Bruselas enseña el camino al Gobierno para garantizar los empleos de los estibadores

“No podemos garantizar los empleos de los estibadores por ley porque la Unión Europea no lo permite”. El ministro de Fomento no se cansa de repetir que España no puede blindar los puestos de trabajo en los puertos por imposición de Bruselas, una tesis hoy puesta en tela de juicio. Este periódico se ha puesto en contacto con las instituciones europeas para corroborar la versión de Íñigo de la Serna, puesto que no se trata de un tema menor. Aquí está la causa de que Gobierno, sindicatos y patronal no se pongan de acuerdo para sacar adelante la reforma.

La sede española de la Comisión Europea evita aclararlo y se limita a pasar la pelota al tejado de Fomento. “La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) no deja lugar a dudas: hay que liberalizar el sector. Estamos dispuestos a asesorar en lo que haga falta, pero es el Gobierno el que debe buscar una solución compatible” con la legislación comunitaria. ¿Y qué dice esa legislación? En caso de que una concesión caduque y/o se produzca un cambio de operador en una terminal, las autoridades portuarias -dependientes de Puertos del Estado en el caso de España- tienen potestad para exigir a las empresas entrantes que subroguen a los trabajadores actuales en las mismas condiciones. De otra manera, esos empleados quedarían en el limbo.

Así lo refleja el artículo 9.3 del reglamento 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios. “En tal caso, se concederá al personal previamente contratado por el operador saliente los mismos derechos que habría tenido si se hubiese producido un traspaso de empresa”, añade el texto. Esta cláusula no es de aplicación obligatoria, pero deja ver que el Gobierno puede mantener -si quiere- los empleos actuales a través de las autoridades portuarias, explica Isabel Martínez, asociada senior del despacho Olleros Abogados y experta en derecho de la Unión Europea y de la Competencia.

"El reglamento europeo no impide que los países garanticen empleos. Es más, los gobiernos deberán mantener un buen nivel de protección social"

Eso sí, en España no hablamos de operadores al uso. Las empresas estibadoras hoy están obligadas a contratar a los trabajadores de las sociedades anónimas de gestión portuaria (SAGEP) y participar en su capital, alimentando así un sistema monopolístico que va en contra de la libertad de contratación. La sentencia del TJUE emitida en 2014 insta al Gobierno a reformarlo cuanto antes, bajo amenaza de multa millonaria. No queda otra que cumplir con el veredicto, no sin antes pulir aspectos laborales que traen de cabeza tanto a patronal como a sindicatos.

Los representantes de los trabajadores sólo darán su brazo a torcer cuando el Gobierno garantice por ley -y no sólo vía convenio colectivo con las empresas- que los empleos actuales no corren peligro. Pero ni lo uno, ni lo otro... Las compañías no se comprometen a nada mientras no pacten primero las nuevas condiciones económicas -con recorte de pluses incluido-, y Fomento insiste en que Bruselas jamás aceptará ese blindaje por ley.

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“El reglamento europeo de servicios portuarios no impide que los Estados miembros garanticen el empleo de los estibadores”, explican fuentes europeas. Es más, instan a los países a “mantener un nivel adecuado de protección social” en los puertos, como recuerda la propia normativa en el apartado 35. No obstante, la experta en derecho comunitario matiza que el Gobierno no puede obligar a las empresas a contratar a un mínimo de estibadores porque esto va en contra de la libertad de establecimiento.

El Confidencial se ha puesto en contacto con Fomento para comentar las cláusulas del reglamento europeo, pero aún no ha recibido respuesta.

Las ayudas públicas, en entredicho

La Unión Europea puede poner pegas a la garantía de empleo si ésta se articula a través de subvenciones. “Si las ayudas públicas concedidas por un Estado miembro distorsionan o amenazan la libre competencia favoreciendo a determinadas empresas, serán consideradas como incompatibles con el mercado interno”, zanjan fuentes comunitarias. En todo caso, España deberá notificar a la Comisión Europea sus planes de financiar las prejubilaciones voluntarias de los estibadores con hasta el 70% del salario bruto por todos los conceptos. Y nadie garantiza que la CE vaya a dar luz verde.

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Lo que sí hace Bruselas es presionar al Ejecutivo para que acelere los trámites. De hecho, el presidente del Gobierno ha pedido al Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que tenga listo el nuevo decreto ley para cumplir la sentencia que obliga a liberalizar la estiba con el fin de aprobarlo antes de Semana Santa. El texto ha estado a punto de ir al Consejo de Ministros del próximo viernes, pese a que la reunión estará centrada en la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, pero al final no figura en el orden del día de la comisión de secretarios y subsecretarios convocada para hoy.

Según fuentes gubernamentales, la orden de Rajoy, que se verá finalmente plasmada en la reunión del Gobierno del viernes siguiente, obedece a la necesidad de mantener la defensa de los intereses y la imagen de España en el ámbito de la UE. La multa puede caer en cualquier momento y con el nuevo decreto se cumplirá con la sentencia, aunque el trámite final quede pendiente de convalidación por el Congreso.

El Ejecutivo ha retrasado una semana la decisión porque la Cámara no podrá de todas formas dar su visto bueno al decreto hasta finales de abril. En medios de La Moncloa insisten en que conviene “reponer el acatamiento a la legalidad europea” cuanto antes y destacan el dato de que los representantes de las empresas y los sindicatos del sector negociaban a fondo cuando estaban pendientes de la convalidación, pero una vez derogado el decreto se lo han tomado con mucha calma. Esta tarde volverán a sentarse en la mesa.