PNV y los canarios ponen precio a su apoyo a Montoro: poder gastar su superávit

El debate en el Congreso de los Diputados sobre el reparto de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto no solo ha servido para que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, superase el último obstáculo del curso político, sino también para dejar claro cuál es la principal demanda de los 'socios de Presupuestos' del Gobierno. Los partidos canarios y el PNV han advertido al ministro de que quieren que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se incluya una revisión de la regla de gasto que permita a todas las administraciones utilizar su superávit presupuestario.

El ajuste del gasto, unido al incremento de la recaudación, hará que algunas regiones cierren este año 2017 en superávit presupuestario, cuantía que tendrán que destinar a amortizar la deuda acumulada durante todos estos años de déficit. Sin embargo, los partidos de las regiones que están en una situación financiera más saneada (porque tienen más recursos que el resto, no porque hayan realizado más ajustes) tienen prisa por cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para poder gastar su superávit. La normativa actual impide a las administraciones elevar su gasto a un ritmo superior al crecimiento potencial de la economía, de modo que se consigue evitar que los gastos crezcan al ritmo de la recaudación durante las fases de expansión cíclica y así generar un margen financiero para poder realizar políticas expansivas durante las crisis. Por ejemplo, para 2018 esta normativa determina que el gasto no financiero no podrá crecer más de un 2,4%.

Pero esta regla de gasto, tal y como está formulada en la actualidad, parece tener los días contados. Montoro necesita el apoyo de los partidos canarios y el PNV para sacar adelante los Presupuestos de 2018 y estas formaciones han dejado claro este martes al ministro que su apoyo estará condicionado a poder emplear su superávit ya desde el próximo año. Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, ha sido muy clara en su exigencia: "Vamos a aprobar el techo de gasto creyendo que se permitirá la reinversión del superávit en los próximos Presupuestos Generales del Estado".

"El Partido Popular no tiene la mayoría absoluta y por eso podemos pedir mejoras", ha señalado Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias. "Estamos de acuerdo en que hay que reinterpretar la regla de gasto para conseguir que las corporaciones locales tengan la posibilidad de gastar su superávit en las grandes necesidades que tienen". En la misma línea se ha pronunciado Idoia Sagastizabal, diputada del PNV: "Nos sigue preocupando la regla de gasto, limita las facultades de los ayuntamientos y las comunidades autónomas de realizar política con el superávit recaudado".

Vamos a aprobar el techo de gasto creyendo que se permitirá la reinversión del superávit en los próximos Presupuestos

Las cartas ya están sobre la mesa y el ministro no tendrá más remedio que abordar un cambio en la regla de gasto si quiere contar con sus 'socios de Presupuestos' para los PGE de 2018, que tendrá que presentar a finales de septiembre en el Congreso de los Diputados. Montoro ha recogido el guante, pero ha recordado a los partidos que la regla de gasto forma parte de las normas de gobernanza económica y fiscal establecidas por Bruselas, lo que significa que aunque pueda modificar la interpretación, no podrá eliminar la regla de gasto. Esto significa que aunque pueda autorizar a las administraciones a que utilicen una parte de su superávit para destinarlo a gasto corriente, no podrá permitir que se gaste todo, ya que el país recibiría una advertencia de la Comisión Europea.

"La regla de gasto es gobernanza europea", ha recordado Montoro, "la tendremos que revisar cuando se pueda hacer a instancia europea". El ministro ya se comprometió a revisar la regla de gasto para que sea más flexible, pero hasta ahora se han conseguido pocos avances. Toda la negociación se acelerará ahora de cara a los Presupuestos de 2018. Hasta ahora, solo los ayuntamientos estaban afectados por la regla de gasto y, por lo tanto, estuvieron obligados a reducir su deuda o acumular depósitos por más de 16.000 millones de euros. Este año, País Vasco y Canarias cerrarán con unas cuentas positivas, lo que explica por qué ahora les entran las prisas por modificar esta normativa.

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Esto no significa solo permitir a las autonomías que puedan emplear su superávit en realizar inversiones financieramente sostenibles, sino que las formaciones piden un paso más, y es que puedan elevar su gasto corriente empleando el superávit actual. Esto es, crear gasto estructural aprovechando recaudación cíclica. "Esta flexibilización [utilizar el superávit para realizar inversiones] entendemos que es insuficiente; debería poder utilizarse para mejorar el crecimiento económico", ha demandado Sagastizabal.

Los diferentes partidos comprendían las bondades de la regla de gasto en los peores años de la crisis. Esta regla lo que hace es limitar el ritmo del gasto para que en las fases expansivas no crezca mucho y así se genere un elevado déficit cuando vienen las crisis. Por el contrario, si en las fases expansivas las administraciones sanean sus cuentas, podrán realizar políticas expansivas cuando la situación se complica. Esta filosofía keynesiana de la regla de gasto era ampliamente compartida cuando estalló la crisis y las administraciones estaban agobiadas por su elevado déficit, pero ahora que las regiones van a volver a tener superávit, tienen prisa en gastar sus recursos.

Todo listo para los Presupuestos

El Gobierno ha conseguido sacar adelante el nuevo reparto de los objetivos de estabilidad con el apoyo de sus 'socios de Presupuestos'. Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, Coalición Canaria y UPN han votado a favor, mientras que Nueva Canarias se ha abstenido para evitar el empate. Una votación mucho más ajustada que la que tuvo el Ejecutivo para aprobar el reparto vertical del déficit en 2016, cuando contó con el respaldo mayoritario de la Cámara al contar con el apoyo del PSOE.

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De esta forma, la nueva senda de déficit para las comunidades autónomas sube en una décima, hasta el 0,4% del PIB para 2018 y el 0,1% en 2019, para cerrar 2020 ya en equilibrio. A partir de ahora, el Ministerio de Hacienda tiene que volver a convocar a las comunidades autónomas a un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera (será el tercero en unas semanas) para informar a cada región sobre los objetivos individuales de déficit y deuda.

Con la aprobación de los objetivos de estabilidad, el Gobierno cumple con el inicio del ciclo presupuestario y deja el camino preparado para empezar a negociar los Presupuestos Generales del Estado, unas conversaciones que ya tiene adelantadas Montoro después de ganarse los apoyos para la votación de hoy. El Gobierno necesitará el voto favorable de todos ellos para llevar al Congreso su proyecto de PGE con garantías y ya tiene un precio sobre la mesa: la regla de gasto.