Chivatos, traidores y una 'acampada' en la CNMC: así se desmonta un cártel en España

Cuando José María Marín Quemada tomó posesión como presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el directivo se marcó un objetivo prioritario durante su mandato: acabar con los cárteles. La fijación de precios, el reparto del mercado o las pujas fraudulentas son solo el mascarón de proa de una práctica que mueve millones de euros a nivel europeo cada año. Solo en los últimos tres años, el regulador ha impuesto cerca de 1.000 millones en multas en España.

Detectar la existencia de un cártel no es tarea menor, de ahí que los chivatazos –o traiciones, según se vea– son fundamentales para las investigaciones. El Programa de Clemencia, una suerte de confesionario donde las empresas expían sus pecados a cambio de no ser multadas, es una de las herramientas clave para actuar. Aunque el regulador también puede actuar de oficio, lo cierto es que lo más eficaz es un chivatazo con pruebas incluidas.

En España, este programa fue puesto en marcha en 2007, siendo el último país europeo en incorporarlo. ¿Cómo funciona? Las empresas participantes en un cártel pueden acercarse a la CNMC o bien enviar una solicitud en la que alerten de la existencia de la conducta ilícita y aporten pruebas. A cambio, el regulador les exime de la multa. Generalmente, una vez que una empresa habla, el resto van detrás para beneficiarse de reducciones en la cuantía de sus futuras multas.

El Programa de Clemencia es un confesionario donde las empresas expían sus pecados a cambio de no ser multadas, es una herramienta clave

A este respecto, los vecinos de la calle Alcalá –donde se sitúa la CNMC y antes la CNC– todavía recuerdan cuando hace años varias empresas hicieron cola en la puerta principal –incluso pasando allí la noche– para alertar de un cártel. Y es que solo el primero que 'canta' se salva de unas multas que tienen muchos ceros.

En este punto cabe recordar el cártel de los geles de 2010, el primero en el que intermedió el programa de clemencia. Las compañías Henkel y Sara Lee levantaron la liebre el mismo día, pero Henkel fue más rápida y por tanto la única que se libró de la multa. No siempre ocurre, pero ha pasado que varias empresas pertenecientes al mismo cártel hayan destapado el chiringuito el mismo día.

Una vez que se pone en marcha el procedimiento, la CNMC actúa como un tribunal. Por un lado, existe una dirección de instrucción que investiga el caso y después la sanción corre a cuenta del consejo. En total, el regulador cuenta con 18 meses para tramitar todo el proceso. Si no cumple los plazos, la instrucción caduca.

Cada vez que alguien pone en alerta a la CNMC, el regulador tiene la obligación de analizar todas las denuncias… incluso las más extravagantes. Algunos en la CNMC recuerdan la ocasión en la que un hombre les pidió que quitasen los “carteles electorales” que había pegados por todo su pueblo. Si algo le pesa a los responsables de Competencia, es el desconocimiento que muchas veces hay en torno a su trabajo.

Otras veces, pocas, el chivatazo se produce en la otra dirección. Es lo que pasó cuando una empresa que iba a ser inspeccionada por el regulador fue alertada de la visita de estos particulares 'hombres de negro'. Al llegar, la casa no estaba limpia, sino limpísima.

Detectar la existencia de un cártel no es tarea menor, de ahí que los chivatazos –o traiciones, según se vea– son clave para las investigaciones

Dentro del arsenal de la CNMC, los inspectores no solo pueden señalar a las empresas infractoras, sino también a directivos implicados. Una opción que Competencia utilizó por primera vez en su historia en mayo del año pasado, en el llamado cártel de los pañales.

La posibilidad de sancionar a los jefes no es algo nuevo, pero las presiones están ahí. Porque una cosa es multar a una empresa y otra poner nombres y apellidos. Cuando esto ocurre, los teléfonos del regulador comienzan a sonar. Incluso, algún directivo se ha llegado a plantar en la sede o ha enviado “emails incendiarios” para pedir explicaciones.

En esta lucha contra los cárteles, la CNMC está centrando sus esfuerzos en las contrataciones públicas al tiempo que está formando a sus funcionarios en la materia. El año pasado, el regulador impuso multas por valor de 227 millones de euros de las que el 96% correspondieron a cárteles (218 millones de euros).

España, a la cola con la directiva de daños

Uno de los cambios más relevantes en la lucha contra las prácticas anticompetitivas pasa por la transposición de la directiva europea de daños. “Esta normativa busca que cualquier persona afectada por un cártel, en cualquier nivel de la cadena, pueda reclamar por daños”, explica Paul Hitchings, socio de Cuatrecasas. España ya tenía que haberla traspuesto, pero todavía no lo ha hecho.

Para este abogado, una de las claves de la directiva es la exhibición de la prueba. Una herramienta que facilita el acceso a las mismas y, por ende, acelera todo el proceso para determinar los daños. Ahí entra en juego la prueba económica, la cual servirá para cuantificar el importe de los daños derivados de las prácticas anticompetitivivas.

Respecto al articulado de la directiva, Hitchings destaca el artículo 17: “Se asume, salvo prueba contraria, que el cártel ha tenido un efecto en el mercado”. Además, cuando la CNMC o un tribunal considere que ha quedado probada la existencia de un daño, se considerará como prueba irrebatible.