España condenada a pagar 3 millones por ignorar durante años la reforma de la estiba

Tres millones de euros. Esa es la multa que España tendrá que pagar a la Unión Europea por haberse desentendido durante años de la patata caliente de la reforma de la estiba. Un castigo mucho menor de los casi 25 millones de euros que se estimaba que tendría que pagar. ¿El motivo? Ignorar, primero, la entrada en vigor de las normas europeas sobre la liberalización de la estiba y no mover ficha cuando el la justicia europea falló en su contra en 2014 por no aplicarlas.

Con todo, España puede respirar aliviada. La multa es significativamente menor de lo que se esperaba. En lugar de los al menos 24,5 millones de euros que se calculaba que el retraso costaría a los contribuyentes españoles, tan solo se desembolsarán tres millones. Y eso pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala en su sentencia condenatoria que el incumplimiento por parte de España ha sido “grave”.

29 meses sin cumplir la condena

Desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló contra España el 11 de diciembre de 2014, instando al país a aplicar de una vez las normas europeas para la liberalización de la estiba, hasta que el Gobierno cumplió han pasado 29 meses. Durante ese periodo, en teoría, la multa que iba a tener que pagar España iba aumentando 27.000 euros por día. Y sin embargo, la Corte con sede en Luxemburgo ha optado por calcular una cantidad mínima “a tanto alzado” en vez de ceñirse al castigo previsto.

Se libra de una segunda multa

España se ha librado de una segunda multa, con la aprobación en el Congreso de la reforma de la estiba en mayo. Ante la amenaza de esta segunda penalización, que en principio hubiera supuesto que el país pagara otros 134.000 euros por día de incumplimiento, el Gobierno pisó el acelerador para cumplir las exigencias que impone la legislación europea, pese a la fuerte resistencia del sector.

La Comisión Europea, que es la institución encargada tanto de presentar propuestas legislativas como de vigilar que las normas europeas se cumplen en todos los países, constató entonces que España finalmente había cumplido con lo exigido. Y como tal se lo comunicó al Tribunal de Justicia de la UE, cuya sentencia pronunciada hoy es firme y por lo tanto no podrá recurrirse.

Buscando culpables

Paloma López, eurodiputada de Izquierda Unida, ha lamentado la rebaja de la multa, porque considera que ésta tenía que ser un castigo al Gobierno. “La sentencia en realidad está sancionando a un Gobierno que ha actuado tarde y que, además, no ha querido buscar antes una solución acordada”, ha dicho. En cambio, desde el Ejecutivo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguraba este miércoles que si había una multa “superior a cero euros” sería “única y exclusivamente responsabilidad de aquellos que no apoyaron la convalidación del real decreto ley" en su día, lo que obligó a presentar otro.