La única autonomía en positivo

El País Vasco tendrá un superávit de casi 1.000 millones por la liquidación del cupo

El Ministerio de Hacienda y el Gobierno del País Vasco firman la "paz fiscal" con la actualización del cupo y la liquidación de todos los ejercicios desde 2007

Foto: Reunión de la comisión mixta del Concierto Económico presidida por Montoro y Azpiazu. (EFE)
Reunión de la comisión mixta del Concierto Económico presidida por Montoro y Azpiazu. (EFE)

El Ministerio de Hacienda y el Gobierno del País Vasco han firmado este miércoles el acuerdo definitivo para actualizar el cupo y liquidar todos los ejercicios desde el año 2007 que no se habían revisado todavía. Las dos administraciones han acordado que el Estado devuelva 1.400 millones de euros a Euskadi, de los que 1.248 millones corresponden a la liquidación del cupo desde 2007 y 152 millones, al coste de las políticas activas de empleo pendientes de liquidar desde 2011. Aunque el pago no se realizará de forma íntegra este año (se irá repartiendo, para evitar que la Administración central tenga que asumir tal esfuerzo), sí que impactará sobre el déficit de este ejercicio en términos de contabilidad nacional.

Eso significa que Euskadi contará con una transferencia a su favor de 1.400 millones de euros, esto es, equivalente al 2% de su PIB, lo que hará que la comunidad cierre este ejercicio en superávit, según ha podido saber El Confidencial. Será la autonomía con mejor posición financiera y, probablemente, la única que termine el año con unas cuentas positivas. En 2016, la región cerró con un déficit de 489 millones de euros, equivalente al 0,71% de su PIB. Si este año cumple con las exigencias de la regla de gasto, que impide a las administraciones elevar el gasto por encima del crecimiento potencial de la economía, la comunidad debería cerrar con un superávit próximo a los 1.000 millones de euros.

La transferencia del Estado al País Vasco se contabiliza este año en el cómputo del déficit, pero el pago se realizará con descuentos en el cupo (la transferencia anual que hace el País Vasco al Estado) a lo largo de los próximos cinco años. En concreto, este año se abonará un 10% de la factura, y el porcentaje irá incrementándose en cinco puntos porcentuales cada año hasta pagar en 2021 el último 30% restante.

Sin embargo, la Administración central tendrá que contabilizar todo este pago dentro del déficit de este ejercicio 2017, lo que significa que su déficit se incrementará en 1.400 millones de euros. Este cálculo no afecta al déficit que mide Bruselas para el conjunto del España, ya que supone un ajuste dentro del país, pero sí tendrá su influencia a la hora de conocer si cada una de las administraciones cumple con sus compromisos. El objetivo fijado para la Administración central este año es muy ambicioso, ya que tendrá que bajar su desfase presupuestario hasta el 1,1% del PIB, desde el 2,52% de 2016. Esto exige un esfuerzo próximo a los 15.000 millones de euros para el Estado, lo que hace que sea prácticamente imposible que pueda alcanzarlo.

La paz fiscal

La reunión entre los altos responsables del Ministerio de Hacienda y del Gobierno vasco ha servido para escenificar la buena relación entre el Partido Popular y el PNV en esta legislatura. "Es una tarde satisfactoria, de normalización institucional entre las dos haciendas", ha destacado el ministro Cristóbal Montoro, quien ha resaltado que este acuerdo muestra "el buen entendimiento de fondo". Para Pedro Azpiazu, consejero de Hacienda y Economía del País Vasco, las dos administraciones han conseguido "restablecer la normalidad en las relaciones", lo que ha servido para "avanzar hacia la paz fiscal".

El Gobierno vasco ha conseguido una buena parte de sus peticiones iniciales, por lo que la balanza se ha decantado claramente a su favor. En concreto, el acuerdo incluye rebajar la aportación anual de las provincias vascas al Estado de los 1.500 millones actuales hasta 945 millones de euros para este ejercicio (una vez descontadas las partidas de las políticas activas de empleo). El Ejecutivo vasco demandó en un primer momento que su aportación se rebajara hasta una horquilla entre 850 y 900 millones de euros, y finalmente su aportación se limitará a 945 millones.

Es una tarde satisfactoria, de normalización institucional entre las dos haciendas

Mucho más ha cedido Hacienda, que en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado contabilizó el cupo en 1.200 millones de euros a su favor, una cuantía que se verá reducida en más de 250 millones. El cálculo base del cupo para este quinquenio parte de 1.300 millones (que tiene que transferir el País Vasco a la Administración central), pero las liquidaciones de otras partidas, como las políticas activas de empleo o el cupo de los años anteriores, rebajarán el cómputo total, como en este caso, que termina en 945 millones. En esta liquidación del presupuesto desde 2007 hasta 2016, el Ejecutivo vasco estimaba que el Estado le adeudaba 1.600 millones de euros y la transferencia definitiva será de 1.400 millones, una cantidad próxima.

Pero la comisión mixta ha alcanzado otros siete acuerdos importantes este miércoles que ahondan en la buena sintonía entre los dos gobiernos. Entre ellos, se encuentra la compensación de los impuestos al alcohol, bebidas derivadas y productos intermedios, hidrocarburos y tabaco. Estos tributos, que recauda la Agencia Tributaria a nivel estatal y por los que tiene que compensar al País Vasco, se cierran con un pago de 87 millones de euros a favor de la autonomía. Además, se ha acordado la participación del País Vasco en las ayudas del Fondo Social Europeo para la modificación de la Ley Orgánica de Educación. Este fondo financiará el 50% de los gastos de la autonomía. También se ha calculado la valoración del coste de las políticas activas de empleo y formación profesional traspasadas a la región para este ejercicio y que alcanza los 344 millones de euros.

¿Qué es el cupo?

El cupo es la transferencia anual que hace el País Vasco al Estado para pagar las competencias no transferidas o los servicios que recibe financiados por la Administración central. Así, el cupo sirve para financiar una parte correspondiente del gasto en defensa, representación internacional, los intereses de la deuda, prisiones, Seguridad Social, etc. La base del cálculo se actualiza quinquenalmente, aunque la última revisión se realizó en 2007. Desde entonces, como el PNV no era necesario para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, no se había hecho.

Esta actualización del cupo ha caído como una losa en la comisión de expertos que está analizando la reforma de la financiación autonómica. Algunos de los expertos consideran que el Gobierno ha 'roto la baraja' con un acuerdo muy favorable para Euskadi, lo que impedirá que el resto de regiones estén financiadas igual. Uno de los expertos, Carlos Monasterio, representante de Asturias, presentó el viernes su dimision, y el ambiente en la comisión se ha enrarecido. Montoro ha restado importancia a esta desavenencia, ya que la comisión de expertos no tiene el encargo de revisar las haciendas forales, sino que tiene que ceñirse a las comunidades del régimen común. "Para llegar a este acuerdo, no les teníamos que preguntar", ha remarcado el ministro, quien ha informado que ha "hablado con el Gobierno asturiano y están estudiando reemplazar al experto".

Sin embargo, Montoro no ha podido garantizar que la reforma de la financiación autonómica consiga igualar los recursos que recibe cada ciudadano de España después de este acuerdo con el País Vasco. "Esa es la aspiración final, pero hasta ahora no lo hemos conseguido", ha reconocido el ministro.
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