Empleo crea una tarjeta 'inteligente' para evitar el fraude en las prestaciones sociales

La tarjeta social -impulsada a raíz de la última Conferencia de Presidentes- está en marcha. Aunque todavía está en fase de propuestas de las comunidades autónomas, cuando esté plenamente operativa -el 1 de enero de 2018-, revolucionará el modo de controlar las prestaciones sociales y asegurar que el dinero público se distribuye de forma correcta. No en vano, nada menos que 14,2 millones de personas reciben hoy alguna prestación económica de carácter público.

En síntesis, supone distribuir entre todos los ciudadanos residentes -de manera física o virtual- una tarjeta que tendrá toda la información relativa a las prestaciones de carácter público que reciba su titular. Es decir, desempleo, ayudas a familiares, pensiones o cualquier otra prestación que entreguen las distintas administraciones públicas. Incluso, servirá para saber si una familia tiene derecho a beneficiarse del bono social eléctrico en función de su nivel de rentas.

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Carlos Sánchez

La tarjeta, de carácter universal, estará conectada al Registro General de Prestaciones, un instrumento de control de las ayudas públicas que depende del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y cuya eficacia es hoy muy limitada. El Registro de Prestaciones Sociales Públicas fue creado en 1994 por el último Gobierno socialista de Felipe González, y tenía como objetivo la inscripción de las prestaciones sociales de contenido económico, destinadas a personas y familias, con cargo a recursos de carácter público.

Lo que pretende ahora el Gobierno es que, en lugar de actualizarse una vez al año, como sucede en estos momentos, se actualice en tiempo real, facilitando tanto el control de las prestaciones como la información para el beneficiario. La intención del Ministerio de Empleo es que, con el tiempo, también se aplique a las ONGs y a las llamadas entidades del tercer sector, que son aquellas que no tienen ánimo de lucro.

La tarjera dará acceso a una clave, y servirá, por ejemplo, como documento acreditativo para beneficiarse de subvenciones o, incluso, rebajas en establecimientos comerciales. Si una gasolinera, por ejemplo, lanza una campaña para rebajar el precio del combustible a los parados, el beneficiario de la tarjeta podría acreditarlo con sólo presentar el documento.

La idea del Gobierno es distribuir la tarjeta física entre quienes tengan más dificultades con las nuevas tecnologías, mientras que el resto de españoles podría operar a través de su teléfono móvil, lo que permitiría acceder al registro general.

Control de prestaciones

La intención del Ejecutivo es, igualmente, tener un control más estricto de las prestaciones públicas para evitar fraudes y duplicidades. Por ejemplo, en la percepción de las rentas de inserción que hoy conceden todas las comunidades autónomas, de ahí que la participación de éstas sea esencial. El Ejecutivo está convencido de que en muchos casos hay solapamientos y disfunciones que hoy están fuera del control público. Algo que explica que el Gobierno haya implicado a sindicatos y empresarios en la puesta en marcha de la tarjeta social en el marco del diálogo social.

En la actualidad, existen 637.573 beneficiarios de una renta mínima de inserción que abonan las comunidades autónomas para evitar o minimizar la exclusión social. La prestación media pagada se sitúa en 418,58 euros mensuales, pero con una enorme divergencia en función de la política social (y de los recursos disponibles) de cada comunidad autónoma.

Después de la primera reunión ya celebrada, las regiones harán una primera propuesta en las próximas semanas, con la intención, como se ha dicho, de que la tarjeta social sea una realidad a partir del año que viene. En definitiva, como se sostiene desde el Ministerio de Empleo, se trata de crear un mapa en tiempo real de las prestaciones públicas. En el futuro, incluso, se podría incluir la información sobre las ayudas a la vivienda o a la educación que reciben muchas familias.

Algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, ya ha anunciado que creará una tarjeta social que recogerá el perfil sociolaboral de los beneficiarios de prestaciones y servicios de atención y todas las intervenciones sociales.

Las pensiones son, con diferencia, la rúbrica que recoge mayor número de beneficiarios (9,3 millones), pero hay que tener en cuenta que sólo el 60% son de jubilación (que tienen el carácter de contributivas), y de estas la tercera parte reciben complemento de mínimos, lo que obliga al Estado a aportar determinadas cantidades para alcanzar el umbral que cada año fijan los Presupuestos Generales del Estado.

Las pensiones de viudedad (2,35 millones) son la segunda rúbrica más numerosa dentro de las pensiones del sistema de Seguridad Social, y tras ellas se encuentran las pensiones por incapacidad permanente (936.666) y las de orfandad (339.166).

Las prestaciones por desempleo, igualmente, forman otra gran partida del gasto público en términos de protección social. Pese a que en los últimos años ha caído muy intensamente la cobertura de desempleo (por el agotamiento de la prestación y por la reducción del paro), 2,13 millones de desempleados cobraban una prestación al acabar el año pasado, dos terceras partes de ellas con carácter asistencial, es decir, que se financian vía presupuestos y no con cotizaciones sociales.