Hasta cuándo puede la Seguridad Social costear la tarifa plana de los autónomos

El Partido Popular y Ciudadanos llegaron a un acuerdo el viernes para prorrogar durante un año la tarifa plana a los autónomos de la que se han beneficiado ya más de un millón de trabajadores. Una buena noticia para los nuevos autónomos, pero no tanto para la Seguridad Social a la que supone prolongar el gran agujero de sus cuentas. Esta política de empleo se financia con reducciones en la cotización, lo que significa que su coste lo soporta la 'caja única'. Y seguirá haciéndolo si finalmente el Congreso ratifica el acuerdo alcanzado por las dos formaciones.

Con esta medida, los autónomos disfrutan de una cotización fija de 50 euros mensuales a la Seguridad Social durante el primer año de afiliación y también las mujeres que se incorporan después de la maternidad. Una ayuda que, al margen de su eficacia (que muchos estudios han puesto en duda), se trata de una política activa de empleo, por lo que muchos partidos políticos y los sindicatos consideran que debería financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En los años de restricciones presupuestarias, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se utilizó para financiar estas políticas, pero ahora la 'hucha de las pensiones' casi se ha vaciado, por lo que es el momento de pensar si tiene que seguir soportando este coste.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, propuso en la inauguración de la Comisión del Pacto de Toledo transformar todas las reducciones en bonificaciones. De este modo, se financiarían con cargo a los Presupuestos y no mermarían los ingresos de la Seguridad Social. Según las estimaciones del Ministerio, las distintas reducciones (no solo la tarifa plana de los autónomos) costaron en torno a 2.000 millones de euros en 2016, lo que supuso ahondar en su déficit.​

Báñez lanzó esta propuesta en noviembre, pero en los Presupuestos que ha elaborado el Gobierno apenas se incluyen conversiones de reducciones en bonificaciones, lo que significa que la Seguridad Social seguirá soportando una buena parte de estos 2.000 millones de coste por menores ingresos. En concreto, los PGE solo recogen un partida de 233 millones de euros para financiar una parte de las contrataciones adscritas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esta medida estaba aprobada desde diciembre, ya que se incluyó en el Real Decreto-Ley 6/2016, pero en gran medida se va a incumplir, ya que la cuantía no será suficiente para soportar todas las contrataciones realizadas con este Plan.

Los PGE solo recogen un partida de 233 millones de euros para financiar una parte de las contrataciones adscritas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil

“Los Presupuestos se saltan ese Decreto de diciembre, porque la partida destinada a convertir reducciones es muy baja”, lamenta Mercé Perea, portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo. En la misma dirección apunta el portavoz de Unidos Podemos, Alberto Montero: “Lo que han planteado en los Presupuestos es insuficiente”.

Fuentes de financiación

El déficit de los Fondos de la Seguridad Social alcanzó los 18.000 millones de euros en 2016, el 1,62% del PIB, y el objetivo para este año es rebajarlo hasta el 1,4%, esto es, en torno a 16.250 millones de euros. Un gran agujero que obliga a reformar el sistema para hacerlo sostenible. Una de las opciones que propuso el Ministerio de Empleo era precisamente convertir las reducciones en bonificaciones para así elevar los ingresos en unos 2.000 millones de euros, pero los PGE no recogen más que esos 233 millones.

En el punto actual, el Gobierno prefiere esperar a conocer cuáles son las recomendaciones del Pacto de Toledo para contar con el mayor consenso posible (también de la patronal y los sindicatos). Por este motivo, las reducciones seguirán financiándose con cargo a cotizaciones y seguirán pesando sobre el déficit de la Seguridad Social de año. El Ministerio de Hacienda ha habilitado un préstamo de la Administración Central de 10.192 millones de euros para financiar una parte de este abultado déficit y así seguir pagando las pensiones hasta que se apruebe la reforma que tiene que garantizar la sostenibilidad del sistema.

Las negociaciones en la Comisión del Pacto de Toledo se iniciaron la semana pasada y la opinión de los responsables de los principales partidos es que, pese a las diferencias ideológicas, es posible alcanzar un acuerdo. Precisamente en el punto de las reducciones hay un consenso mayoritario en que son políticas activas de empleo y se tienen que financiar con cargo a los Presupuestos. Esto significaría convertirlas en bonificaciones y que se pagasen con impuestos. Sin embargo, las negociaciones no han hecho más que empezar, por lo que cualquier medida al respecto no es inminente. En resumen, será la Seguridad Social quien pague la cuenta de la tarifa plana un año más.

Es necesario favorecer la mejora de la contributividad de los autónomos sin que esto afecte a la competitividad

Uno de los puntos importantes de la reforma será precisamente la cotización de los autónomos. El Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) es uno de los causantes del déficit del sistema, ya que lo que aportan los trabajadores es inferior a lo que perciben cuando se jubilan. El Ministerio de Empleo está estudiando medidas para que los autónomos coticen más pero sin que afecte a aquellos que menos ingresos tienen. Una opción que está sobre la mesa es acercar el nivel de cotización a las ganancias reales de estos trabajadores.

Báñez apuntó en el Pacto de Toledo que "es necesario favorecer la mejora de la contributividad de los autónomos sin que esto afecte a la competitividad". Lo más probable es que las cotizaciones de los autónomos se modifiquen en el futuro. Esto no significa eliminar las tarifas planas, ya que el objetivo es que aporten más aquellos que tienen unos beneficios mayores.