Los sindicatos plantean al Gobierno fórmulas para acabar con el abuso de los becarios

La figura del becario ha sido un salvavidas para muchas empresas durante la crisis, pero ahora que la recuperación se ha asentando, lejos de desaparecer, se ha consolidado hasta ser una parte estructural de las plantillas en España. Este paso intermedio entre la formación y el mercado laboral es útil para que los jóvenes adquieran experiencia y formación dentro de las empresas, pero su uso se pervierte cuando terminan haciendo el trabajo propio de un empleado de la plantilla. Según el estudio 'La experiencia de los becarios en la Unión Europea' elaborado por la Comisión Europea, el 70% de los becarios en España tienen asignadas las mismas tareas que el resto de trabajadores. En definitiva, esta figura ha sido una vía para precarizar el empleo, hasta el punto de que el 58% de ellos no percibe ningún tipo de remuneración, lo que agrava más su situación.

Los sindicatos consideran que este abuso no puede continuar y el viernes trasladaron al Ministerio de Empleo una propuesta para derogar esa figura y reconvertir su situación a trabajadores en prácticas que, al menos, respeten el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el resto de derechos laborales (desempleo, cotización a la Seguridad Social, etc.). CCOO y UGT presentaron en la Mesa de Diálogo Social una propuesta para el programa de Garantía Juvenil que incluya una revisión integral de las prácticas no laborales (real decreto 592/2014), así como la eliminación de las prácticas extracurriculares (real decreto 1543/2011) y de las becas unilaterales ofertadas por las empresas y las Administraciones Públicas.

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El objetivo de los sindicatos no es eliminar las becas de formación, sino controlar su uso para que sean realmente una parte del proceso educativo de los jóvenes. Lo que se quiere evitar es que haya becarios realizando labores de un trabajador, en su lugar, las empresas tendrían que utilizar otro tipo de contratos que garanticen los derechos laborales. De esta forma, no volverían a repetirse las contrataciones de jóvenes sin remuneración que han precarizado la situación de los jóvenes durante la crisis.

Las becas no desaparecerían, sino que quedarían vinculadas a los programas de formación como parte del aprendizaje de los jóvenes

Las becas no desaparecerían, sino que quedarían vinculadas a los programas de formación y tendrían que cumplir unas características concretas para asegurar que se trata de una fase de aprendizaje. Los sindicatos proponen crear un 'Marco de calidad de las prácticas no laborales' para establecer los criterios de estas becas. En su propuesta entregada al Ministerio, las dos organizaciones pretenden establecer un límite en el porcentaje de becarios que puede haber en cada empresa sobre el total de los trabajadores, determinar la duración de las prácticas y unas condiciones mínimas para los jóvenes. Entre ellas, se tendría que acordar una gratificación mínima en base al SMI o al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), el número de horas semanales de trabajo o los periodos de descanso.

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Se trata de una propuesta 'de máximos', ya que las exigencias de los sindicatos son ambiciosas y todo está pendiente de negociación en la Mesa tripartita con el Gobierno y la patronal. Sin embargo, los sindicatos pretenden eliminar lo antes posible el abuso actual de la figura del becario “que está desregularizado y precariza el empleo”, denuncia Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO.

Para todos esos casos, los sindicatos proponen convertir las becas en contratos en prácticas, de modo que se garanticen unos derechos mínimos para los jóvenes y no vuelvan a repetirse los empleos sin remuneración actuales. "En los últimos años el contrato de formación ha ido a menos, ya que se ha sustituido por becarios con condiciones mucho peores para los jóvenes", remarca Gutiérrez. Según los datos de la Comisión Europea, el 70% de los becarios no tienen ingresos suficientes ni siquiera para pagar sus gastos básicos, lo que refleja su nivel de precariedad.

Este modelo de contratación también cuenta con una ayuda pública, ya que las empresas tienen una reducción del 50% en la cuota a la Seguridad Social de los menores de 30 años y que alcanza el 75% si se convierte una beca en contrato. Eso sí, supondría un incremento notable del coste laboral para las empresas y las Administraciones Públicas, ya que estos trabajadores tienen que cobrar al menos el SMI y si el convenio de su sector es superior, tendrán que percibir el 60% de la cuantía pactada.

430 euros de ayuda

En la Mesa de Diálogo Social, el Ministerio y los agentes sociales también trataron la ayuda de 430 euros a los jóvenes sin estudios que consigan un contrato de formación y que pretende activar el Gobierno “lo antes posible”. El Ministerio de Empleo quiere desbloquear la negociación con las comunidades autónomas y los sindicatos antes de poner en marcha la medida, pero las conversaciones se están retrasando. En la reunión del viernes, CCOO y UGT comunicaron al secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, que esta medida no es la mejor para afrontar el problema de los jóvenes sin formación, pero reconocieron que será una ayuda para los que puedan acceder a un contrato de estas características.

“El problema es que las empresas no ven ningún incentivo para contratar a través de esta vía”, explica Gutiérrez, por lo que esta medida tendría poco impacto. Una ayuda a los jóvenes supone situar el problema en la oferta de mano de obra, esto es, que habría que estimular a los jóvenes para que trabajaran. Pero si el problema es de demanda, esto es, de falta de trabajo, una ayuda a los jóvenes tendrá poco recorrido.

El problema es que las empresas no ven ningún incentivo para contratar a través de los contratos de formación

El Gobierno ha presupuestado este año 500 millones para esta medida procedentes de los fondos europeos para el empleo juvenil y quiere activarla lo antes posible. La sensación es que será inminente, si no es la próxima semana, se activará a la vuelta del verano. Cuanto más se tarde en poner en marcha, más posible es que no se ejecuten los 500 millones dispuestos en los PGE.

Los sindicatos proponen que con esta partida el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) contrate 5.000 orientadores para que ayuden a los jóvenes a trazar un itinerario de formación para acceder al mercado laboral. Además, piden que se articule una ayuda para los jóvenes sin formación que decidan prolongar o retomar sus estudios. Se destinaría a los menores de 30 años que tengan solo la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), o incluso un nivel inferior, y tendrían que formarse para alcanzar una cualificación de nivel medio. Este programa podría beneficiar a más de medio millón de jóvenes, ya que más de la mitad de los parados menores de 30 años no tienen ni siquiera la ESO.

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Todas estas medidas formarían parte de un plan integral para el empleo y la formación de los menores de 30 años. El objetivo de los sindicatos es que todos estos jóvenes ganen capital humano para que puedan acceder al mercado de trabajo. El Ministerio se comprometió con las organizaciones sindicales a estudiar esta propuesta. Uno de los requisitos para que Empleo valore las diferentes medidas será que se puedan articular a través de los fondos europeos, ya que España dispone de algo más de 3.200 millones de euros para gastar hasta 2023 y que apenas ha utilizado. Antes de adoptar cualquier medida de gasto, el Ministerio prefiere corroborar en Bruselas que encajan en el plan europeo, de lo contrario, las posibilidades de que vean la luz se reducen drásticamente. La prioridad ahora es aprovechar al máximo los recursos de la Comisión, el resto de medidas tendrán que esperar.