El increíble caso del CETA: el PSOE confunde a Trump con Trudeau

Hace algunos años, un célebre periodista radiofónico mostraba a sus oyentes su sorpresa porque un día sí y otro también, se veía en la obligación de abrir su informativo matinal con la evolución del índice Hang Seng, que es la principal referencia de la Bolsa de Hong Kong. Eran los tiempos de la crisis financiera en el sudeste asiático y los vaivenes de la Bolsa era tan altos que Hang Seng comenzó a ser un término familiar para muchos oyentes, lo que producía, como es obvio, un cierto pasmo.

Algo parecido sucede ahora con el CETA, el Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá, que ha entrado en la política española -pese a que comenzó a negociarse en mayor de 2009- como si se tratara de un ciclón económico. Hasta el punto de que la dirección del Partido Socialista se ha enredado en un debate que se resolverá a principios de la semana que viene, cuando su comisión ejecutiva decida una de las tres opciones: abstención (lo más probable), a favor o en contra.

Lo singular del caso es que Canadá es un socio residual de España y, por lo tanto, su transcendencia económica es irrelevante. Apenas el 0,5% de las exportaciones españolas (1.487 millones de euros) se dirigen a ese territorio, mientras que las importaciones ascendieron el año pasado a 1.302 millones de euros. Canadá, de hecho, ocupa el puesto 38 en cuanto a la posición inversora de España en el exterior.

Para entender la dimensión del comercio bilateral entre ambos países sólo hay que tener en cuenta que el intercambio diario de mercancías (exportaciones e importaciones) entre Canadá y EEUU es de casi 1.700 millones de dólares, cuando los intercambios entre Canadá y España en todo un año no alcanza los 2.800 millones de euros. Es decir, que el comercio entre España y Canadá apenas representa un día y medio al año respecto de los dos países de Norteamérica.

El hecho de que el CETA (conocido por sus siglas en inglés) esté en el centro del huracán tiene que ver, sin duda, con que su tramitación ha coincidido en el tiempo -Bruselas es quien negocia en nombre de la UE- con las discusiones sobre el TTIP. Este tratadoes mucho más ambicioso, pero para muchos es también la expresión de la hegemonía definitiva del gobierno de las multinacionales frente a las soberanías nacionales. Las protestas han sido tan numerosas que en la práctica ha sido arrinconado por el neoproteccionismo de Trump. Pero también porque los propios gobiernos europeos no están ahora por la labor de avivar las llamas de la contestación social.

Así las cosas, el CETA es hoy el enemigo a batir. Y la principal instigadora es la flamante presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, cuya pluma se ve con nitidez en el comunicado que hizo ayer público su partido: “En 1.600 páginas del Tratado, sólo hay cuatro sobre nuestros derechos medioambientales”. Dos matizaciones. La versión del texto que maneja el Congreso ocupa 1.706 páginas, y la segunda tiene que ver con la proverbial defensa que históricamente ha hecho Canadá de su extraordinario patrimonio medioambiental.

La justicia se externaliza

Pocas horas después de que Narbona defendiera sus tesis a través de un tuit -singular forma de resolver un asunto complejo- fuentes de máxima solvencia de la dirección socialista reconocieron que el partido no tenía “aún” una decisión tomada. “Lo estamos estudiando”, dijeron a El Confidencial esas fuentes.

Cosa distinta es el asunto de los litigios extrajudiciales a la hora de interpretar las normas, y que el Tratado 'externaliza' a tribunales de arbitraje, lo que pone en un difícil situación a la tutela judicial efectiva que establece la Constitución.

Precisamente, este es el principal asunto que esgrimió el diputado Bustinduy, de Podemos, en sus críticas al CETA: ¿Saben sus señorías que al ratificar este tratado estarán cediendo competencias reguladoras básicas a organismos no elegidos ni fiscalizables, confiriendo derechos extraordinarios a inversores extranjeros, cercenando la capacidad de los poderes públicos para ordenar sectores económicos fundamentales?

Es decir, que lo que se cuestiona no es el comercio, sino la creación de un sistema de tribunales de inversiones (los órganos en los que se dirimen los litigios) que escapan del control de los ciudadanos. Además de la puesta en marcha de comités mixtos de regulación con potestad normativa y vinculante al margen de los poderes públicos, como asegura Bustinduy.

Por el momento, el Consejo de Estado ha dado luz verde al acuerdo con Canadá, pero aún hay otra batalla que resolver. Algunos vocales del Poder Judicial quieren que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncie, pero la mayoría conservadora no está por la labor. Al final, es muy probable que el asunto lo dirima el Tribunal Constitucional, como ha sucedido en otros países.

El nuevo PSOE no ha sabido razonarlo, y eso explica que torpemente se haya presentado a buena parte de la opinión pública como un partido que se opone al libre comercio. Probablemente, porque ha querido capturar deprisa y corriendo otra bandera -además de la plurinacionalidad- a Podemos, pero sin advertir que el CETA poco tiene que ver con el TTIP. Y lo más importante, que Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, como ayer recordó con acierto el comisario Moscovici, no tiene nada que ver con Trump.