Montoro cierra los apoyos para el techo de gasto tras dar 1.000 M de déficit a las CCAA

A pesar de estar reprobado por el Congreso, de tener la férrea oposición del PSOE y Podemos, Cristóbal Montoro tiene ya encaminados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. El primer paso será aprobar el martes los objetivos de estabilidad verticales entre las distintas administraciones, trámite para el que ya tiene comprometidos los 176 votos con los que sacó adelante las cuentas públicas de 2017. Así se lo ha transmitido el ministro de Hacienda a sus 'socios de Presupuestos' en las últimas horas. Este será un acuerdo importante para Montoro, ya que refleja que todos ellos tienen la intención de que los Presupuestos se aprueben a la vuelta del verano.

Para conseguirlo, Montoro ha tenido que pasar el mal trago de volver a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hoy, viernes 7 de julio, para cambiar lo que se aprobó hace solo una semana. Hacienda modificará la senda de estabilidad para dar 1.000 millones más de déficit a las comunidades autónomas este año y otros 1.000 en 2019, para cumplir con la exigencia de Nueva Canarias. Con el nuevo reparto que aprobará hoy el CPFF y posteriormente el Consejo de Ministros, las autonomías pasarán de tener un objetivo de déficit del 0,3% al 0,4% del PIB en 2018 y del 0% al 0,1% en 2019. Esta senda da cierto alivio a las autonomías, pero lo más importante es que cumple con la exigencia que trasladó el martes el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La formación canaria celebrará el lunes una ejecutiva para determinar su voto el próximo martes a los objetivos de estabilidad, pero será un mero trámite, ya que ha trasladado al Ministerio de Hacienda que puede contar con su respaldo. Con este gesto hacia las autonomías y la rebaja del IRPF para las rentas bajas y los colectivos vulnerables, Montoro cierra la negociación para aprobar la senda de estabilidad y el techo de gasto (que no se vota, pero sí se debate) el próximo martes, 11 de julio, en el Congreso.

Podemos intentó, en un movimiento de última hora, boicotear el acuerdo con una amenaza a Nueva Canarias de pedir su salida del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, pero Quevedo ha dejado claro que no aceptará "ni órdenes ni amenazas". Lo que se vota en el Congreso son los objetivos de estabilidad, esto es, el reparto entre administraciones del margen de déficit que tiene España del 2,2% del PIB y "no el techo de gasto", ha recordado el 'diputado 176' a Podemos.

Nueva Canarias celebrará el lunes una ejecutiva para determinar su voto, pero ya ha trasladado a Hacienda que puede contar con su voto

Montoro se volverá a llevar la reprimenda de los representantes de las comunidades gobernadas por el PSOE en el CPFF. Ferraz ya ha decidido que votará en contra de este reparto de los objetivos de estabilidad, aunque será un trámite para el ministro, ya que cuenta con mayoría en el Consejo. El voto negativo de los socialistas es cuestión de política, la economía influirá poco en su decisión de hoy. Por su parte, el Gobierno tendrá una excusa para acusar al PSOE de bloquear cualquier medida. Política y más política.

Puntadas con hilo

Después de esta negociación, Montoro ha demostrado que tiene los PGE de 2018 muy encaminados. El acuerdo no está cerrado y puede ocurrir cualquier cosa, pero a día de hoy todos sus 'socios de Presupuestos' están más cerca del voto a favor que del no o la abstención. El ministro consiguió, con la negociación de los PGE de 2017, crear una red de intereses entre los partidos autonómicos y el Gobierno, de modo que tiene muy fácil conseguir su apoyo. Por ejemplo, en el caso del PNV, el acuerdo para la actualización del cupo que alcanzaron las dos partes en mayo incluye la revisión de la Ley Quinquenal para la segunda mitad del ejercicio, por lo que tendrán que seguir entendiéndose. Las dos partes firmaron que se volverían a reunir este mes de julio para retomar la negociación.

Algo similar ocurre con Nueva Canarias. El archipiélago está tiene todavía pendiente la negociación de la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) con el Gobierno, por lo que no puede cerrar las puertas a pactar con el Ejecutivo. La formación consiguió en los PGE de 2017 concesiones que superan los 200 millones de euros hasta final de año, pero Montoro se guardó en la manga la posibilidad de hacer esas partidas estructurales dentro del nuevo REF. Sin embargo, si no se firma, los canarios podrían perder las bonificaciones al transporte y el resto de ayudas.

Voto a voto, Montoro ha conseguido 'atar' a 176 diputados para que firmen las cuentas de 2018 en una red de intereses cruzados. El 'verso libre' es Ciudadanos, ya que pide ninguna concesión regional. Sin embargo, la rebaja del IRPF acordada para las rentas bajas y las familias vulnerables es la concesión que pide la formación naranja para sacar adelante los Presupuestos. Al margen de que quede pendiente alguna otra cuestión que las dos formaciones tengan que negociar antes de la presentación del Proyecto de Presupuestos, el grueso del acuerdo será esta bajada de impuestos de 2.000 millones de euros.

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El ministro da por encarrilada la negociación de los Presupuestos de 2018 después de la aprobación de los objetivos de estabilidad. "El acuerdo no puede ser sólo para seis meses" insiste. Lo hará nuevamente con el voto en contra de Podemos y el PSOE, que esta vez no tiene intención de sentarse a negociar con Montoro. El acuerdo político está cerca, por lo que el siguiente gran reto para el ministro será el diálogo con los sindicatos para acordar la subida salarial de los trabajadores públicos para 2018. Desde Comisiones Obreras advierten que este año no aceptarán un acuerdo como el de 2017 que elevaba la retribución un 1%, esto es, por debajo de la inflación. El objetivo de CCOO, UGT y CSIF es que los trabajadores públicos empiecen a revertir una parte de la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido durante la crisis, lo que significa que los salarios tendrán que crecer en 2018 más que el IPC.

Montoro tiene que cuadrar las exigencias de los sindicatos con el incremento del techo de gasto de sólo 1.500 millones de euros para el próximo ejercicio. El ministro ha explicado que la subida salarial "cabe" en este límite de gasto no financiero, pero todavía no ha trasladado a los empleados públicos su propuesta de retribución. Lo que sí ha acordado es aprobar hoy, en el Consejo de Ministros una oferta de empleo ordinaria y otra extraordinaria por la que se convocarán casi 15.000 plazas de nueva incorporación y otras 5.000 de promoción interna.