Crecen el doble que la recaudación tributaria

Las CCAA ignoran a Guindos y disparan los ingresos con los precios públicos un 17%

El desarrollo de la Ley de Desidexación no ha impedido a las regiones elevar sus recursos gracias a las tasas y los precios públicos por encima del ritmo del consumo

Foto: El ministro de Economía, Luis de Guindos, tras un Consejo de Ministros. (EFE)
El ministro de Economía, Luis de Guindos, tras un Consejo de Ministros. (EFE)

En los cuatro primeros meses del año, los ingresos de las comunidades autónomas por tasas y precios públicos se han disparado más de un 17% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados esta semana por el Ministerio de Hacienda. Un crecimiento que supera ampliamente el ritmo del consumo y de los precios. Supera incluso las dos variables juntas, lo que refleja que, en el inicio del año, las regiones aprovecharon para elevar el precio de los servicios y las tasas que aplican a los ciudadanos. Este incremento incluye tanto los precios y tasas de las distintas administraciones territoriales, como los entes y organismos dependientes de ellas.

En concreto, los ingresos de las regiones hasta abril superaron los 885 millones de euros. Es la partida de ingresos corrientes que está creciendo más rápido en el inicio del año, y con una clara diferencia respecto a las demás. Se está convirtiendo en uno de los pilares que sostienen el crecimiento de los recursos autonómicos este año a falta de que se actualicen las transferencias a cuenta que llegarán cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. La recaudación de los impuestos directos avanza a ritmos del 7% y los indirectos suman un 4,3% más. El conjunto de los ingresos de las comunidades autónomas avanzó hasta abril un 9,5%, poco más de la mitad del crecimiento de los precios públicos y las tasas. Si se contabilizan sólo las operaciones corrientes, los ingresos apenas avanzan un 2,2%.

Esto era lo que quería evitar el Ministerio de Economía cuando desarrolló el decreto de la Ley de Desindexación el pasado mes de febrero (la ley se aprobó en 2015, pero faltaba el desarrollo normativo) después de conocer que el IPC aceleró hasta el 3% al inicio del año. El objetivo es evitar que el sector público contribuya a realimentar los precios del conjunto de la economía. Es cierto que en los meses posteriores el ritmo de la inflación disminuyó, hasta retroceder al 1,9% en mayo, pero no fue gracias a esta ley.

La realidad es que poco han tenido que ver los precios públicos en esta moderación de la inflación, ya que han aumentado en un nivel importante respecto al año anterior. Un crecimiento del 17% que no se explica por el aumento del consumo. La caída del IPC por debajo del 2% (objetivo que marca el Banco Central Europeo) ha estado motivada por el descenso del precio del petróleo de los últimos meses. De esta forma se alivió el 'efecto base' que provocó una escalada de los precios en el inicio del año. Esto significa que, como la tasa de inflación se mide de forma interanual, la caída hasta el inicio del año 2016 fue tan acusada que el incremento hasta el inicio de este año provocó un fuerte avance en porcentaje. En muy poco tiempo, la tasa de subida fue muy acusada, pero a medida que pasa el tiempo, este efecto es menor, dado que en junio del año pasado el precio del Brent superaba ya los 50 dólares por barril, por encima del nivel actual.

El desarrollo de la Ley de Desindexación impide a las distintas Administraciones vincular los precios de sus bienes y servicios al IPC con el objetivo de evitar espirales inflacionistas. Sin embargo, la normativa no prohíbe que se puedan subir los precios de forma discrecional siempre y cuando no se vinculen al IPC. Por ejemplo, si la Comunidad de Madrid decide subir el precio de los billetes de Metro y Autobús un 10% puede hacerlo. No estaría vulnerando la normativa.

El avance de los ingresos no responde al buen ritmo del consumo, sino a incrementos de los precios de las distintas Administraciones

Además, la normativa permite a las Administraciones actualizar los precios públicos como consecuencia de la inflación de las materias primas que utiliza. Una excepción que hace que la Ley de Desindexación pierda efectividad, ya que los precios de la energía son siempre los más volátiles. Además, este año los precios del petróleo no han supuesto un problema para las Administraciones, ya que, salvo al inicio del año, no han experimentado una gran subida. Esto significa que los ingresos gracias a los precios públicos y las tasas no ha estado motivado por el IPC, sino por los incrementos discrecionales de las diferentes Administraciones territoriales.

Un presupuesto ambicioso

A pesar de que los ingresos con tasas y precios públicos crecen a ritmos del 17%, todavía no son suficientes para cumplir con las previsiones presupuestarias de las diferentes regiones. En concreto, los derechos reconocidos (aunque todavía no se haya recaudado en caja) en los cuatro primeros meses suponen el 30,7% de la recaudación prevista para el conjunto del año. Si continúa este ritmo durante los tres siguientes cuatrimestres, la ejecución será un poco superior al 90%, pero lejos de completar el 100%.

El resto de capítulos están más cerca del objetivo, aunque crezcan a un ritmo inferior, lo que demuestra las altas expectativas puestas por los gobiernos autonómicos en los precios y las tasas públicas. Los impuestos directos superan ya el 31% de la recaudación prevista para el conjunto del año y los indirectos, el 32%.

La recuperación del sector inmobiliario también está acelerando la recaudación de las comunidades autónomas en el inicio del año. Las regiones consiguen un buen 'pellizco' de las operaciones de compraventa de terrenos e inmuebles, lo que explica por qué se disparó su recaudación durante la burbuja inmobiliaria. Aunque la recaudación está lejos de los mejores años de la pasada década, los ingresos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) están dando una alegría a las cuentas territoriales. Su recaudación creció hasta abril un 12,1% hasta superar los 2.300 millones de euros.

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