Pulso entre Guindos y Báñez por ver quién paga la extra de verano de los pensionistas

Lo dice con sinceridad un alto funcionario del Gobierno: “Al final, tendrá que tomarse una decisión política para ver qué se hace”. Es decir, será Moncloa, el presidente del Gobierno, quien tenga la última palabra. Se refiere a cómo financiar unos 6.000 millones de euros que necesita la Seguridad Social para abonar la paga extra del mes de junio.

Hay dos vías: emitir deuda pública, como pretenden los gestores del sistema público de protección social, o tirar de lo que queda del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es lo que pretende el ministro de Economía, Luis de Guindos, según fuentes autorizadas.

El problema ha surgido porque la ley que regula las disposiciones periódicas del Fondo de Reserva deja bien claro que el Gobierno no podrá sacar cada año más del 3% de la cuantía disponible. Por lo tanto, apenas 477 millones de los 15.915 millones que quedan todavía en la 'hucha' de las pensiones.

Como esa cantidad es muy insuficiente —cada paga extra supone para la Seguridad Social un desembolso de entre 9.000 y 10.000 millones—, el Consejo de Ministros debe aprobar un real decreto para eliminar ese tope. Y hoy por hoy no está en condiciones de asegurar que logrará una mayoría suficiente para convalidar la norma, como ha sucedido en el caso de los estibadores.

Todos los partidos de la oposición —no basta el apoyo de Ciudadanos— han reclamado que no se siga sacando dinero del Fondo de Reserva, y que sea el Tesoro Público —aprovechando los bajos tipos de interés reales— quien emita deuda para financiar las pensiones en unos momentos especialmente difíciles para la Seguridad Social, que habrá acabado el año pasado con un déficit situado entre el 1,6-1,7% del PIB (el ajuste en términos de contabilidad nacional se conocerá en los próximos días).

Tampoco los agentes sociales (sindicatos y empresarios) están a favor de continuar tirando del Fondo de Reserva, que, en todo caso, quedará prácticamente agotado en 2017. Este punto es especialmente delicado para la ministra Fátima Báñez, que tiene abiertas desde hace semanas diversas mesas de negociación con UGT, CCOO y CEOE-Cepyme, y es consciente de que si de forma unilateral, y sin consenso con los agentes sociales, decide agotar el Fondo de Reserva, las posibilidades de acuerdos en materia de empleo son bastante más difíciles.

No hay que olvidar, igualmente, que el Ministerio de Empleo pretende descargar la presión financiera que hoy sufre la Seguridad Social pagando con impuestos determinadas prestaciones (orfandad, viudedad o reducciones de cotización), y para eso también es preferible el acuerdo con quienes pagan las cotizaciones, además de otras fuerzas parlamentarias.

Pensiones y Pacto de Toledo

“No levantar ese tope ayudaría a generar acuerdos”, se dice en el Ministerio de Empleo. Sobre todo, teniendo en cuenta que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo sigue avanzando sus trabajos (todavía en fase de comparecencias), pero cuando acaben empezarán las negociaciones con sindicatos y patronal.

Los casi 16.000 millones que aún quedan en la hucha apenas alcanzan para abonar las dos pagas extraordinarias, lo que da idea del problema que tiene por delante la Seguridad Social. Aunque la recaudación, según fuentes solventes, ha crecido de forma relevante en los dos primeros meses del año, todavía es insuficiente para equilibrar las cuentas del sistema público de protección social, que continuará generando fuertes desequilibrios al menos hasta los primeros años de la próxima década, como ha puesto de relieve recientemente la Autoridad Fiscal Independiente (Airef).

Hay una tercera posibilidad que tiene el Gobierno para enfrentarse al dilema de financiar las pensiones con deuda o con el Fondo de Reserva en 2017, y no es otra que hacer como otros años e incluir en la Ley de Presupuestos de 2017 una disposición adicional levantando el tope del 3%, lo que evitaría tener que acudir a la vía del decreto ley.

El problema, en este caso, es que tampoco el Ejecutivo —que aprobará el proyecto de ley el próximo 31 de marzo— tiene asegurado que el texto salga adelante. 'A priori' —aunque no hay por el momento ninguna seguridad— cuenta con los 175 votos necesarios para evitar que no triunfen las enmiendas de totalidad que con toda seguridad presentarán la mayoría de los grupos parlamentarios, pero le falta un voto (posiblemente el del diputado canario que concurrió a las elecciones junto al PSOE) para aprobar el texto final, que requiere 176 votos.