La entrada masiva de renovables desplaza al resto y augura un conflicto para el Gobierno

Los seis gigawatios de potencia instalada renovable que tendrá España antes de 2020 ampliará un problema de dimensiones millonarias y fuera de foco en la opinión pública: la sobrecapacidad del sistema de generación eléctrica. España cuenta con muchas más fuentes de generación eléctrica de lo que demanda la sociedad. Esta cuestión que habrá de enfrentar el Gobierno tarde o temprano, puede desembocar en cierres de centrales, subidas de impuestos o más recargos en la factura de la luz.

Ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy acaba de adjudicar 3.000MW de energía renovable a los que se añadirán otros 3.000MW antes de verano anunciados por el propio Rajoy este jueves. El compromiso de tener un 20% de la generación eléctrica procedente de fuentes verdes comprometidos con Bruselas obliga al Ejecutivo a añadir potencia renovable al sistema. El problema es que España arrastra del pasado importantes inversiones en otro tipo de tecnologías que ahora infrautiliza por no existir demanda suficiente.

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España tiene autopistas energéticas por las que no pasa casi nadie. Pero igual que ahora tiene encima de la mesa un agujero por la sobreestimación que hizo con las radiales y otras infraestructuras, tendrá que hacer frente a las centrales de generación a través de combustibles fósiles cada vez más en desuso. El sistema eléctrico, por su diseño, obliga a que se priorice el uso de renovables antes que las demás por el menor coste de generación. Esto provoca a medida que vayan entrando más fuentes renovables a producir, la curva que casa oferta y demanda dejará menos lugar para el resto de industrias. La producción diaria con renovables supera la mayoría de días el 40% del total, según datos de REE.

La sobrecapacidad del sistema a día de hoy no tiene forma de compensarse por la parte de la demanda. Esta se encuentra estable alrededor de los 260.000GWh anuales desde hace varios años y los expertos no vislumbran un aumento sustancial en el futuro.

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Con este panorama, el Gobierno está obligado a tomar decisiones de calado sobre el futuro energético del país, algo que se podrá ver en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ya se está debatiendo con la sociedad civil en el Congreso de los Diputados.

Los expertos apuntan directamente hacia las centrales térmicas de carbón. El compromiso contra el cambio climático las pone en el punto de mira. Se trata de la fuente de generación que más emisiones de CO2 produce, por lo que sólo fuertes inversiones de desnitrificación podrían salvarlas de su desaparición. Sin embargo, no parece que el Ejecutivo esté por la labor de cerrarlas. Según explicaba esta misma semana el presidente de Enagás, Antonio Llardén, la presencia de carbón en el mix de generación eléctrica en 2010 fue del 8% mientras que en 2015 escaló hasta el 20%. Por otro lado, el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, afeó en el Senado a Enel su intención de cerrar las centrales térmicas de Endesa en Teruel y León.

El Gobierno debe decidir en qué medida se enfrenta a grandes empresas energéticas o al contribuyente para dejar paso a la energía renovable que viene

Por otro lado están los ciclos combinados, las centrales que usan gas para producir electricidad. La planificación energética de la década pasada pasaba por un importante abastecimiento a través de gas. Sin embargo, a día de hoy estas centrales funcionan de media por debajo del 10% de su capacidad. Una cantidad que podría incluso disminuir a medida que las renovables cobre peso.

No obstante, la secretaria general de Sedigas, Marta Margarit, argumenta que dentro de la nueva ley que se tramita para el cambio climático, el gas cuenta con el apoyo del Ejecutivo. El propio secretario de Estado, Daniel Navia, destacó públicamente esta misma semana la presencia del gas como complemento energético en el compromiso para el cambio climático. Sedigás pone encima de la mesa su valor como fuente de respaldo menos contaminante que otras para los momentos en que no operan otras tecnologías.

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Por último, está el peso específico que tiene en el sistema eléctrico la energía nuclear. Con Garoña en el punto de mira, el Ejecutivo empieza a ponerse de perfil para que sean las dueñas de las centrales quien decidan sobre su futuro. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señaló públicamente que el negocio nuclear en España da pérdidas y aboga por el cierre de Garoña, una posición contraria a la de Endesa, con quien comparte la propiedad. Endesa, por su parte, tiene más exposición nuclear en España que Iberdrola. El presidente del Foro Nuclear argumenta que su cierre sería un varapalo para la economía del país.

De esta manera, el Gobierno de Rajoy se enfrenta a los intereses de industrias influyentes como son el carbón, el gas y la nuclear, las cuales cobran vía factura de la luz una serie de peajes por su disponibilidad y capacidad (aunque no se usen) como respaldo del sistema eléctrico. Si el Gobierno decide mantener la sobrecapacidad como hasta ahora (que además seguirá creciendo por la penetración de renovables), habrá que ver con cargo a qué, si a la factura de la luz, a nuevos impuestos o se tira incluso de los presupuestos. En definitiva, el Gobierno debe decidir en qué medida se enfrenta a las grandes empresas energéticas, al contribuyente, o al consumidor para dejar paso a la energía renovable que viene.