex altos cargos de la Agencia Tributaria por no sancionar a los defraudadores españoles de la 'lista Falciani', que está publicando en exclusiva El Confidencial, y darles, sin embargo, la posibilidad de regularizar su situación sin abrirles una investigación. La Sala obliga así al juez de instrucción que admita la querella contra la exdirectora de Gestión Tributaria, María Dolores Bustamante, y el exdirector de Inspección, Carlos Cervantes, aunque deja al margen al que fuera director general de la Agencia, Juan Manuel López Carbajo, por no presentarse ninguna prueba contra él.

De esta manera, la Justicia va a investigar a estos exaltos cargos de Haciendapor undelito de prevaricación administrativa basado en que la AEAT, cuando conoció en 2010 que destacadas personas de distintos ámbitos tenían cuentas con elevados fondos en el banco HSBC de Suiza, optó por enviarles un requerimiento de cumplimiento de obligaciones formales para que en el plazo de 10 días hábiles presentasen declaraciones complementarias por el IRPF y, en su caso, por el impuesto de patrimonio, permitiendo de esta manera que sus posibles delitos fiscales no pudieran ser punibles por la excusa absolutoria.

La Agencia, con el anterior Gobierno socialista, optó por recaudar el dinero en vez de abrir el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación, conforme a las instrucciones y pautas de actuación de la AEAT, en el cual si la administración entendiese que existían indicios de delito deberían ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o de la autoridad judicial, quienes podrían haber iniciado investigaciones por delito fiscal y blanqueo de capitales, que llevan aparejadas penas de prisión.

Según la Sala, el comportamiento de estos cargos de la Agencia se enmarcan dentro del delito de prevaricación, que exige que se haya producido una resolución en asunto administrativo dictada por autoridad o funcionario; que la decisión sea contraria al derecho, es decir, ilegal; que su ilegalidad sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable; que ocasione un resultado materialmente injusto; y que se dicte con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario con conocimiento de que actúa en contra del derecho.

Para el Juzgado de Instrucción que estudió la querella presentada por el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), el comportamiento de estos miembros de la Agencia no se puede englobar dentro del delito de prevaricación porque “no contiene unos requisitos de fundamentación y de ejecución, además de su posibilidad de revisión”.

Para la Sala, el requerimiento ofrecido por la AEAT a los presuntos defraudadores, significa quesólo las rentas derivadas de dichas cuentas son las que deben dar lugar a la imposición de sanción, debiendo considerarse que el resto de rentas se declaran de forma espontánea a los efectos de la aplicación del régimen de recargos.

Por todo ello, “si el obligado tributario presenta una autoliquidación que incluya todas la rentas procedentes de las cuentas del banco HBSC identificadas el requerimiento finalizará el procedimiento iniciado con la notificación de dicho requerimiento”. En este caso, y a juicio de la Sala, se entenderá que se ha producido una infracción tributaria “resultando exigible la correspondiente sanción así como los intereses de demora”. De ahí, que las restantes autoliquidaciones que se presenten posteriormente se efectúan sin que exista ningún procedimiento tributario iniciado en relación a este concepto y periodo, por lo que se considerarán espontáneas dando lugar a un recargo.

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de ordenar abrir una investigación a dos ex altos cargos de la Agencia Tributaria por no sancionar a los defraudadores españoles de la 'lista Falciani', que está publicando en exclusiva El Confidencial, y darles, sin embargo, la posibilidad de regularizar su situación sin abrirles una investigación. La Sala obliga así al juez de instrucción que admita la querella contra la exdirectora de Gestión Tributaria, María Dolores Bustamante, y el exdirector de Inspección, Carlos Cervantes, aunque deja al margen al que fuera director general de la Agencia, Juan Manuel López Carbajo, por no presentarse ninguna prueba contra él.

Lista Falciani Gestha (Técnicos Hacienda) Suiza