El 'caballo de Troya' que ha dejado el TC en el sistema eléctrico con su última sentencia

Por una cuestión de competencias. Varios expertos del sector eléctrico creen que la última sentencia del Tribunal Constitucional relativa al Decreto de Autoconsumo en España puede haber metido un 'caballo de Troya' en el sistema. El alto tribunal estima dos reclamaciones que había elevado la Generalitat de Cataluña en un recurso de inconstitucionalidad. El TC anula el veto que existía sobre el autoconsumo compartido. Por otro lado, señala que el registro y control sobre los autoconsumidores corresponde a las comunidades autónomas y no a la Dirección General de Política Energética, órgano del Ministerio de Energía dependiente del Estado central. El TC entiende que varios artículos "invaden competencias de la Generalitat".

El abogado Daniel Pérez, experto en el sector energético, señala que esto abre un horizonte muy interesante dentro del consumo energético, ya que ahora habrá que ver hasta dónde puede desarrollarse este autoconsumo colectivo. "En España, estamos muy acostumbrados a un esquema energético unidireccional, en el que existen unos grandes generadores, un transportador de energía y un comercializador que distribuyen, por lo que el consumidor individual se limita a pagar una factura". En la práctica, este abogado señala que "el Tribunal Constitucional facilita el camino para que se desarrolle la generación distribuida en lugar de centralizada, lo que puede dejar en fuera de juego a varios de los actores protagonistas del sistema eléctrico vigente".

La Generalitat de Cataluña le ha restado poder al Gobierno central en materia de autoconsumo gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional

Por otro lado, la sentencia pone en manos de las CCAA el registro de autoconsumidores, que hasta ahora el decreto señalaba que era competencia del Estado. En esta cuestión, Luis Pérez de Ayala, socio del despacho de abogados Cuatrecasas y experto en el sector energético, señala que "a partir de ahora, y a la espera de ver si se dicta una nueva normativa, cada región va a disponer de cierto margen para aplicar esta competencia de diferente manera, lo que en la práctica puede dificultar el control, dada la falta de homogeneidad que se introduce". Según explica Pérez de Ayala, no es la primera vez que en el sector energético se produce una situación así: "El control de las autorizaciones de los parques de generación renovable corresponde a las comunidades y cada una aplica la normativa de forma particular".

La cuestión del registro no es baladí. Es lo que permitía hasta ahora al Ejecutivo cobrar el peaje de respaldo, conocido popularmente como 'impuesto al sol', el gravamen que ha levantado en pie de guerra a todo el sector fotovoltaico por considerarlo injusto. Para que los autoconsumidores no escapen a este control, las sanciones previstas pueden ascender hasta los 60 millones de euros, un importe similar al que se impone a una central nuclear por una fuga de residuos radiactivos. Pérez de Ayala advierte de que el hecho de que la competencia pase a las CCAA no significa que no tengan que cumplir la ley, sin embargo, ahora cada una va a poder decidir cómo controla a cada autoconsumidor. Pese a las altas sanciones previstas, varios expertos consultados admiten que el grado de autoconsumo sin declarar es muy elevado.

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Preguntado por esta sentencia, el Gobierno señala que "se puede retomar". El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, sostiene que tiene sentido tener un registro a efectos de gestión de la red. Navia abre la puerta a trabajar con las CCAA para poder hacer este registro.

¿Por qué esto amenaza al sistema eléctrico?

España funciona bajo un esquema eléctrico muy centralizado. Si el autoconsumo se extendiera de forma masiva, muchos de los actuales protagonistas quedarían al margen. Por ello, los grupos más proclives al autoconsumo acusan tanto al Gobierno como a las grandes eléctricas de ser los más interesados en limitar esta práctica.

¿Por qué? No tanto por el famoso peaje de respaldo y los ingresos que pueda proporcionar (a finales de 2016, no se había recaudado ni un euro), sino porque si se extiende el autoconsumo, bajaría la demanda eléctrica, lo que se traduciría en una bajada de ingresos para toda la cadena actual (generadores, transportadores y distribuidores). Esto, a su vez, menoscabaría la recaudación impositiva de la Administración. Cabe destacar que bajaría la demanda en un país donde existe una alta sobrecapacidad en el sistema. Hay más de 100.000 megavatios instalados en España, cuando la demanda máxima no llega a los 40.000 MW. Si se extiende el autoconsumo, bajarían más la demanda y los ingresos de las compañías.

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Si merma el negocio de las empresas, se recaudaría menos, lo que dificultaría cuadrar el déficit tarifario al Gobierno, un elemento que ha traído de cabeza al ministerio en los últimos años.

La sentencia del TC ha sido celebrada por la Generalitat de Cataluña, que tiene un grupo de autoconsumo para intentar desarrollar esta práctica con subvenciones, por ejemplo, a las baterías de almacenamiento que permiten consumir por la noche, cuando no operan las placas fotovoltaicas. Además, el Decreto de Autoconsumo de 2015 también está siendo cuestionado desde Bruselas. La Comisión Europea cree que varios puntos son contrarios al derecho comunitario. Se queja de las trabas administrativas establecidas, algo que Energía señala que está tratando de mejorar en un grupo conjunto que ha establecido con Ciudadanos. En un reciente informe de recomendaciones sobre el modelo energético para España a largo plazo, Deloitte subraya que " la generación distribuida y el autoconsumo pueden tener un papel muy relevante, para lo cual será necesario que se permita el libre acceso y sin penalizaciones a esta forma de producción de energía".