Moncloa lo tiene claro

Rajoy pone en vía lenta la reforma de las pensiones hasta que el PSOE tenga líder

Hasta que el grupo socialista no tenga dirigente, no habrá reformas de pensiones. En paralelo, las negociaciones con sindicatos y empresarios están muy avanzadas

Foto: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez. (EFE)

La reforma de las pensiones tendrá que esperar. El Gobierno ha asumido que mientras el PSOE no resuelva su liderazgo -presumiblemente durante la segunda quincena de junio- no hay nada que hacer. Entre otras cosas, porque la voluntad de Moncloa es contar con un amplio respaldo parlamentario, y en buena medida eso dependerá de quién será el nuevo secretario general socialista.

Así debe interpretarse la lentitud con la que están avanzando los trabajos en la comisión del Pacto de Toledo. Es seguro que el ciclo de comparecencias de expertos acabará en los primeros días de abril con la presencia en el Congreso del secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, y a partir de ahí se creará una Ponencia que debe sugerir las recomendaciones. Es decir, difícilmente los trabajos estén listos antes del cónclave socialista.

Todos los grupos, salvo el PP, quieren revertir el sistema de revalorización de las pensiones para que vuelva a ser el IPC quien dicte cuánto deben subir

El Gobierno podría optar por construir una mayoría parlamentaria frágil con los votos de Ciudadanos, PNV y los diputados canarios (176 diputados), pero esta vía hoy por hoy se considera altamente improbable habida cuenta de la relevancia social del sistema de pensiones. Ni siquiera aunque las reformas vayan avaladas por los agentes sociales. Sobre todo, cuando uno de los asuntos más peliagudos es el sistema de revalorización de las pensiones que todos los grupos, salvo el PP, quieren revertir para que vuelva a ser el IPC quien dicte cuánto deben subir las pensiones. Un problema al que, según Carlos Bravo, responsable de protección social de CCOO, tarde o temprano tendrá que enfrentarse el Gobierno a medida que el IPC vaya perjudicandoo la renta disponible de los pensionistas.

El secretario confederal de protección social y políticas públicas de CCOO, Carlos Bravo. (EFE)
El secretario confederal de protección social y políticas públicas de CCOO, Carlos Bravo. (EFE)

Es verdad que, en paralelo, sindicatos, empresarios y Gobierno están avanzando en la mesa del diálogo social sobre pensiones. Se trata, incluso, de una de las mesas que van más adelantadas, pero hoy por hoy no parece que se vayan a tomar medidas unilaterales en aras de lograr un amplio acuerdo parlamentario.

En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, de hecho, el Gobierno no va incluir ninguna reforma pese a que la Seguridad Social haya acabado el año pasado con un déficit equivalente a 16.000 millones de euros (el 1,7% del PIB) y el próximo año el desequilibrio será de unos 15.000 millones (14% del PIB).

En esa mesa se está discutiendo atacar los problemas de la Seguridad Social desde el lado de los ingresos, no de los gastos, y lo que hoy está sobre el tapete es elevar tanto las bases máximas de cotización como las mínimas, lo cual tendría unos efectos inmediatos sobre la recaudación. En el primer caso, destopando parcialmente la cuantía de la cotización y en el segundo, aprovechando el efecto arrastre que ha tenido sobre los sueldos la subida del salario mínimo interprofesional en un 8%. Al menos, de forma transitoria y hasta que la Seguridad Social equilibre sus cuentas.

Cómo recaudar sin que afecte al empleo

En línea con el objetivo de aumentar los ingresos del sistema público de protección social, también se trabaja con la idea de que parte de los fondos que hoy se dirigen a las políticas activas de empleo (cursos de formación), unos 3.000 millones de euros, se destinen a la Seguridad Social, mientras que otros 2.300 millones saldrían de los costes de gestión que hoy no se pagan con impuestos, sino con cotizaciones sociales. No se trata de reducir el dinero que hoy se destina a formación, sino que se financie con tributos vía transferencias del Estado.

El excedente de las cuotas por accidentes de trabajo (alrededor de medio punto del PIB) también podría colaborar en el restablecimiento de la salud financiera de la Seguridad Social. Todo ello, junto a la conversión de reducciones de cuota (tarifas planas) en bonificaciones -cerca de 2.000 millones de euros-, lo que permitiría financiar con impuestos ese gasto que hoy se cubre con cotizaciones, lo que penaliza el empleo.

No se trata de reducir el dinero que hoy se destina a formación, sino que se financie con tributos vía transferencias del Estado

El Gobierno, igualmente, está altamente interesado en que la reforma de las pensiones se adentre en uno de los problemas de la Seguridad Social recurrentemente silenciados, y que tiene que ver con la existencia de regímenes de cotización con elevados déficits. En particular, el régimen agrario (unos 5.000 millones de euros), pero también de trabajadores del mar y el de autónomos.

Según las estimaciones de la propia Seguridad Social, tan solo las reducciones de cotización —por ejemplo, en el caso de la integración del régimen general de trabajadores agrarios en el régimen general— tienen un coste de unos 1.000 millones de euros que ahora hay que financiar con cotizaciones, lo que explica —solo en parte— el abultado déficit de la Seguridad Social.

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