El juego de los tramposos: ¿quién sabía más de la cuenta sobre el Banco Popular?

El pasado 31 de mayo, la agencia Reuters distribuyó entre sus clientes una nota fechada en Bruselas en la que advertía que Elke König, la presidenta de la Junta Única de Resolución (SRB, por sus siglas en inglés), había lanzado un aviso preliminar a sus colegas europeos sobre la situación financiera del Banco Popular. La noticia, inicialmente, ni fue ni confirmada ni desmentida, pero tras la publicación del teletipo de Reuters, portavoces de König dijeron que “nunca” habían emitido ese aviso.

La junta, como se sabe, es la responsable del funcionamiento “eficaz y coherente” del Mecanismo Único de Resolución (MUR), como dicen sus estatutos, y, por lo tanto, actúa en coordinación con el Consejo y con la Comisión Europea, por lo que cualquier alerta debe ser comunicada a otras instituciones de la UE.

[Resumen (básico) del la compra del Popular]

Ese día, el 31 de mayo, la acción del Popular cerró en 0,60 euros por título, mientras que el martes, 6 de junio, el valor cerró en 0,31 euros. Es decir, la acción cayó a la mitad entre el desmentido de la junta de resolución y este comunicado en el que el FROB español anuncia la venta al Santander “en ejecución de la decisión adoptada por la autoridad de resolución competente y tras ser declarada inviable por el BCE”.

No hace falta ser un lince para intuir que la nota de Reuters era cierta, y que la liquidación del Popular estaba en marcha. De hecho, el propio FROB admite en su comunicado que pudo llevar a cabo el proceso de venta en la noche del 6 al 7 de junio, “gracias a los trabajos realizados en los días previos”. Es decir, parece que hay una relación causa-efecto entre el hecho de que se acelerara el desplome del Popular en bolsa, la salida de depósitos que llevaron a la entidad a tener problemas de liquidez y los trabajos de la Junta Única de Resolución, que es quien toma la decisión, aunque la ejecute el FROB.

Eso ha hecho posible, entre otras cosas, que el Santander no haya comprado directamente el Popular a sus anteriores accionistas —la opción que manejaban mayoritariamente los mercados— sino que haya necesitado un 'intermediario' (el FROB europeo), que es quien cierra la orden de la venta por un euro. ¿Se salva con esta decisión el Santander de la avalancha de demandas que preparan decenas de bufetes con el Popular?

Responsabilidad patrimonial

O es, simplemente, un trámite administrativo necesario para la venta, pero que no invalida la responsabilidad patrimonial del Santander, que ha convertido al Popular —hasta su disolución— en una filial. Y que, por lo tanto, aseguran letrados especializados en este tipo de asuntos, es el titular de la legitimación pasiva. Es decir, quien debe cumplir las consecuencias jurídicas de una determinada decisión, y que supone que el Santander corre a cargo de todas las contingencias derivadas de la compra. Incluidas las de naturaleza penal.

Como sostiene un veterano abogado especializado en grandes pleitos, los despachos especializados en reclamaciones “dispararán contra todo”. Y en ese todo, engloba las instituciones europeas, que son las que han avalado las cuentas del Popular a través del MUS (Mecanismo Único de Supervisión) y de los diferentes test de estrés que ha superado el Popular; al auditor —PwC—, que en la última memoria no ponía salvedades —informes limpios año tras año— sobre las cuentas de la entidad.

PwC incluyó un párrafo "de énfasis" en el que llamaba la atención sobre los ratios de capital a 31 de diciembre de 2016 respecto de los requerimientos del BCE y del proceso de Revisión y Evaluación Supervisora. Ante ese "énfasis" -jerga de los auditores- los jefes del Popular dijeron que el banco tenía capacidad de generación de capital. "tanto orgánico como inorgánico". Evidentemente, su compromiso no se cumplió.

¿Y qué decir del Banco de España, responsable hasta 2014 de la supervisión y que no vio las necesidades de nuevas provisiones del Popular para cubrir su agujero inmobiliario cuando era él quien inspeccionaba?. O a la propia CNMV, que ha mirado para otro lado mientras los mercados se cebaban con la entidad. De manera muy significativa a lo largo del mes de mayo y primeros días de junio, cuando la venta del Popular parecía ya irreversible.

Y que ayer —con el banco ya liquidado— reveló que había realizado “numerosas actuaciones” al respecto en el ejercicio de sus facultades como autoridad de supervisión del mercado de valores. Algunas de ellas, dice la CNMV, siguen en curso. ¿Debió parar la hemorragia el regulador a la vista de que parece evidente que más de uno sabía que el banco estaba en liquidación? Máxime cuando el vicepresidente de la CNMV forma parte de la Comisión Rectora del FROB, y que debía tener alguna información de lo que estaba pasando.

Pero sobre todo dispararán contra los gestores del Banco Popular de los tiempos de Ángel Ron, pero también de Emilio Saracho, que en última instancia ha querido convencer a muchas accionistas —unos 300.000— de que siguieran en el banco cuando la entidad era inviable, como ha dicho el BCE.

Los mismos accionistas que han tenido que hacer frente a ampliaciones de capital por valor de 5.500 millones en los últimos años y que ahora reclamarán su dinero. La última, en mayo de 2016 —2.500 millones—, lo que representó nada menos que el 50% de su capitalización bursátil. El propio Banco Popular reconoció a la CNMV mediante hecho relevante, que la ampliación se justificaba por el hecho de que la comisión de auditoría interna, al igual que auditores externos, reveló la existencia de errores significativos en las cuentas que sirvieron de base para realizar la mencionada ampliación de capital.

Como sostiene el letrado de un gran despacho internacional, la jurisprudencia sobre responsabilidad patrimonial de los administradores por información inveraz es abundante. El problema es que el patrimonio de los gestores es limitado respecto de la cuantía de las demandas, por lo que en última instancia —por la vía civil— se pedirá que sea el comprador —el Santander— quien asuma las consecuencias de las reclamaciones. Cosa distinta es lo que suceda si los accionistas y bonistas que han perdido todo acuden a la vía penal contra los anteriores gestores.

Aunque no será tan fácil por la vía civil. De hecho, es significativo que el Banco Popular —que continuará siendo una entidad jurídica— se quede como una filial del Santander, que ha renunciado a absorberlo, lo que, en principio, le evita ser demandado directamente, ya que el Popular seguirá existiendo jurídicamente, y contra él irán las reclamaciones judiciales en un mercado en expansión. Un viejo ardid jurídico que ya utilizó Unicaja cuando adquirió Ceiis. Y que ahora le sirve al Santander para evitar la contaminación directa en su balance.