Las principales dudas económicas no resueltas de una Cataluña independiente

El discurso independentista en Cataluña tiene mucho de sentimental pero poco de pragmático. Los líderes que convocan a las masas para manifestarse a favor de la autodeterminación no explican cuál será el futuro económico de sus ciudadanos si finalmente consiguiesen la soberanía. Moody's advirtió el viernes que el hipotético país catalán tendría graves problemas operativos, ya que carece de la estructura propia de un Estado. Estas son las principales dudas, algunas de ellas están respondidas en la ley, pero otras todavía no tienen solución.

¿Quién pagará las pensiones?

Esta es una de las grandes dudas y no debería serlo, ya que España tendría que seguir abonando la paga mensual de todos los pensionistas, siempre que se trate de prestaciones contributivas y no de complementos a mínimos. Esto significa que una persona que haya cotizado toda su vida a la Seguridad Social y esté jubilado, seguirá cobrando su paga viva donde viva. Actualmente hay muchos pensionistas de la Seguridad Social viviendo en el extranjero, por lo que con Cataluña ocurriría igual. Da igual cuál sea la nacionalidad del pensionista, lo importante es que haya conseguido acumular los derechos para percibir una prestación de la Seguridad Social.

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En el caso de los complementos a mínimos la situación es diferente. Los pensionistas que cobran esta ayuda no han acumulado derechos suficientes con la Seguridad Social, sino que se benefician de la solidaridad de los contribuyentes. Hasta 2012 todos ellos percibían una pensión, pero ese año el Gobierno modificó la normativa para que todas las personas que no residan en España pierdan este derecho. Lo hizo para que España no tuviera que pagar esta ayuda a los extranjeros que regresasen a sus países de origen. De este modo, los catalanes que perciban complementos a mínimos tendrían que vivir en el territorio nacional para seguir percibiendo esta cuantía.

España tendría que seguir abonando la paga mensual de todos los pensionistas, independientemente de dónde vivan

En cuanto a las personas que todavía estén cotizando, la situación cambia por completo. Desde la independencia dejarán de cotizar en España, por lo que tendrán muy complicado unos e imposible otros, sumar los años necesarios de afiliación para recibir la jubilación. En ese caso, como tampoco percibirían los complementos a mínimos, no cobrarían pensión. Para los casos en los que un trabajador pasa un periodo en España y otro en el extranjero, la Seguridad Social tiene acuerdos bilaterales con diferentes países para que, o bien siga cotizando en España los años que trabaje fuera, o los dos países afronten posteriormente el pago de la pensión. Sin embargo, con Cataluña no existe tal acuerdo, por lo que el contribuyente se quedaría sin este beneficio.

¿Quién paga a los trabajadores públicos?

Cada una de las cuatro Administraciones del Estado tiene sus propios trabajadores públicos: Estado, Seguridad Social, autonomías y corporaciones locales. En el caso de los trabajadores públicos de la AGE y de la Seguridad Social, son empleados del Estado, por lo que conservarían su plaza. Eso sí, tendrían que ser reubicados, ya que en Cataluña no tendrían trabajo. A menos que la Generalitat aceptara subrogar sus contratos y que estos aceptaran, en ese caso, pasarían a ser trabajadores de Cataluña. En cuanto a los empleados de la Generalitat o de las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones) y de las empresas públicas de estos, pasarían a ser trabajadores del nuevo país catalán. Todos ellos dependerían de que ese estado tuviese capacidad de pago para abonar sus nóminas.

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¿Qué moneda se utiliza?

Las autoridades catalanas han defendido que seguirían dentro del euro una vez que consiguiesen la independencia, sin embargo, no es todo tan fácil. Efectivamente, los catalanes podrían utilizar el euro como moneda para realizar sus pagos y mantener sus ahorros, ya que el Banco Central Europeo (BCE) no puede poner fronteras a dónde vaya su dinero. No sería el primer país que vive un proceso de sustitución monetaria, esto es, la adopción de una divisa extranjera. Algunos territorios en América lo han hecho con el dólar y también en Europa con el euro, como son los casos de Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano, Montenegro y Kosovo. Estos dos últimos lo han hecho, además, sin la autorización del BCE, que sería lo que, supuestamente, haría Cataluña.

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Esta elección tendría varias ventajas, como el que evitaría una devaluación masiva de su divisa, o facilitaría el flujo financiero y de bienes y servicios con la eurozona. Sin embargo, perdería la autoridad monetaria y el prestamista de última instancia, que son las dos herramientas básicas que tienen los bancos centrales modernos.

Esto significa que Cataluña ya no podría controlar sus tipos de interés oficiales y tampoco todos los estímulos monetarios que puede adoptar un banco central. De este modo, toda la economía de la región sufriría enormemente cuando su ciclo económico fuese diferente al de la eurozona. Por ejemplo, si el BCE sube los tipos en un momento en el que Cataluña sufriese una fase contractiva, dispararía los costes financieros para las familias y empresas agravando la recesión. En el caso opuesto, si los tipos son bajos en una fase expansiva, se incentivaría el crédito con los precios bajos y se podrían formar fácilmente burbujas en diversos activos y desequilibrios financieros.

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En cuanto al prestamista de última instancia, es la capacidad que tienen los bancos centrales de inyectar liquidez a los bancos para evitar su quiebra cuando son insolventes. Por lo que se ha visto en los últimos días, Cataluña no tendría ninguna entidad con sede en su territorio, por lo que esto no afectaría tanto al país. Pero si surgiese alguna entidad 100% catalana, se enfrentaría constantemente al riesgo de quiebra por liquidez.

¿Qué pasa con la exportación?

Cataluña es una de las regiones más industrializadas del país y los datos se perciben bien en los datos de exportación: entre enero y julio generó el 25,6% del total de España. Sin embargo, la declaración de independencia dejaría a Cataluña fuera de la Unión Europea, con lo que perdería el acceso al mercado único. Esto significa que la región tendría que empezar una negociación con los responsables comunitarios para establecer un nuevo marco de relaciones económicas.

Pero además, y esto no es tan conocido, Cataluña perdería todos los acuerdos bilaterales de comercio con países de fuera de la Unión Europea. Los socios europeos tienen tratados con la mayoría de países del mundo y con todos con los que hay una relación económica estrecha. Cataluña no podría participar más de esos acuerdos y tendría que negociar con cada país: desde Canadá, hasta China, Japón, EEUU, etc. Estas negociaciones son siempre complejas y la UE se aprovecha en ellas de su posición de fuerza, dado el tamaño de su mercado. Cataluña tendría que empezar todas estas conversaciones, que se prolongarían durante varios trimestres, lo que dejaría aislada a la región un tiempo.

¿Qué deuda tendría el nuevo estado catalán?

Según los datos del Banco de España, Cataluña tiene actualmente una deuda de 76.727 millones de euros, un 35,4% del PIB. ¿Esto significa que el nuevo estado tendría un apalancamiento menor que el de España, que supera el 100% del PIB? No, ya que la deuda de la Generalitat es mucho mayor, ya que tendría que llevarse una parte de la deuda estatal. Todo el pasivo que ha asumido España también ha sido para financiar infraestructuras y servicios públicos en Cataluña, por lo que cada territorio tendría que hacerse cargo de su parte.

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Teniendo en cuenta que la región supone un 19% del PIB de España, entonces le correspondería quedarse con unos 155.000 millones de deuda estatal, que es este mismo porcentaje sobre la deuda total, descontados los mecanismos de financiación a comunidades autónomas. Esto significa que Cataluña tendría que asumir una deuda del entorno del 120% de su PIB.

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La gran duda es cómo podría la Generalitat asumir todos estos pagos. Moody's advirtió el viernes que en el corto plazo Cataluña se quedaría excluida de los mercados de deuda si se consumara la independencia, por lo que no podría afrontar sus compromisos de pago y haría un impago. El principal acreedor de la Generalitat es España, por lo que también se convertiría en un serio problema para el Estado. Los créditos del FLA tienen una fecha de vencimiento de 10 años, por lo que todavía quedan casi cinco años para que empiecen a llegar a su momento de maduración. En cuanto a la parte de la deuda del Estado que se le asignaría a la Generalitat, sería necesario negociar las condiciones. Los bonos emitidos por el Tesoro no pueden cambiar de emisor, por lo que la única alternativa es que Cataluña asuma una deuda con el Estado y quedaría pendiente por establecer los vencimientos y el tipo de interés aplicado.