CEOE asume que las empresas financien con una tasa el Consejo de Relaciones Laborales

La creación de un Consejo de Relaciones Laborales a nivel estatal -ya existe en algunas comunidades autónomas- está en marcha. Lo singular es que la patronal CEOE pedirá a sus afiliados que corran con los gastos que genere la nueva estructura de participación de los agentes sociales en la vida pública.

La propuesta ha sido acogida con recelo por los sindicatos, que quieren que en el nuevo organismo esté presente también el Gobierno central para asegurar la financiación y no depender exclusivamente de las aportaciones de las empresas. “Quien paga manda”, sostiene con ironía Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CCOO.

CEOE, por el contrario, según fuentes autorizadas, considera que la mejor manera de garantizar una financiación estable es que el presupuesto corra a cargo de las empresas. Entre otras cosas, porque los centros de trabajo son el lugar donde se desarrollan las relaciones laborales y, por lo tanto, el nuevo organismo debe contar con autonomía respecto de los poderes públicos.

En los últimos años, se han negociado en España entre 4.000 y 6.000 convenios colectivos, que han llegado a dar cobertura a 12 M de asalariados

La cuantía de la aportación está aún por determinar, pero lo que sí está claro es que sólo estarían concernidas aquellas empresas acogidas a un convenio colectivo independientemente de su ámbito: nacional, sectorial o de comunidad autónoma.

Los sindicatos sospechan que la oferta de la patronal esconde un interés por ‘privatizar’ la negociación colectiva, ya que las empresas tendrían un incentivo para no alcanzar acuerdos con los representantes de los trabajadores para no tener que financiar el Consejo con sus propios recursos.

En los últimos años, se han negociado en España entre 4.000 y 6.000 convenios colectivos, que han llegado a dar cobertura en algún momento a casi 12 millones de asalariados (2008). Desde la Gran Recesión, sin embargo, el número de convenios ha bajado, lo que tiene que ver, en parte, con la progresiva individualización de las relaciones laborales a partir de los nuevos sistemas de organización del trabajo.

Los sindicatos sospechan que la oferta esconde un interés por ‘privatizar’ la negociación colectiva

En el fondo lo que hay es un debate -ya histórico- sobre cómo financiar la negociación colectiva, que sale exclusivamente de los recursos de las empresas y de los afiliados a los sindicatos, aunque los beneficiarios sean todos los trabajadores, independientemente de si están afiliados o no. Por el contrario, en muchos países europeos todos los trabajadores amparados por convenio tienen que pagar una cantidad por los costes de la negociación colectiva. Es decir, si quieren beneficiarse de un incremento salarial o de una mejora de las condiciones laborales negociados con los recursos de los sindicatos, deben estar afiliados.

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Ya en los años 80 Antón Saracibar, por entonces secretario de Organización de UGT, llegó a plantear la necesidad de que mirar hacia el centro y norte de Europa para encontrar la respuesta a los problemas de financiación de los sindicatos con el fin de evitar que no dependieran tanto de los recursos públicos.

Cumplir la Constitución

No sucede en España debido, entre otras cosas, a que no existe una ley que desarrollo el artículo 7 de la Constitución, que reconoce a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

De ahí que desde hace mucho tiempo vengan reclamando una normativa específica que regule la financiación de los sindicatos y empresarios. Es decir, una ley para hacer más transparente la actual financiación, compartimentada hasta el extremo de que es prácticamente imposible consolidar todos los recursos de los que disponen las centrales sindicales y las organizaciones patronales, y que se destinan a asesoramiento jurídico en procesos de reestructuración empresarial o a pactar la negociación colectiva, con el consiguiente gasto en abogados o estudios económicos que ello conlleva.

Las negociaciones sobre la creación del Consejo están avanzadas en el marco del diálogo social, y lo que se pretende es crear una nueva estructura que integre organismo como el SIMA -Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje- o la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, además de otras entidades hoy dispersas, y cuyo funcionamiento es muy poco eficiente. En definitiva, se trata de crear una nueva estructura de carácter estable que sirva como herramienta para engrasar la negociación colectiva y abordar la problemática de las relaciones laborales desde un ámbito global y no sectorial.

El presidente de CEOE, Juan Rosell, suele quejarse de que, por no haber, no hay siquiera un registro homogéneo para saber cuántos empleados públicos existen en la Administración, como tampoco se conoce con seguridad la evolución de los salarios. El registro actual, por ejemplo, no recoge aquellos casos en que una empresa decide bajar el salario a sus trabajadores por razones económicas, lo que lisa y llanamente hace que la información que se ofrece actualmente tenga escaso valor real.

Aunque el proyecto está sobre la mesa desde al menos el año 2004, lo cierto es que sólo en 2011, con Valeriano Gómez como ministro de Trabajo, se legisló al respecto. Pero desde entonces, y tras disolverse el parlamento, nada se ha hecho. Aquel real decreto daba carta de naturaleza al Consejo de Relaciones Laborales y de Negociación Colectiva como órgano colegiado de asesoramiento y consulta de carácter tripartito y paritario.

El registro actual, por ejemplo, no recoge aquellos casos en que una empresa decide bajar el salario a sus trabajadores por razones económicas

En el Consejo se integraría el Observatorio de la Negociación Colectiva. Entre sus funciones también estaba conocer anualmente el programa de actuación en materia de relaciones laborales a desarrollar por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es decir, un Consejo con competencias relevantes y no sólo de carácter formal.

Entre sus misiones también estaba fomentar la negociación colectiva en todos sus niveles, impulsar una adecuada estructura de los convenios colectivos y propiciar la constitución de comisiones negociadoras en sectores con dificultades especiales, así como la creación de comisiones paritarias.

Por último, se pretendía la realización y el mantenimiento de un Mapa de la Negociación Colectiva, que reflejara de forma “sistemática, ordenada y detallada” la totalidad de convenios colectivos existentes en España, con la finalidad de obtener información útil y actualizada, de acceso público, sobre su vigencia y efectos.